Cuando la actual administración federal se prepara para someter próximamente a votación en el Senado la Ley de Ciudadanía Estadunidense, la mayor reforma al sistema de inmigración que ofrece a unos 11 millones de inmigrantes un camino a la ciudadanía, de 8 años de duración, elimina restricciones a la inmigración basada en la familia, y amplía el número de visas de trabajadores, surge un sonoro clamor del empresariado de Estados Unidos. La Cámara de Comercio nacional está llamando al gobierno para que duplique el número de visas H-1B y las ‘tarjetas verdes’ emitidas anualmente basadas en el empleo, y que elimine los límites de visas por país.
De la redacción
El sector empresarial del país, a través de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC) pidió al Congreso que impulse la economía para ayudar con la recuperación tras las pérdidas ocasionadas por la pandemia, allanando el camino hacia el estatus legal de los inmigrantes indocumentados.
La medida forma parte de su campaña Trabajos Estadunidenses / American Works, que busca duplicar el número de visas H-1B y las Green Cards que el gobierno emite anualmente basadas en el empleo, así como también que elimine los límites de visas por país, dice la USCC en su página web.
La gran mayoría de los empresarios no apoya la apertura de fronteras ni la “amnistía” de los 11 millones de inmigrantes que viven sin autorización en Estados Unidos, y sin embargo sí apoya cambios en las leyes de inmigración que no se han actualizado en décadas según el semanario inglés, The Guardian.
La petición del USCC busca facilitar el ingreso e extranjeros, con visas a inmigrantes capacitados o que están dispuestos a realizar tareas que los estadunidenses no quieren hacer. Hay quienes piensan que no quieren hacer estos trabajos porque son mal pagados. Aunque en el caso del trabajo agrícola las razones de peso son también la rudeza de las condiciones laborales, como las que sufren esos millones de inmigrantes indocumentados en los campos de cultivo.
Para muchos empresarios la prioridad en las leyes, como las aprobadas en marzo en la Cámara de Representantes, “regulan la condición jurídica de los jóvenes soñadores que llegaron de niños con sus padres y les permiten trabajar legalmente en el sector agrícola. Personas que han vivido sin autorización en el país durante décadas, y que son consideradas “una parte vital de la economía estadunidense”, señala la fuente.
Según el Departamento de Trabajo, los extranjeros representan alrededor del 17 por ciento de la fuerza laboral del país, y trabajan principalmente en el sector de servicios, recursos naturales, construcción, mantenimiento y transporte, además desde luego en la agricultura.
El Pew Research Center afirma que “aproximadamente 10.5 millones de inmigrantes viven en Estados Unidos sin un permiso legal. Y según el Instituto de Política Fiscal y Económica 7.6 millones trabajan y contribuyen con miles de millones de dólares de impuestos cada año, aunque no reciben beneficios como los ciudadanos estadunidenses, como hemos dicho ya alguna vez en este mismo espacio informativo.
Por su parte, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dijo la semana pasada haber recibido ya más de 300 mil solicitudes para las 85 mil visas H-1B que emite anualmente, lo que da cuenta de la gran demanda de trabajadores extranjeros altamente calificados, o que están dispuestos a realizar los trabajos más duros y peor pagados, sin las protecciones laborales que marca la ley del rubro, para tratar de cubrir la brecha laboral del país.
Con todo, para lograr la reforma de inmigración que intenta someter próximamente al Senado federal la administración Biden y el Partido Demócrata, con una escasa mayoría en ambas cámaras del Congreso, un proyecto que como se recordará fue aprobado en la cámara baja, para que se convierta en ley se necesita el apoyo de al menos 60 de los 100 senadores.
Para tratar de convencer a los republicanos, los empresarios colaboraron con una variedad de personas y organizaciones, como la American Business Immigration Coalition, la Nueva Economía Estadunidense, el Foro Nacional de Inmigración y la Cámara de Comercio de EE. UU. Y también con legisladores demócratas, activistas de inmigración, líderes sindicales y religiosos, presidentes de universidades y hasta jóvenes ‘Soñadores’. Hablan por teléfono con legisladores, participan en foros y conferencias virtuales, envían cartas al Congreso y organizan eventos sobre la importancia de cambiar el sistema migratorio, sostiene la fuente.
Por el momento, las probabilidades para que llegue a buen puerto dicha Ley de Ciudadanía Estadunidense se mira cuesta arriba. Pero para cuando le llegue su turno tal vez habrán cambiado algunas cosas que le allanen el camino■