El alcalde de Seattle Ed Murray en conferfencia de prensa. Foto: www.digitaljournal.com

De la Redacción

Surge hoy una nueva demanda contra el inquilino de la Casa Blanca por las amenazas del Procurador General de Justicia, Jeff Sessions, de retirarle fondos federales a las jurisdicciones que reúsen cooperar con los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la persecución, captura y deportación de indocumentados. Esta demanda surge luego del enérgico rechazo que la conferencia de alcaldes, funcionarios de gobiernos locales y estatales, y organizaciones defensoras de los inmigrantes que se manifestaron en este mismo espacio ayer, para hacerle frente a las políticas antinmigrantes del presidente Trump.

La demanda  que el alcalde de la ciudad de Seattle, Ed Murray interpuesta en una Corte de Distrito en Seattle pasa a formar parte de la lista de demandas pendientes contra Trump, que incluye a la de San Francisco, la del condado de Santa Clara, el boicot decretado por Oakland y Berkley en California, así como las demandas de Chelsea y Lawrence, dos ciudades de Massachussets.

También está la demanda del estado de Hawái, el primer estado en demandar a la administración federal por el veto a los viajeros procedentes de seis países con mayoría musulmana, y varias otras demandas que se abren paso silenciosamente en el entramado legal de esta nación.

De acuerdo con el periódico La Opinión de Los Ángeles, el alcalde Murray declaró ayer en una conferencia de prensa que “la orden de Trump para acorralar a las ciudades santuario es inconstitucional”.

Como dijimos ayer, la Orden ejecutiva que firmó esta semana Trump se basa en el estatuto 1373. Se trata de un apartado de la Ley federal de Inmigración que determina que “para recibir fondos federales las jurisdicciones no pueden adoptar normas locales que limiten la comunicación sobre la situación migratoria de los individuos”.

Pero quienes se oponen a este apartado de la ley apelan a la enmienda número 10 de la Constitución política de esta nación, que al calce dice: “Los poderes no delegados a Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los Estados, están reservados a cada Estado respectivamente, o al pueblo”.

Por otro lado ha trascendido que los presupuestos de la federación para las distintas agencia gubernamentales de municipios y estados, están localizados y asegurados por el gobierno en partidas presupuestales anteriores a esta administración federal.

Curiosamente el gobierno federal sí puede recortar fondos a los departamentos de policía de las localidades. Pero nadie quiere siquiera imaginar lo que pasaría a ciudades como Nueva York, Los ángeles o Chicago, por citar sólo algunas metrópolis superpobladas, si le quitan presupuesto a sus policías; si le quitan recursos para combatir el crimen. Sería sensato pensar que se desataría un caos.

Pero los policías son los primeros en rechazar estas políticas del gobierno federal, pues no quieren terminar de perder la precaria confianza que tiene en ellos la población, indocumentada o no, si los gendarmes de la ley y el orden se convierten  en agentes de ICE –prácticamente esto sucedería. Pues es la gente quien les informa sobre actividades criminales y violentas, como robos, asesinatos, accidentes de tránsito y violencia doméstica, más los que guste imaginar.

La comunidad, indocumentada o no, es un valioso recurso para las corporaciones policiales, que no están dispuestos a perder, según han declarado en repetidas ocasiones algunos jefes de la policía.

En la referida conferencia del alcalde Murray, éste señaló también que “Aparentemente la administración Trump y su guerra de información se ha convertido hoy en una guerra contra las ciudades”.

Pero Murray no se quedará con los brazos cruzados, dijo, sino que hará “todo lo posible por proteger a los habitantes de mi ciudad”, que cuenta con unos 150 mil inmigrantes indocumentados totalmente integrados a la población general, dice la fuente.

Seattle espera recibir más de 150 millones de dólares en fondos federales este año, incluidos 2.6 millones de dólares provenientes del Departamento de Estado.

Rodeado de legisladores locales y activistas pro inmigrantes, Ed Murray dijo estar dispuesto a perder «hasta el último centavo” para proteger a los inmigrantes en su ciudad, reporta La Opinión.

“Es momento en que las ciudades alcen la voz y pidan a las cortes que pongan punto final a la ansiedad que viven nuestras comunidades y al caos generado en nuestro sistema político”, concluyó Murray■