Donald Trump y Bill de Blasio confrontados ante las políticas del primero sobre la inmigración. Foto: YouTube.
De la Redación:
Tanto el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, como la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, han comenzado a apelar a la ayuda económica de los filántropos locales, para tratar de reemplazar cualquier fondo federal perdido. Los Ángeles por ejemplo podría perder 500 millones de dólares en fondos federales, de los 9 mil millones de dólares de su presupuesto para sus programas antiterrorismo y para sus centros de salud.
El efecto Trump ha revelado una nueva arista de la problemática que se presenta con la futura administración para los inmigrantes indocumentados. Una creciente lista de ciudades con administraciones demócratas y fuerte presencia de indocumentados ha levantado enérgicamente la voz y advertido que combatirá las políticas antinmigrantes con que el gobierno entrante amenazó, y ha ofrecido asesoría legal gratuita, refugio, y hasta asistencia económica en caso de ser necesario, y ordenado a sus corporaciones policiacas no cooperar con los agentes de Inmigración, ICE.
Trascendido el periodo electoral, aunque hoy inicia el recuento de los votos en Wisconsin tras haberse visto opacado el proceso de votación con la sombra del fraude, el clima de incertidumbre y pesar que ha suscitado la designación de Donald J. Trump como presidente electo de Estados Unidos ha despertado sin embrago la solidaridad social y de muchos gobiernos locales. Por razones de espacio, hablaremos aquí sólo de unos pocos.
El carácter de ciudad Santuario que ha permanecido latente bajo la piel de esta sociedad parece estar despertando de nuevo, aunque no había desaparecido y resurge intermitentemente. Todos recordarán por ejemplo a la inmigrante mexicana Elvira Arellano, quien permaneció refugiada un año a mediados de la década pasada en una iglesia de Chicago. O a la inmigrante hondureña Ángela Navarro, quien también se apertrechó en una iglesia de Filadelfia; o la Iglesia Presbiteriana del Sur de Tucson, que ha dado refugio a más de diez inmigrantes indocumentados, etcétera.
Pero no había sido sino hasta ahora que vuelve a despertar con aparente fuerza dicho Movimiento Santuario, latente como dijimos desde la década de los 80, cuando los conflictos bélicos en Centroamérica, que involucraron la intervención ilegal de Estados Unidos bajo la administración de Ronald Reagan, en aquella región del hemisferio; conflicto que desplazó de su territorio a este país un nutrido flujo de migrantes en busca de refugio, convertidos hoy en parte del tejido social de muchas comunidades.
Hay que decir sin embargo que no existe una definición legal de las ciudades santuario, y que a muchos alcaldes no les gusta la etiqueta; porque que describe, dicen, injustamente las políticas que simplemente impiden que la policía local actúe como agentes de Inmigración.
No obstante, en Los Ángeles, donde por ejemplo casi la mitad de los residentes de la ciudad son latinos, el alcalde Eric Garcetti prometió hacer todo lo posible para combatir las deportaciones generalizadas de los inmigrantes indocumentados, reporta hoy The New York Times.
Y en Nueva York, donde hay asimismo una numerosa población de inmigrantes indocumentados, tras reunirse con Trump el pasado 17 de noviembre el alcalde Bill de Blasio advirtió al mandatario electo que si piensa implementar sus amenazas de campaña contra los indocumentados, no se lo va a permitir; que los va a defender con todos los recursos con que cuenta la ciudad, y que la policía se abstendrá de cooperar con los agentes de ICE. Porque, dijo, “los inmigrantes indocumentados son parte vital del tejido social de esta comunidad… son nuestros vecinos, nuestros hermanos… ¡y los vamos a proteger!”.
Y en Chicago, el alcalde Rahm Emanuel ha declarado también que esa ciudad «siempre será una ciudad santuario».
