Trabajador del censo. Foto: U.S. Census Bureau
De la redacción
Una coalición a nivel federal, liderada por la fiscalía estatal de Nueva York, que incluye a 26 Fiscales Generales, que incluye a 15 estados de la nación, el Distrito de Columbia, tres condados, seis ciudades y la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, expresa firmemente su oposición al intento del Estado de Alabama “de avanzar con su agenda discriminatoria y de inclinar el poder en el Congreso y en el Colegio Electoral, al negarse a contar a cada individuo en el Censo decenal de 2020”, dice un despacho de la Fiscalía General Nueva York.
En el caso ‘Alabama vs el Departamento de Comercio de EE UU’, esta agencia federal y la Oficina del Censo de Estados Unidos fueron nombrados como acusados en la disputa legal. El Estado de Nueva York decidió entonces intervenir como defensor, para garantizar que dicho caso, ventilado en el Tribunal del Distrito Norte de Alabama, se presente adecuadamente a fin de que cada residente en Estados Unidos, independientemente de su situación migratoria sea contado de forma correcta en el censo decenal de 2020.
Porque «Ningún individuo deja de ser una persona sólo porque carece de documentación», dijo en un comunicado de prensa Letitia James, la Fiscal General de Nueva York. Y agregó que «La Constitución de Estados Unidos es muy clara al indicar que cada persona que reside en este país en el momento del censo decenal, independientemente de su estado legal, debe ser contada; y no importa lo que diga el presidente Trump o el Estado de Alabama, ese hecho nunca cambiará”.
La decisión de intervenir en este caso y asumir el papel de defensor obedece a que “los valores consagrados en la Constitución de Estados Unidos merecen algo mejor que una defensa poco entusiasta e inadecuada” sostuvo James en el comunicado. “Continuaremos liderando esta lucha porque, a pesar de los anteriores y recientes intentos racistas y xenófobos de la administración Trump para inclinar la balanza de poder en la nación, y del esfuerzo de Alabama por continuar por ese camino, nunca dejaremos de luchar para garantizar que cada persona cuente».
La fiscalía de NY señala que en mayo de 2018 el estado de Alabama y uno de sus congresistas presentaron una demanda contra la antigua política de la Oficina del Censo estadunidense, «para incluir a todas las personas y entre ellos a los que habían aparecido como no ciudadanos de la nación en el censo decenal anterior».
Como es sabido, el recuento del censo se usa para distribuir miles de millones de dólares en fondos federales, “y para determinar la cantidad de congresistas que cada Estado tiene en la Cámara de Representantes; esto es algo que posteriormente determina la cantidad de votos del Colegio Electoral que cada Estado tendrá en una elección presidencial”.
Con todo, a pesar de la objeción de Alabama, «el Artículo I de la Constitución de Estados Unidos, enmendado por la Decimocuarta Enmienda, deja bien claro que la ‘Enumeración real’ del ‘número total de personas’ en cada estado incluye a todos en el país, independientemente de su estatus legal».
Y como señaló un tribunal de distrito de tres jueces al rechazar un desafío similar hace décadas, «el lenguaje de la Constitución no es ambiguo» y «requiere el recuento del número total de personas con fines de distribución». Y aunque los extranjeros indocumentados no representan un componente clave de la población en el momento en que se aprobó la Constitución, «son claramente personas”, sostiene la Fiscalía de Nueva York.
Los cuestionarios del censo. Foto: U.S. Census Bureau.
A pesar de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está defendiendo a la Oficina del Censo y al Departamento de Comercio de la nación en este caso, “recientes declaraciones de altos funcionarios de la administración Trump sugieren que la defensa de la administración federal será inadecuada”.
Y es que el 11 de julio de 2019, “al anunciar que el gobierno federal ya no trataría de agregar la pregunta de la ciudadanía en los formularios del Censo de 2020, el Secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr sugirió que el gobierno federal reconsideraría el tema en el punto clave de la demanda de Alabama: si cuenta o no a los inmigrantes indocumentados”.
Además, en el caso de Alabama, «el Tribunal señaló recientemente que la defensa ofrecida por el Departamento de Justicia de EE UU ha sido poco entusiasta, Y agrega que «permitir esa intervención garantizará que se hagan los mejores argumentos», en apoyo del precedente que datga de un siglo de existencia.
De esta suerte, “la coalición de Estados, Ciudades y Condados que buscan intervenir como defensores en la demanda, ahora defienden el mandato constitucional que requiere que la Oficina del Censo de Estados Unidos cuente a todos los residentes de la nación». Y defiende también «el precedente de un siglo de antigüedad en el conteo de la Oficina del Censo, a todas las personas” en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, «con fines de la distribución”.
Eliminar pues a los inmigrantes indocumentados del censo no sólo daría como resultado “la pérdida de representación en el Congreso para varios Estados con gran cantidad de inmigrantes, sino que también reduciría la representación de ciudades y condados con grandes poblaciones de inmigrantes en las legislaturas estatales”.
Esto también podría dar lugar a reducciones en las cruciales distribuciones de fondos federales, dice el comunicado, “ya que más de 300 programas y miles de millones de dólares están vinculados, al menos en parte, al número de residentes reportados tras el censo”.
El documento de la Fiscalía de Nueva York sostiene que “Es imperativo que los estados, condados y ciudades de la coalición intervengan y defiendan adecuadamente la política actual que incluye a los inmigrantes indocumentados en el conteo del censo para todos los efectos”.
La Fiscal General Lettitia James presentó así la moción para intervenir en este caso con el apoyo de los Fiscales Generales de los estados de California, Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Illinois, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, y Washington.
Adicionalmente, la coalición multiestatal obtuvo el respaldo de las Ciudades de Nueva York (NY); Central Falls (RI); Chicago (IL); Filadelfia (PA); Providence (RI) y Seattle (WA). El comunicado dice además que “Posteriormente, el Condado Monterey de California; los Condados Hidalgo y Cameron de Texas; y la Conferencia Bipartidista de Alcaldes de EEUU se unieron como defensores en esta demanda”■
Trabajador del censo. Foto: U.S. Census Bureau
