La semana entrante se reanuda en Tucson, Arizona, el juicio contra la ley estatal que canceló hace cinco años el programa de Estudios México Americanos del distrito escolar de Tucson, que prohíbe la enseñanza de cientos de libros de autores como Sandra Cisneros e Isabel Allende. Los representantes del estado impulsaron la ley aduciendo que los estudios méxicoamericanos promovían ilegalmente la subversión y el resentimiento racial, todo lo cual es denunciado hoy nada más como un plan inconstitucional con intenciones discriminatorias. Valeria Fernández conversó con dos profesionistas graduadas del programa en cuestión.
Imelda Cortez regresa al salón de clases de Pueblo High School donde hace una década estuvo sentada como alumna.
“Me enamoré, me enamoré con la educación; hay una diferencia en nada más ir a la escuela. Tener una educación con amor y compasión y una educación que se refleje a mí”, dijo.
Ahora como maestra de literatura en inglés, Cortez espera compartir con sus estudiantes lo que aprendió cuando tenía 16 años en un programa de estudios mexicoamericanos conocido como MAS, que capturó su imaginación y la llenó de orgullo.
“Por fin alguien estaba hablando sobre mexicanos. No eran los romanos o los griegos, o los italianos; o cosas que en realidad no me interesaban. Le dio valor a las experiencias que yo ya tenía y eso ninguna de mis otras clases, ni ninguno de mis otros maestros me lo dio”
Se escucha sonido ambiente…
En el 2011, los estudiantes sentados en círculo, escuchan a la profesora de literatura Norma González
Sonido ambiente: Civil disobedience…
Les habla de la desobediencia civil y cómo ha sido utilizada históricamente.
Un año después, el programa de más de 15 años fue cancelado por el entonces Superintendente de Educación de Arizona, John Huppenthal. Afirmó que violaba la ley estatal; HB 2281, legislación entonces recién aprobada y promovida por superintendente previo, Tom Horne, quien prohíbe que un curso promueva derrocar el gobierno estadunidense, el resentimiento contra una raza, o que fomente la solidaridad étnica y que sea diseñado para un grupo de estudiantes en particular. Pero sus críticos, que entablaron una demanda federal, opinan diferente.
“Fue motivada por razones raciales y debe ser eliminada completamente”, dice Richard Martínez.
Martínez es el abogado que encabeza la demanda. Afirma que la ley fue creada con un objetivo racista y señala particularmente al ex superintendente Horne:
“Tom Horne nunca ha sido tímido en decir que pasó esta ley para deshacerse del programa de estudios mexicoamericanos del distrito unificado de Tucson”, agrega.
La oposición a estas clases inició hace más de 7 años, cuando la legendaria sindicalista Dolores Huerta durante una visita al Distrito Escolar comentó que “los republicanos odiaban a los latinos”. En respuesta el entonces superintendente, Tom Horne envió a una maestra y su mano derecha, Margaret García-Dugan, a dar una presentación durante la cual varios estudiantes salieron en protesta. Horne atribuyó esto al programa de estudios mexicoamericanos. Poco tiempo después impulso personalmente la creación de la ley.
Ni Horne ni Huppenthal, que son testigos en el juicio respondieron a solicitudes de entrevista. Tampoco los abogados defensores.
Anita Fernández, una vocera de los ex profesores del programa dijo que el éxito de los estudiantes latinos inquietó a los políticos republicanos, que no querían ver un progreso educativo o laboral.
“Están viendo los resultados de los exámenes de tercer grado y dicen, ‘tenemos tantos jóvenes chicanos y de color…, vamos a necesitar construir tantas cárceles’. Entonces se genera esta expectativa de que no se espera que los estudiantes tengan éxito”
Un estudio de la Universidad de Arizona en Tucson encontró que los estudiantes del programa eliminado se graduaban en mayores porcentajes. Una de ellas es Cathy Gastelum:
“Creo que soy un ejemplo vivo de cómo el programa de MAS promovió la educación terciaria. En mi primer año de High School no me había ido para nada bien, fracasé en mi clase de inglés”
Gastelum ahora es una estudiante de doctorado en estudios mexicoamericanos. Tanto ella como Imelda Cortez aseguran que el programa les dio confianza sobre sí mismas.
Imelda Cortez, se identifica como gay y latina. Señala que en sus clases incluye autores como Gloria Anzaldúa, cuyos libros fueron eliminados del currículo por la cuestionada ley. Como hija de padres indocumentados espera que sus estudiantes se sientan reflejados en sus clases, como ella una vez lo estuvo.
“Lo que yo aprendí en esas clases es como pelear por ellos, la valentía para poder ir a marchas, para poder pelear por mi propia educación y en la educación en la que de verdad creo, que es de verdad, algo que se relaciona en mí y a ellos también…”, dijo Imelda.
La próxima semana reinicia el juico federal contra la HB 2881, en Tucson. Su futuro podría definirse en los próximos meses con la decisión del juez Wallace Tashima. Vuelvan a instaurarse las clases o no, los defensores de los programas de estudios étnicos aseguran que sentarán un poderoso precedente para la educación de futuras generaciones.
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