Entre tanto, en un discurso emitido en días pasados en el legendario auditorio de Cooper Union, en el Bajo Manhattan, de Blasio declaró que frente a un presidente electo republicano dispuesto a trazar líneas duras en la inmigración, la policía y el financiamiento de programas sociales, la respuesta de Nueva York será “un modelo nacional de resistencia”.
Y se comprometió a montar un desafío legal si el gobierno federal trata de crear un registro para los musulmanes en la nación. Prometió proteger a las familias inmigrantes amenazadas de deportación, y disolver la política agresiva de la policía (NYPD), conocida como Stop and Frisk, advirtiendo que nunca volvería a Nueva York.
De esta suerte, a medida que Trump se prepara para asumir el cargo, “los baluartes demócratas, que incluyen entre otros a Boston, Filadelfia y San Francisco, han reafirmado planes para desafiar a la administración y actuar como una especie de frente contra las deportaciones masivas”, sostiene el Times.
«Me gusta comparar esto con el estatus de objetor de conciencia», dijo a la fuente Libby Schaaf, la alcaldesa de Oakland, California. «No vamos a usar nuestros recursos para hacer cumplir lo que creemos que son leyes de inmigración injustas”.
Los partidarios de políticas de inmigración de línea dura, esperan sin embargo una respuesta rápida del gobierno federal para neutralizar dicha resistencia. Por ejemplo, Dan Stein, presidente de la Federación para la Reforma de Inmigración Estadunidense (Federation for American Immigration Reform), declaró al Times que se opone a la legalización de inmigrantes no autorizados; y predijo «un apoyo muy agresivo y sin restricciones para usar todo el poder del gobierno federal en desalentar este tipo de interferencia», refiriéndose a las ciudades que se han declarado Santuario.
Este pleito también podría señalar un giro en la lucha por el poder del gobierno federal, ya que esta vez las ciudades liberales –a diferencia de los estados conservadores-, se resisten a lo que ven como una intervención federal que vulnera su autonomía.
Muzaffar Chishti, director del Instituto de Política de Migración, de la Facultad de Derecho en la Universidad de Nueva York, dijo que las ciudades «pueden no tener el poder de otorgar derechos a la gente”, como por ejemplo estatus legal. “Pero tienen mucho poder de resistencia, y eso es lo que están mostrando en este momento», sostuvo.
Más de 500 condados y ciudades tienen algún tipo de política que limita la cooperación con las autoridades de Inmigración, según un estimado del Immigrant Legal Resource Center, un grupo de defensa y asistencia legal en San Francisco, CA y Washington, DC. No obstante la administración Obama deportó a más de dos millones de indocumentados.
Otro tema importante tiene que ver con la amenaza de Trump para cortar la ayuda financiera a los municipios que den protección a los indocumentados. Oakland podría perder hasta 140 millones de dólares en fondos federales para refugios a personas sin hogar, comidas para ancianos y programas preescolares de bajos ingresos.
Tanto el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, como la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, han comenzado a apelar a la ayuda económica de los filántropos locales, para tratar de reemplazar cualquier fondo federal perdido. Los Ángeles por ejemplo podría perder 500 millones de dólares en fondos federales, de los 9 mil millones de dólares de su presupuesto para sus programas antiterrorismo y para sus centros de salud.
Jorge Elorza, alcalde de Providence, Rhode Island, e hijo de inmigrantes guatemaltecos indocumentados que finalmente fueron naturalizados, dijo en español e inglés a una multitud congregada en una escuela: «La gente puede sentirse amenazada por lo que oyen… Protegeremos a nuestras comunidades ya nuestras familias para que puedan continuar viviendo libres de temor y seguridad en nuestras comunidades».
Trascendió por otra parte que muchos inmigrantes mexicanos están acudiendo a sus respectivos consulados en busca de asesoría, sobre las formas que existen para ayudarlos a ingresar a México sus pertenencias sin peligro a perderlas.
Lo que podemos afirmar es que pasadas las elecciones, lo que sigue son tiempos de organización, una respuesta a las amenazas de Donald J. Trump■
