Agentes de Inmigración detienen a indocumentados. Foto: Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.

Marco Vinicio González

Este año legislativo trajo también algunos avances en materia legal. Por ejemplo, al enfrentar una demanda por transferir ilegalmente inmigrantes de la cárcel local, una vez cumplidas sus sentencias al servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, el alguacil de Sacramento acordó cambiar sus políticas para cumplir con dos leyes estatales a favor de los inmigrantes: la Ley Santuario, de California, y la Ley de la Verdad.

El acuerdo llega tras la demanda presentada contra el departamento del entonces Sheriff de Sacramento, Scott Jones, por la transferencia ilegal de inmigrantes, de la cárcel a ICE, dice Chelis López, conductora de Línea Abierta, quien platicó con Carlos Montes-Ponce, asociado/organizador del programa regional la Unión Estadunidense de Derechos Civiles, ACLU del norte de California, con sede en Sacramento, a fin de esclarecer los detalles del acuerdo.

“Nosotros como organización (ACLU) demandamos al departamento del alguacil el 15 de noviembre de 2021 luego de saber que las solicitudes que hicimos de registros públicos el alguacil de Sacramento, Scott Jones estaba operando en un tipo de sistema ‘secreto’ de transferencias sin notificación, a ICE de la cárcel local”.

Esto sucedía incluso después de que ACLU había puesto fin legalmente al contrato de Inmigración que existió alguna vez con la oficina de Jones en el condado de Sacramento, dice Montes-Ponce.

“Entonces, al enterarnos de eso, a través de los registros públicos, organizamos el siguiente paso para detener esto y que no siguiera ocurriendo. Y lo más natural para nuestra organización fue implementar la demanda en contra del departamento del alguacil… porque a través de la política que seguía él ejerciendo prohibía que los migrantes volvieran a casa con sus familias y a su comunidad después de haber cumplido incluso sus sentencias en la cárcel del Condado”.

De esta suerte, al cumplirse la demanda se pudo llegar a “ciertos acuerdos” con la oficina de Jones. “Y aunque el alguacil, ya no es nuestro alguacil oficial en el condado, esperamos poder trabajar con el nuevo alguacil -Jim Cooper- para poder seguir mejorando esta relación”.

–¿Qué políticas han aceptado cambiar para cumplir con esas dos leyes estatales, con el nuevo alguacil y con el Condado de Sacramento, Carlos? -pregunta López.

Antes de que el alguacil Jones dejara su puesto, se acordó cambiar ciertas políticas para cumplir con ambas leyes estatales, señala Montes-Pone.

“Que vienen siendo la Ley de Valores, que limita a la policía local para poder transferir una persona a ICE. Y la ley conocida como El Acta de la Verdad, o el Acta de Valores, que exige que los funcionarios proporcionen a las personas una notificación por escrito, de las solicitudes de ICE para entrevistas; para unos el de retenerlas y otros entregarlos a la custodia de ICE”.

Montes-Ponce enfatizó que lo más importante de esto era haber logrado la transparencia pública. “Lo que desafortunadamente ha sido una práctica de este alguacil que se acaba de ir, el no ser transparente con la comunidad, tanto la inmigrante como la comunidad integral del Condado de Sacramento”.

Entonces lo que ACLU espera ahora de la demanda, dijo el invitado , “es que el nuevo alguacil decida continuar con esta relación positiva con nosotros porque es una nueva oportunidad para el Condado, después de lo que se ha logrado estos últimos años con el trabajo que hemos organizado en el condado de Sacramento”.

La referida demanda entre otras cosas establece que durante los próximos cinco años la oficina del alguacil se va a estar monitoreando, afirma López.

-¿Nos puede explicar un poco más cómo va a funcionar estos?

“… En ese periodo el condado debe de enviarnos documentos internos que muestren cómo se están implementando las nuevas políticas del acuerdo, de la demanda, y si nosotros o nuestros defendidos creemos que ha habido una violación del acuerdo, podamos volver a los tribunales… lo que nunca se había escuchado en este condado, por lo que estamos muy contentos”.

Y como la medida es tan novedosa, los mecanismos de vigilancia para el cumplimiento del acuerdo deben ser constantes y estrictos… y litigar cada que haya una violación del acuerdo, sostuvo Montes-Ponce.

Existe sin embargo una pequeña excepción en la Ley de Valores. Es una medida estatal, no hay facultad para cambiar políticas a nivel local, pero “estamos orgullosos de que nuestro Condado ha decidido tomar como un valor no transferir a casos individuales los recursos… Esto de abogar es un recurso que se continúa a diario y tenemos que estar siempre vigilantes. Y si algún oficial no entendió alguna de las políticas, o si hay prácticas viejas, se tienen que sacar del sistema”.

Y señala que otro elemento muy importante es que hay prácticas para detener e investigar las violaciones o incumplimientos dentro del acuerdo. Se ha establecido un método para llegar a la verdad. Para que tanto el alguacil como el Condado las puedan corregir, señala Montes-Ponce.

–¿Hay algunas otras acciones, Carlos, para evitar las transferencias de detenidos a ICE, a quien se le informe de que han sido liberados los inmigrantes?

“Nosotros estuvimos a favor de la ley visión a principios del año pasado, que desafortunadamente no pasó… y que habría prohibido a todas las agencias policiales, estatales y locales, transferir a toda persona que estuviera detenida… nosotros apoyaremos esta ley de nuevo si es algo que todas las organizaciones determinan que debemos seguir empujando, o encontrar otra medida que podemos apoyar para ayudar a nuestros inmigrantes”•