De la Redacción

Abogado de la Ciudad de San Francisco (CA), Denis Herrera. Foto: blog.sfgate.com

En medio de una ola de indignación nacional que va tomando cada vez más la forma de una resistencia organizada contra el racismo, la misoginia, la xenofobia y otras fobias expresadas durante estos primeros 20 días por la nueva administración federal, la ciudad de San Francisco, California demandó al gobierno del presidente Trump por el recorte de fondos federales decretado contra las ciudades Santuario, que brindan protección a los inmigrantes indocumentados. Además, múltiples y variadas expresiones de solidaridad y demandas legales contra la administración Trump circulan cada vez más con mayor fuerza por las venas de Estados Unidos.

La demanda de la ciudad de San Francisco al gobierno federal es la primera en su tipo contra los recortes presupuestales a diversos programas sociales de las ciudades Santuario, que han revivido el Movimiento Santuario de los años 80, porque los decretos antinmigrantes de Trump se extralimitan en sus alcances legales, reporta Afp.

«El decreto del presidente no sólo es inconstitucional, es antiestadunidense», dice Denis Herrera, abogado de la ciudad de San Francisco que fincó la demanda en una corte federal.

Agregó: «Debemos enfrentarnos y oponernos a ese decreto. Somos una nación de inmigrantes y un país de leyes. Debemos ser los ‘guardianes de nuestra democracia’, como nos instó el presidente Obama a todos durante su discurso de despedida».

En tanto, las órdenes ejecutivas decretadas por el presidente Trump contra la inmigración, el muro con México y los refugiados de siete países con mayoría musulmana (Siria, Irak, Irán, Yemen, Libia, Somalia y Sudán) siguen atoradas en tribunales a la espera de una decisión judicial que las reactive o las derogue parcial o totalmente.

Esta mañana el presidente Trump ha llamado en un tono furioso, “deshonrosa”, a la audiencia judicial sobre la legitimidad del veto a la entrada al país de ciertos musulmanes. Se refiere a una primera comparecencia telefónica del Abogado General de la nación y el representante legal del estado de Washington, ante tres jueces federales (William C. Canby Jr., nombrado por Jimmy Carter, Richard R. Clifton, nombrado por George W. Bush, y Michelle T. Friedland, nominada por Barack Obama), que hicieron preguntas, y algunas insidiosas, a los defensores de ambas partes.

Trump afirmó también que los jueces tuvieron una motivación política y habían celebrado ayer un «vergonzoso» tribunal sobre el asunto, calificándolo de «tan político», por considerar los desafíos a su orden ejecutiva, dice The New York Times.

Volviendo a la demanda de la ciudad de San Francisco contra la administración federal, los abogados de esta ciudad defienden la definición de las ciudades Santuario como aquellas que se niegan a cooperar con los agentes federales (ICE) en la aplicación de las leyes de inmigración.

Según Afp, en la actualidad se han pronunciado como Santuario en todo el país unas 300 ciudades. El gobierno de Trump las cataloga como refugios que “albergan a criminales”, mientras sus defensores sostienen que éstas “ofrecen la protección necesaria a los residentes indocumentados que contribuyen con la comunidad”.

El abogado Herrera afirma que San Francisco, una ciudad que alberga a unos 30 mil indocumentados, recibe más de mil 200 millones de dólares al año en fondos federales, destinados en su mayoría a salud y a otros programas sociales, afirma la fuente.

«Esta demanda no es un paso que hayamos tomado a la ligera», explicó el abogado Herrera. «Es necesaria para defender a la gente de esta ciudad, de este estado y de este país de la extralimitación salvaje de un presidente cuyas palabras y acciones hasta ahora han demostrado muy poco respeto por nuestra Constitución o el estado de derecho».

En tanto, Trump defendió el proceso que dio lugar a la orden ejecutiva que veta la entrada de musulmanes, enredándose en sus explicaciones. Dijo por ejemplo que él, o su administración, habían querido esperar inicialmente una semana o incluso un mes antes de emitir la prohibición de viajar.

Y agregó que los agentes de la ley le dijeron que hacerlo provocaría una inundación de gente, incluso algunos con «intenciones muy malas», para “precipitar un ataque terrorista” contra Estados Unidos, “antes de que las restricciones entraran en vigor”, cita el Times.

No está claro cuál va a ser el dictamen de la corte de apelaciones sobre el veto de Trump a los musulmanes, que se dará a conocer en los próximos días según dijeron los jueces que intervinieron en la comparecencia telefónica. Pero algunos analistas afirman que el gobierno federal tendrá serios problemas para demostrar racionalmente sus argumentos.

Trump ha abierto la puerta un poco a la posibilidad de que la opinión de dichos jueces no le sea favorable, y ha dicho repetidas veces que en esa eventualidad llevaría el caso hasta la Suprema Corte.

Por otro lado las ciudades santuario siguen creciendo y organizándose mejor, y la solidaridad con los inmigrantes también. Algunas expresiones de esta solidaridad pueden hallarse en el repudio que se ha mantenido, además de en los tribunales, en las calles de este país; en recintos oficiales y privados, restaurantes, iglesias y universidades; de agrupaciones de activistas y de defensa legal de perfil nacional, y personal de industrias de alta tecnología como Google, Apple, o en redes sociales como Facebook. Y hasta en los comerciales de televisión transmitidos –aún con censura- durante el pasado Supertazón, dice La Jornada.

Por último, a principios de semana la Fiscalía del Estado de Nueva York hizo llegar a esta redacción un comunicado en el que dice que 16 fiscales generales estatales anunciaron la presentación de una instancia en apoyo a la demanda federal de los estados de Washington y Minnesota, contra la orden ejecutiva sobre inmigración de la administración de Trump.

En un escrito ‘amici curiae’ de 23 páginas que fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos en San Francisco, los representantes de los fiscales generales declararon:

«Aunque los residentes, instituciones, industrias y economías miembros de los Estados difieren de varias maneras, todos estamos de acuerdo en que ahora enfrentamos daños concretos e irreparables derivados de esta Orden Ejecutiva”.

El escrito está firmado por los Fiscales Generales de California, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Virginia.

Además, hay otras acciones legales por parte de los Fiscales estatales para oponerse a la orden del presidente Trump, como la moción del Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman, para intervenir en la demanda presentada en el Distrito Este de Nueva York la semana pasada, disponible aquí.

El desenlace sobre el veto a los musulmanes de Trump queda en suspenso■