Senador estatal demócrata de California, Kevin de León, autor de la propuesta de ley SB 54.

De la Redacción
No cabe duda que California se ha empeñado en encabezar la vanguardia nacional en cuanto a la defensa de los valores pro inmigrantes. Reconoce por ejemplo la diversidad étnica de su tejido social, su origen inmigrante, y lo refleja en la defensa de estos valores y de esta comunidad hoy bajo ataque, no sólo en la narrativa de sus funcionarios sino en la constante emisión de políticas públicas encaminadas a proteger a los inmigrantes y en convertir a California en un muro contra las advertencias del próximo inquilino de la Casa Blanca.

Tal es el caso -más reciente- de la Proposición 54, un proyecto de ley que prohíbe el uso de recursos públicos estatales y locales para colaborar con autoridades federales de Inmigración, sometido a la Asamblea y presentado hoy por el senador estatal demócrata de California, Kevin de León, autor de esta medida junto con el asambleísta también demócrata, Kark Levine.

De ser aprobada la SB 54, establecería además que las escuelas públicas, los hospitales y las cortes de justicia de California no sean utilizados por la administración federal como plataforma para deportar a las familias, amigos, vecinos, compañeros de escuela y trabajadores sin documentación legal de residencia, dice el periódico de Los Ángeles, La Opinión.

También llamada “Ley de Valores de California”, la SB 54 suma al estado al movimiento nacional de ciudades, que prohíben a los funcionarios públicos estatales y locales cumplir funciones correspondientes a los agentes federales de Inmigración y en particular a los departamentos de policía cooperar con los agentes de ICE. De esta forma iglesias y universidades y otras organizaciones de la sociedad civil se suman también al movimiento nacional de ciudades y universidades Santuario.

A propósito de las universidades que por todo el país se han pronunciado Santuario, estudiantes de la escuela de leyes en Universidad de California en Irving (UCI), encima de sus obligaciones académicas se dan tiempo para brindar asesoría legal a los aproximadamente 650 estudiantes indocumentados de esta escuela de estudios superiores, antes de que el presidente electo, Donald Trump, tome plena posesión del gobierno de Estados Unidos, reporta hoy Los Angeles Times.

Destaca la participación de por lo menos una docena de alumnos de esta escuela de leyes, inscritos bajo el programa de DACA (que ampara o difiere temporalmente de la deportación a los llegados a este país durante la infancia), que están ayudando a otros ‘dacamentados’ en su procesos de renovación de este programa derivado de una acción ejecutiva girada por la administración Obama.

Y es que como se recordará, durante su campaña Donald Trump amenazó con rechazar y derogar DACA, dado que los recipientes del primer programa tienen que renovar este ‘estatus’ cada dos años. Y quienes solicitaron este beneficio en la segunda etapa de DACA, siguen atorados en los circuitos judiciales por la apelación del estado de Texas en representación de otros 25 estados, porque la Corte Suprema rechazó recientemente revisar el interdicto interpuesto que se quedó suspendido en el limbo legal, junto con el programa DAPA, una protección similar para los padres de familia indocumentados con hijos ciudadanos y residentes legales.

Como es de esperarse, Trump designará al noveno juez de la Suprema que destrabará el empate técnico entre cuatro jueces liberales contra otros cuatro conservadores, que lo más probable es que actuaría en contra de estas acciones ejecutivas. Hay que considerar además que el nominado de Trump para ocupar la cartera de la seguridad nacional (Depatament of Homeland Security, DHS), de la que depende ICE, es nada menos que un marine, el general retirado John Kelly, lo que no necesariamente presagia buenas nuevas para los indocumentados.

Pero volviendo al senador Kevin de León, éste declaró a La Opinión, en un mensaje a los indocumentados, que “California será su muro de justicia si la administración federal entrante adopta una inhumana y excesiva política de deportación masiva”.

De hecho, de acuerdo con el periódico mexicano la Jornada, un muro de concreto y acero de dos kilómetros de largo esta por ser terminado en las colindancias de Estados Unidos (Sunland Park, Nuevo México) con Ciudad Juárez (Chihuhua, Mx), que remplazó una cerca metálica construida hace tres décadas.

Un recuento que hace esta fuente sobre las medidas que ha tomado California y que la ubican al frente de la nación, en la defensa contra las posibles políticas antinmigrantes de la próxima administración federal, es esta lista de propuestas legislativas que exponemos a continuación:

• SB 6: Del senador demócrata Ben Hueso crearía un programa para financiar la representación legal de aquellos en riesgo de deportación.
• AB 3: Del asambleísta demócrata de Oakland, Rob Bonta, que permitiría crear centros regionales especializados en capacitación para defensores públicos en materia de inmigración.
• SB 31: Del senador demócrata de Bell Gardens, Ricardo Lara, y la primera de tres legislaciones, que prohibiría a cualquier agencia o departamento estatal proporcionar información religiosa de cualquier individuo al gobierno federal, si éste pretende utilizar dicha información para crear una base de datos sobre afiliación religiosa.
• SB 29: También de Lara, que pone fin en el nivel local a los contratos efectuados con centros lucrativos de detención migratoria. Y requeriría a dichos centros o facilidades de ICE para la detención de indocumentados, estar al día con los requisitos mínimos de salubridad y seguridad.
• SB 30: También de Lara requeriría que cualquier muro, como el que anunció que construiría Trump, cuya construcción supere una inversión de mil millones de dólares en fondos federales, deberá primero ser aprobado por los votantes californianos durante una elección general.

Siguiendo con la propuesta SB 54 y con la fuente, esta iniciativa de ley no exime sin embargo a las agencias estatales y locales del cumplimiento con las órdenes judiciales sobre la transferencia de “criminales violentos” a la custodia federal para cumplir con la ley de inmigración.

La medida del senador de León es relevante si se considera que entre el 22 por ciento y el 26% del total de los trabajadores indocumentados del país se concentran en California, según un análisis revelado hace unos días por el Centro Anderson de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Por su parte, el Instituto de Política Pública de California calcula que en el estado residen 2.67 millones de inmigrantes indocumentados, de los cuales poco más de la mitad provienen de México. Y concluye la fuente que “el 13% de los estudiantes de todos los grados escolares en los centros educativos públicos del estado tienen al menos un padre indocumentado”■