De la redacción

El presidente Trump con los líderes de la mayoría republican en el Congreso, Mitch McConnell y Paul Ryan, artífices del proyecto de recorte de impuestos. Foto: NYT.

Mientras se cocina el proyecto de ley de recorte de impuestos de los republicanos, que beneficiaría al 1 por ciento de los estadunidenses más ricos de Estados Unidos, los líderes de las mayorías de ambas cámaras del Congreso intentan por todos los medios convencer de las bondades de su proyecto a los legisladores indecisos, quienes solicitan más ayuda para los empresarios con altos sueldos. Entre tanto, a la sombra de este debate otros dos asuntos cruciales para la clase media trabajadora y los inmigrantes se abren camino en la opinión pública sin tantos reflectores como los que iluminan el debate económico.

Además del debate entre los propios republicanos por pasar la ley de recortes de impuestos en el Senado está la lucha por la toma de posesión de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor, que al quedar vacante con la salida de su todavía titular, Richard Cordray, tras su renuncia, y contradiciendo la ley el presidente Trump está tratando de imponer a Mick Mulvaney, director de presupuesto de la Casa Blanca, que hoy se dirigiría a tomar posesión por orden presidencial, sin que la sucesora legal del puesto haya declinado sino todo lo contrario: interpuso ya una demanda para evitar que se consume el asalto.

Mick Mulvaney, director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, responde preguntas de los reporteros que cubre n la fuente. Foto: WGBA.

Porque la ley establecida con el nacimiento de esta poderosa agencia fiscal, instituida por el Congreso e ideada por la senadora demócrata de Massachusetts, Elizabeth Warren bajo la administración Obama, para contener los abusos de Wall Street, estipula que “al no estar disponible el titular”, por ausencia o renuncia, “el subdirector de dicha agencia automáticamente asume la dirección”. Esto lo ratifico la propia senadora Warren ayer por la noche en un programa de la cadena televisiva, MSNBC.

No obstante, echando mano de una ley anterior que facultaba al presidente para nominar un titular a esa agencia de regulación financiera, que fue sobreseída por una orden la Suprema Corte de Justicia en su oportunidad, Trump intenta ahora revivir dicha ley a su conveniencia y ha enviado esta mañana a Mulvaney a ocupar la dirección a pesar de que la titular, por ley, es Leandra English, quien fue elevada a subdirectora de dicha agencia a fines de la semana pasada por Richard Cordray.

Leandra English, directora en funciones de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, durante una reunión de trabajo. Foto: San Francisco Chronicle.

Horas después de renunciar el propio Cordray envió un correo a un juez para pedirle que impidiera que Mulvaney asumiera el control de ese buró. Pero Mulvaney envió su propio correo electrónico para decir a esos empleados que «ignoren» cualquier instrucción de Leandra English, afirma por su parte el semanario inglés, The Guardian. Así que el enfrentamiento entre estos dos habrá ocurrido o estará ocurriendo ya esta mañana en Washington, DC.

Por otro lado “Activistas comunitarios instaron este lunes al Congreso a que ponga freno a más fondos para la ‘fuerza de deportación y la continua militarización de la frontera” porque, a su juicio, ‘esas políticas sólo aumentarán la persecución de los inmigrantes”, dice el periódico de Los Ángeles, La Opinión.

Además, como hemos repetido en este mismo espacio, los ‘Soñadores’ o Dreamers, exigen al Congreso que pase la Ley Dream limpia, sin incluir “vastos fondos para las redadas y deportación de inmigrantes indocumentados”, y para la construcción fronterizo con México.

“Por ello, durante una conferencia telefónica con periodistas, los activistas pidieron modificaciones en el proceso bicameral, al advertir que un aumento en los fondos para las operaciones policiales del DHS producirá más redadas y más deportaciones, y ‘un daño catastrófico’ para los inmigrantes”, dice la fuente.

‘Soñadores’ de Arizona. Foto: Cortesía de newlaborforum, cuny – edu

Vale aclarar que ambas versiones incluyen dinero para el muro fronterizo, pero las mismas “deben ser sometidas a un proceso de negociación bicameral antes de convertirse en ley”, y ese es el lapso que los Dreamers están tratando de aprovechar, y que sólo les abre una ventana de escasos días porque al parecer los republicanos quieren finiquitar este asunto a más tardar el viernes de esta semana, según fuentes diversas.

En el centro del debate senatorial de los republicanos está la posibilidad de tratar de manera más favorable a las pequeñas empresas y a otras entidades llamadas de paso: “empresas cuyas ganancias se distribuyen entre sus propietarios pero que gravan tasas impositivas a los individuos”, sostiene el Times.

La moción al plan del liderazgo senatorial republicano es manejada por un grupo de sus propios correligionarios que califican injusto que “El 70 por ciento de los ingresos de transferencia -de los recursos del erario- fluya al 1% de los estadunidenses más ricos y a las corporaciones”, basándose en una investigación de Owen Zidar, economista de la Escuela de Negocios Booth, de la Universidad de Chicago citado por el rotativo neoyorquino.

En tanto, en las próximas horas el Senado debe librar una batalla contra una media docena de senadores republicanos, y como es sabido, este partido del elefante no puede darse el lujo de perder más de dos votos o su proyecto volverá a naufragar -asumiendo que los demócratas se opongan en bloque-, como casi todas las propuestas de este partido y del presidente Trump en lo que va de esta administración.

El grupo de republicanos inconformes con la versión del Senado está conformado por Bob Corker, de Tennessee; Jeff Flake, de Arizona; James Lankford, de Oklahoma; Jerry Moran, de Kansas; Susan Collins, de Maine; Ron Johnson, de Wisconsin, y Steve Daines, de Montana.

Senador republicano de Tennessee, Bob Corker, entre los más vocales opositores al plan de recorte de impuestos de su partido así como está redactado actualmente. Foto: Boston Globe.

Argumentan que “La deuda nacional ahora ha superado los 20 billones (trillones en EEUU), y varios senadores republicanos han expresado su preocupación sobre la acumulación de más deuda como resultado de la revisión fiscal”, dice The New York Times. “La legislación fiscal aprobada por el Comité de Finanzas del Senado aumentaría el déficit federal en 1.4 billones de dólares en una década”.

Para el año 2027, sostienen, la oficina de presupuesto calcula que los estadunidenses que ganan 75 mil dólares al año y menos, “verían como grupo aumentar sus impuestos, ya que los recortes de impuestos individuales expirarían a fines de 2025”.

Y como hemos dicho, este déficit pretende pagarse con los impuestos del 99% de la población, y reduciendo dramáticamente el presupuesto de programas sociales como el Medicare y el seguro social. Pero lo que resulta más escandaloso, de acuerdo con MSNBC, es que “los que ganan 10 mil dólares anuales, o menos, son los que sufrirán las más altas tasas impositivas de los diferentes grupos de contribuyentes”. Muchos de los afectados resultarán siendo los trabajadores de más bajos salarios, entre quienes se hallan muchos inmigrantes que aun siendo indocumentados pagan impuestos.

Por si fuera poco, además la referida propuesta de ley de impuestos no será exclusivamente sobre impuestos. De acuerdo con el Times, “El plan de impuestos del Senado se está fusionando con la legislación que abriría el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico en Alaska para la perforación de petróleo y gas”. No obstante, atar esta legislación de perforación a la ley general “podría ayudar a asegurar el voto de una senadora republicana, Lisa Murkowski, de Alaska, una defensora de la perforación”, concluye la fuente■.