La falta de agua potable sigue afectando a más de un millón de residentes de empobrecidas zonas rurales y urbanas de California, en su mayoría familias latinas y afroamericanas. Un proyecto de ley que habría creado un fondo para remediar el problema del abasto de agua a esas comunidades fue congelado hasta pasadas las elecciones de noviembre. Molestos, residentes del valle de San Joaquín hoy tratan de usar esas misma elecciones para hacerse oír en esto que llaman una crisis de derechos civiles. Desde el condado Kern, en el valle central de California, Rubén Tapia tiene el reporte.
Bienvenida al foro…
En este foro con 12 candidatos para las elecciones de noviembre, organizado por la Fundación Dolores Huerta en el pueblo de Lamont, California, uno de los aspirantes a la mesa directiva que administra el agua es Jesús Alonso.
Alonso tiene 27 años y es un activista comunitario originario de este pequeño poblado latino rodeado de campos agrícolas y pozos petroleros.
“Yo me acuerdo que cuando era chiquito y jugaba con mi hermano podíamos tomar agua de la llave. Hoy no podemos bañarnos por más de 4 minutos sin correr el riesgo de enfermarse”, dice Jesús Alonso.
Preocupado, para buscar soluciones se decidió a buscar este puesto.
“Tengo un hijo que apenas tiene año y medio; por él y los demás que vivimos aquí, que en el futuro tengamos agua limpia. Agua que no tengamos que preocupar porque tiene arsénico, el TSP 123 que podamos tener agua saludable y que no nos cueste tanto”
Olivia Trujillo:
“Con el agua horrenda, yo soy sobreviviente de cáncer. Hace 6 años que perdí a mi mamá, de cáncer”
Trujillo es una funcionaria municipal de Arvin, una pequeña ciudad vecina de Lamont. Considera que sus problemas de salud están relacionados con la falta de agua potable, y le molesta que esto no sea considerado una emergencia, y por eso quiere ser concejal.
“Dice la gente, ‘Yo no tomo el agua’. Pero te bañas con esa agua, los vapores los inhalas y eso es lo que afecta. Sí, yo quiero con pasión arreglar ese asunto lo más pronto posible”
Más al norte, en la ciudad de Visalia, del vecino condado de Tulare, el Centro Comunitario por el Agua está por iniciar una campaña para animar el voto este noviembre, una de las organizadoras es la joven Karina Gallardo:
“Queremos llamar y tocar puertas a unos 10 mil votantes latinos”
Esta campaña cívica es en respuesta a que fueron congeladas dos propuestas legislativas, la SB 844 y 845, que buscaban mediante una alza de impuestos crear un fondo millonario para remediar la crisis de escasez de agua potable que afecta a más de un millón de californianos, mayoritariamente latinos y afroamericanos, dice el veterano organizador Erasto Terán:
“Que la comunidad salga y diga; ¿sabes qué? Tú no sirves para representarme, te voy a quitar. Vamos a poner a alguien que nos escuche o que al menos nos entienda”
En Lamont, el candidato Jesús Alonso, sin recursos económicos pero con el apoyo de una docena de amigos ya sabe cuántos votos le daría el triunfo en noviembre.
“Necesitaría, 600 votos pero yo voy a buscar que salga más gente a votar”
También en Arvin, y con la ayuda de voluntarios, Olivia Trujillo afirma que si la eligen, luchar por agua potable será una de sus prioridades.
“Si hay que hacer una marcha hasta Sacramento como se hizo en los 60, pues hay que hacerlo”
Así, mediante la promoción del voto, voto de castigo o aspirando a puestos públicos, activistas y residentes del valle central de California están movilizados para solucionar lo que muchos consideran es una crisis de sus derechos civiles: el derecho al agua potable.