De la redacción

La activista hondureña, que recibió el prestigiado premio internacional, Goldman Environmental Prize, Berta Cáceres en una reunión con campesinos indígenas de la comunidad indígena Lenca, su región natal, para crear conciencia sobre la destrucción al planeta, de la industria extractivita. Foto: Union of Concerned Scientists.

         El próximo mes Estados Unidos decidirá si renueva el Estatus de Protección Temporal (TPS) para casi 60 mil hondureños, y algunas organizaciones defensoras de los inmigrantes estiman que existen grandes posibilidades para que la administración Trump decida no renovar dicha protección. Esto hace suponer que “potencialmente serán enviados de vuelta a un país que apenas conocen”, y que los líderes del gobierno y los ciudadanos de ese país centroamericano temen que la medida pueda empeorar los problemas económicos y de inseguridad física y alimentaria, e incluso incitar a algunos inmigrantes a regresar ilegalmente a Estados Unidos”: The Miami Herald.

Estados Unidos otorgó el Estatus especial de Protección Temporal o TPS a los hondureños en 1999 después del huracán Mitch. Esto “les permitió permanecer en este país sin temor a la deportación”, permitiéndoles además trabajar y pagar impuestos. Y debido a las condiciones físicas y materiales en su país de origen, con una guerra civil y desastres naturales, los salvadoreños han renovado el TPS 13 veces desde entonces, dice el periódico Miami Herald en su edición en inglés.

Dado que en 12 días, es decir el próximo 6 de noviembre y a sólo dos meses de la fecha de vencimiento del TPS, el 5 de enero la administración Trump decidirá sobre el futuro de los hondureños que viven en Estados Unidos.

La organización nacional de defensa y gestoría de asuntos relacionados con los inmigrantes, America’s Voice advierte en un comunicado que la administración de Trump ha dicho que puede revocar el TPS para algunos países, “afectando a hasta 300 mil personas de Centro América. O sea, en los próximos 12 días podría decidir el futuro de 59 mil nicaragüenses y hondureños; en menos de un mes, de 50 mil haitianos; y en 75 días, de 195 mil salvadoreños acogidos todos al TPS.

Por su parte el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández ha pedido a la administración Trump que “continúe con el TPS para los hondureños ‘honestos’ y ‘trabajadores’ en Estados Unidos”. Y se espera que la administración Trump tome una decisión acerca del TPS para Honduras a principios de noviembre, 60 días de su fecha de vencimiento el próximo 5 de enero.

Una decisión favorable a la permanencia del TPS se mira cuesta arriba, pues podría ser complicado para Trump; por las promesas de campaña que hizo a su base electoral ultraderechista y antinmigrante, “aunque en junio pasado el gobierno federal se comprometió a apoyar el desarrollo de las naciones centroamericanas, durante una conferencia de dos días en Miami”, dice el Herald. Allí, el presidente hondureño aprovecharía la ocasión para presionar por el TPS, reuniéndose durante su visita con líderes hondureños de todo Estados Unidos.

Es de todos sabido que Honduras no está preparada para recibir a tantos connacionales, afirman funcionarios y ciudadanos de ese país, según la fuente. “La falta de oportunidades podría incluso llevar a algunos a regresar a Estados Unidos ilegalmente. “La economía hondureña está dominada por la agricultura y el ministro de Agricultura hondureño, Jacobo Paz declaró que a pesar de los programas gubernamentales para mejorar las prácticas agrícolas y proporcionar capacitación a miles de hondureños que regresan, se excederá las capacidades del país”.

Por otro lado la fuete agrega que “Honduras está plagada de corrupción y su tambaleante democracia aún se está recuperando de un golpe en 2009 que derrocó al presidente electo Manuel Zelaya, en medio de una crisis constitucional”. El derrocamiento militar –insiste- fue bendecido por la Corte Suprema del país, deteniendo el lento progreso democrático de Honduras”.
Vale recordar que el gobierno de Estados Unidos estuvo presuntamente involucrado en dicho Golpe de Estado, o que por lo menos no intervino para que se restituyera el orden constitucional en aquel país, un pretexto que por lo general usa para intervenir en los asuntos internos del extranjero. Incluidas las persecuciones y eventuales asesinatos de líderes sociales comunitarios, como la líder ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo del año pasado en su propia casa, por citar sólo un ejemplo.

“La afluencia de decenas de miles de personas que quizás no hayan visto su tierra natal en años, además de las 40 mil personas que anualmente repatria Estados Unidos a Honduras pondría fuertes presiones en un sistema que ya está luchando para alimentar a su gente, crear empleos, impulsar crecimiento económico y detener la violencia de las pandillas y las drogas. Más del 60 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza”, sostiene el Miami Herald.

Esto, a pesar de que reconociendo la necesidad de capacitación agrícola para crear más empleo, “el gobierno hondureño ha lanzado una serie de programas que incluyen un centro de capacitación agrícola en Comayagua”, centro del país, “donde especialistas en riego de Israel capacitan a los hondureños en mejores formas de cultivar la tierra”, agrega la fuente.

America’s Voice concluye que además Honduras depende de las remesas de sus connacionales en Estados Unidos, muchos de ellos parte de la diáspora en el extranjero protegida por el TPS, “que envían unos cuatro mil millones de dólares anuales, o casi el 20 por ciento del presupuesto nacional de aquel país”. Y deportarlos ería como condenar a muerte a un país entero■