Kris Kobach, Secretario de Estado de Kansas (izq), y el presidente Donald Trump. Foto: www.images.search.yahoo.com.
De la redacción
El estado de Kansas activó una política que puede traducirse en una ‘cruda supresión de votantes’, pero desató naturalmente una serie de desafíos judiciales encabezados por la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (Aclu), que ha documentado “el caos» forjado por dicha ley estatal.
Kris Kobach, de 51 años de edad y quien se ha desempeñado como Secretario de Estado de Kansas desde 2011, es conocido como un supremacista blanco de línea dura en materia de inmigración, que ha impulsado estrictas normas de votación, por lo que la Aclu lo nombró el «rey de la supresión de votantes», dice hoy The Huffington Post.
Kris Kobach busca ahora la gubernatura de su estado. Ha sido asesor de Donald Trump en temas de fraude electoral y migración, y presidió la difunta Comisión fallida para la Integridad del voto; una comisión de alto nivel formada por Trump que se iba a hacer cargo de encontrar el fraude electoral que presuntamente cometieron más de 5 millones de ‘ilegales’ –léase inmigrantes indocumentados-, que según el presidente votaron fraudulentamente en las elecciones que paradójicamente lo llevaron a ocupar la Casa Blanca, como informamos aquí en su oportunidad.
Kobach acaba de imponer un requisito draconiano en la ley estatal de Kansas, aprobada por su Legislatura republicana, que exige ahora para poder votar en las urnas mostrar un pasaporte, el certificado de nacimiento o documentos de naturalización.
Esta ley trajo ya como consecuencia inmediata que más de 10 mil personas en Kansas se quedaran en “suspenso”, sin completar su registro electoral, luego de una alegre avalancha de 22 mil entusiastas personas que durante un breve periodo en febrero buscaron su registro electoral, “días antes de las asambleas primarias de ese estado… Y nadie parece estar seguro de que todos los ciudadanos elegibles en Kansas podrán votar en las elecciones primarias de agosto para las oficinas estatales, y tampoco en las elecciones generales de noviembre”, sostiene la fuente.
No obstante Aclu ha documentado ya lo que llama el «caos» forjado por la ley estatal, que se opone a la ley federal que permite a las personas registrarse con sólo una licencia de conducir o una identificación estatal, siempre y cuando atestigüen, “bajo amenaza criminal de perjurio”, que son ciudadanos, dice por su parte The New York Times.
Pero el daño causado por esta ley de registro durante la pasada campaña presidencial «ha sido particularmente alarmante al suprimir las voces de miles de jóvenes entusiastas que aspiraban a ser nuevos votantes en Kansas». Se trata de personas de entre 18 y 29 años de edad, que representan más del 58 por ciento de los solicitantes, ahora ‘en suspenso’. Esto conforma “una situación que debería aterrar a cualquier político estadunidense que espera una nueva generación comprometida con la democracia”.
Sin embargo, ha quedado claro que el objetivo de las leyes de supresión de votantes “descaradamente defendidas por los republicanos, es poner trabas a los votantes jóvenes y de las minorías, que tienden a favorecer al Partido Demócrata”.
De acuerdo con el Times, la ley de registro entró en vigencia en 2013, “cuando los legisladores republicanos expresaron advertencias de fraude electoral desenfrenado”, una idea totalmente desacredita en ese estado, que obviamente resultó falsa.
Kris Kobach, quien a pesar del estridente fracaso en su intento por purgar el padrón electoral y suprimir el voto, continúa impulsando esta fallida idea; y presionó a la Legislatura de Kansas en 2017 para que le otorgara autoridad de enjuiciar el fraude electoral.
Como se sabrá tal vez, Kobach presumió que más de 100 fueron los casos potenciales de fraude, de los que “sólo ha obtenido una condena en nueve meses, lo que demuestra la minúscula amenaza que representa el fraude electoral” en ese estado y en general en el país.
“Es vergonzoso para Kansas” afirma el Times, “que el fanatismo político limite los derechos de decenas de miles de ciudadanos”. Y recomienda: “Es mejor que los tribunales actúen para arreglar las cosas y para liberar del ‘suspenso’ a los aspirantes a votantes», a tiempo para las próximas elecciones.
El año pasado, un juez federal dictaminó que “el requisito de prueba de ciudadanía probablemente viola la Ley Nacional de Registro de Votantes”, y ordenó al estado volver a inscribir a miles de electores. El estado ha apelado la decisión. Pero en febrero, un panel asesor de derechos civiles declaró que «la ley puede discriminar a los votantes de color”, concluye el Huffington Post■
