Hasta en los lugares más desolados se puede hallar una agencia de fianzas. Foto: www.thecrimereport.org.

De la redacción

En estados Unidos el sistema de fianzas para los acusados de cometer un delito crea un sistema de justicia dual: uno para pobres y otro para ricos. Si un acusado no puede pagar su fianza le quedan dos opciones: ir a la cárcel mientras espera su juicio, o buscar un fiador que pague el dinero de dicha fianza, por una tarifa adicional. Esta industria de las fianzas gana todos los años 2 mil millones dólares, mayoritariamente a costa de los pobres, principalmente negros y latinos que se hallan en desventaja en el sistema de justicia criminal estadunidense.

En un día cualquiera 400 mil personas de hecho inocentes se encuentran en las cárceles de Estados Unidos. Muchas de las veces “porque carecen de los medios financieros para pagar la fianza” y salir en libertad condicional mientras esperan su juicio.

Un factor de peso en esta ecuación es la inequidad y la injusticia del sistema de Fianzas en Estados Unidos, que opera en función de la raza y la etnicidad, muestra un estudio de la revista digital sobre la justicia criminal, The Appeal.

En pensilvania por ejemplo, “Nuevos datos revelan las disparidades raciales en la industria de las fianzas monetarias”. A pesar de que los negros representan menos del 12 por ciento de esa población adulta, “en un año aproximadamente 40% de todas las fianzas se emitieron en casos que involucraban a un acusado de la raza negra”, dejando una ganancia de miles de millones de dólares en honorarios, “obtenida de forma desproporcionada a costa de las personas de color”.

Un caso emblemático que cita la revista es el de Byron Bright y Edward Jarvis, dos hombres negros que fueron detenidos por la policía estatal de Pensilvania, por una supuesta falta de tránsito. Jarvis fue acusado por no permitir al policía registrar su carro.

Según una declaración jurada del oficial y otros documentos judiciales citados por la fuente, tras ser detenidos, los oficiales “solicitaron una unidad K-9 que presuntamente detectó la presencia de una sustancia controlada”.

Pero cuando los investigadores de la K-9 registraron el auto, resulta que “no descubrieron ninguna droga ilícita”. Sin embargo, “sí encontraron más de 3 mil cajas de cigarrillos con estampillas de impuestos de Georgia”. Los hombres fueron acusados de “posesión ilegal de cigarrillos sin sello”. Nadie se le puede esconder al Tío Sam.

Foto: Human Rights Watch.

Al día siguiente un juez fijó una fianza de 50 mil dólares a cada uno. Bright y Jarvis no tuvieron representación legal sino hasta semanas más tarde, por lo que tuvieron una sola opción: “pagar la fianza o permanecer en prisión mientras el caso se abría camino en la corte”. Los hombres pasaron tres días en la cárcel antes de pagar la fianza y de pagarle al agente de fianzas una tarifa de cerca de 2 mil 500 dólares cada uno.

Dos años después, la corte de causas comunes del condado de Cumberland dictaminó que el oficial “realizó una búsqueda ilegal del vehículo de Bright y Jarvis”, por lo que los cargos en su contra fueron desestimados. Sin embargo, tras ser absueltos, contrario a las normas del sistema de fianzas, “los hombres no tenían derecho a un reembolso de su fianza», que supuestamente se devuelve si el acusado (a) no es condenado (a).

«Es un préstamo -que sirvepara pagar la fianza- realmente depredador», dijo a The Appeal Nyssa Taylor, asesora de políticas de justicia penal de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) de Pennsylvania: «Independientemente de lo que suceda con tu caso, todavía le debes la cantidad total a la compañía de fianzas», ironizó.

Tres años más tarde, “en un giro de política que ha provocado un aumento del 23 por ciento en la liberación de los acusados sin fianza y que tampoco han generado ningún cambio detectable en las tasas de reincidencia o en no aparecer en la corte, “en 2018 la oficina del fiscal de distrito de Filadelfia dejó de exigir fianza por ciertos delitos de bajo perfil”. Sin embargo los acusados de delitos en Pensilvania “todavía están a menudo a merced de una industria que los defensores de los derechos civiles describen como explotadora y potencialmente inconstitucional”.

The Appeal recopiló esta información sobre el sistema legal penal de Pennsylvania tras revisar, dice, “más de 18 mil expedientes criminales presentados en Pennsylvania en 2017”, a fin de poder proporcionar “una perspectiva y un contexto que no es discernible tan fácilmente”.

De acuerdo con estos datos, 230 operadores de fianzas generaron más de 359 millones de dólares en fianzas en 2017, obteniendo una ganancia de entre 17 y 53 millones de dólares nada más en honorarios. Pero “la mitad de todos los bonos fueron emitidos sólo por 25 agencias de fianzas».

Aproximadamente el 40% de todas esas fianzas se emitieron en casos que involucraban a un acusado negro. En ese 2017 “más de 140 millones de dólares de esos 359 millones en fianzas se otorgaron a los casos con acusados negros”.

Foto: Southern Poverty Law Center.

Pero ahora las reglas de Pensilvania, para que el monto de las fianzas sea razonablemente asequible, establecen que “los jueces, que son elegidos, tengan en cuenta la capacidad de pago de un acusado al establecer la fianza”. Sin embargo no hay supervisión, sostiene la fuente.

“La disparidad de la fianza en efectivo es un síntoma de mayores disparidades raciales en la actuación policial, los cargos penales, el establecimiento de la fianza y el enjuiciamiento”. Todo porque “Pennsylvania tiene un historial de no supervisar la industria de las fianzas”.

Más bien en 2015 la multimillonaria industria presionó a la legislatura para enmendar las regulaciones estatales. Y la nueva ‘Ley 16’, se presentó como una herramienta para “brindar responsabilidad, profesionalismo y transparencia a la práctica de otorgar una fianza a los que esperan juicio”. Pero lo cierto es que los tres cambios importantes realizados a la ley “fueron ventajosos para la industria que pretendía regular”. Como eliminar el límite o la tarifa máxima que un agente de fianzas puede cobrar. Y elevó el tope a poco más del 5%. “La tarifa típica ahora es de entre el 5 y el 15 por ciento del valor nominal de la fianza, lo que «fácilmente puede igualar miles de dólares».

La ley también hizo más difícil a los tribunales recobrar las fianzas pagadas y permitió a als agencias retenerlas aunque el acusado pierda la audiencia en el tribunal, entre otras cosas.

Foto: Human Rights Watch.

El estudio de The Appeal muestra que “la fianza monetaria puede eliminarse con éxito sin un aumento en el crimen o de personas que no comparezcan ante el tribunal”. Y hace un contraste interesante con otros exitosos esfuerzos de reforma del sistema que han eliminado por completo las fianzas monetarias:

• Washington, D.C. eliminó las fianzas en gran medida en 1992 y los índices de criminalidad han caído precipitadamente.
• Nueva Jersey las eliminó en 2017 y ha experimentado una caída en el encarcelamiento previo al juicio, sin un aumento en el crimen o la no comparecencia ante los tribunales.
• Alaska reformó su sistema de libertad bajo fianza en 2018, y el porcentaje de personas encarceladas en prisión preventiva se redujo a la mitad sin ningún efecto en las comparecencias ante los tribunales.

ACLU de Pensilvania está demandando a varios jueces de la Corte Municipal en Filadelfia por presuntamente violar las reglas estatales. «Esta industria sólo existe porque los jueces no están siguiendo las reglas o la Constitución», dijo a The Appeal Nelson-Major, miembro de la Fundación de Independencia en la ACLU de Pensilvania■