Como se sabe, César Chávez fue un célebre y combativo organizador sindical de trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Autor de la frase Sí se puede (que después adoptarían los seguidores de la selección de futbol mexicano), dirigió en 1965 un paro de recolectores de uva y orquestó exitosamente un boicot contra las empresas agrícolas que la cultivaban. Participó con éxito en huelgas de hambre y protestas pacíficas para lograr mejores salarios y condiciones de trabajo para jornaleros.

La influencia del fallecido organizador sindical estadunidense en estas jornadas de lucha es evidente. Fidel Sánchez Gabriel, uno de sus principales dirigentes del movimiento, de 44 años y padre de seis hijos, dijo a Los Ángeles Times: No tengo formación escolar. Lo único que tengo es mi educación en la vida, aprendiendo de otros. Aprendí de la experiencia de César Chávez que no debemos aceptar vivir sumisamente. Como reportó La Jornada Baja California, el pasado sábado, en Calexico, California, integrantes de la Asociación César Chávez marcharon en solidaridad con los jornaleros mexicanos con la consigna César Chávez, el trabajo sigue.

El paro de San Quintín es un movimiento claramente binacional, al menos por cuatro razones. Primero, porque algunos de sus más relevantes líderes se formaron como organizadores sindicales agrícolas en huelgas y protestas en Estados Unidos. Fidel Sánchez luchó por mejores salarios para los pizcadores de tomate en Florida, con la Coalition of Immokalee Workers. Justino Herrera participó en una movilización contra los abusos de contratistas abusivos en Oregon. Eloy Fernández fue sindicalista en los campos de cultivo de California.

Segundo, porque los nexos entre los oaxacalifornianos de ambos lados de la frontera son antiguos. El Frente Indígena Oaxaqueño Binacional es ejemplo de ello.

Tercero: la huelga de San Quintín se ha sostenido, en parte, gracias a la solidaridad de diferentes iglesias cristianas y fundaciones de Estados Unidos.

Y, finalmente, debido a que el grueso de la producción hortícola de Ensenada se destina al mercado de nuestro vecino del norte. Eso significa que el futuro del movimiento dependerá, en buena medida, de la posibilidad de boicotear en los grandes almacenes de ese país la comercialización de fresas, jitomates y moras cultivadas en San Quintín, tal como en su momento lo hizo César Chávez. Sin esa presión, será muy difícil que los agroempresarios mexicanos (que son simultáneamente los políticos gobernantes en la entidad) entiendan que deben pagar buenos salarios y dar condiciones laborales dignas a los jornaleros del campo.

Contra lo que pudiera pensarse, el paro de los jornaleros agrícolas de San Quintín no fue una explosión espontánea. Estalló justo cuando comienza la temporada de la cosecha de fresa.

Tiene como antecedente la lucha de los jornaleros por agua potable y servicios en los más de 80 asentamientos donde viven. También, el creciente malestar ante la contratación desmedida de trabajadores eventuales. La combinación de las movilizaciones por demandas básicas y el enojo por la presión salarial a la baja fue forjando el tejido invisible que permitió la formación de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.

Un tambo de agua de 200 litros a la semana es todo el líquido vital que muchas familias de jornaleros agrícolas de San Quintín tienen para beber, cocinar y asearse. No es gratis. Deben pagarla. En cambio, las fincas agroexportadoras disponen de oro azul para regar alrededor de 9 mil hectáreas, extraídas de casi mil pozos.

Ensenada sufre un déficit de entre 100 y 150 litros por segundo. Sus acuíferos están sobrexplotados. Son frecuentes los cortes del suministro y el tandeo. Los más pobres son los más afectados. La escasez del líquido los hace víctimas de enfermedades gastrointestinales y de la piel.

En cambio, las grandes empresas agroexportadoras cuentan con concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua. En los hechos no cumplen con los volúmenes de agua que tienen asignados.

Muchos jornaleros agrícolas, que viven hacinados en cuarterías de 18 metros cuadrados, o en galerones de entre 50 y 200 cuartos, carecen prácticamente de todo. Por eso, durante años han luchado por lo más básico, comenzando por el agua potable. También por servicios sanitarios, escuelas, drenaje, electrificación y guarderías.

Es común que las mujeres den a luz sin atención médica. Las jornaleras deben laborar en los predios agrícolas acompañadas por sus hijos. San Quintín es el primer lugar en analfabetismo en Baja California. De unos 80 mil trabajadores que laboran en la región, sólo 28 mil están afiliados formalmente al IMSS.

Avivó también el descontento de los jornaleros establecidos en el valle la decisión empresarial de aumentar sin medida la contratación de trabajadores eventuales provenientes de otros estados, especialmente de Guerrero. La maniobra les permite abaratar costos de producción deprimiendo los salarios de los trabajadores permanentes y privilegiando el pago a destajo.

Más allá de los grandes logros que la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social ha cosechado, enfrenta el problema de que los acuerdos a que ha llegado son de carácter político. Eso significa que no están sustentados en contrato alguno y los jornaleros carecen (por lo pronto) de un sindicato independiente legalmente reconocido. En esas condiciones, el reto de dar seguimiento a la lucha obliga a la alianza a un ejercicio audaz de imaginación política y esfuerzo organizativo. Una apuesta innovadora, como la que en su momento emprendió César Chávez, y también Ricardo Flores Magón y sus camaradas.

Twitter: @lhan55