De la redacción

Foto: www.asianjournal.com

En días recientes publicamos en estas mismas páginas la decisión del titular del Departamento de Comercio, Wilbur Ross, quien apoyado por el Departamento de Justicia decidió resolver una controvertida medida para incluir en el Censo 2020 la pregunta sobre la ciudadanía. Hoy el Fondo México Americano para la Defensa Legal y la Educación, MALDEF pide la renuncia inmediata del secretario Ross.

En un comunicado de prensa de MALDEF, hoy su presidente y asesor general, Thomas A. Sáenz declaró que “La aquiescencia en esta maniobra política -de incluir la pregunta de la ciudadanía en el censo 2020- demuestra la total incompetencia de Wilbur Ross para servir como Secretario de Comercio. Su aparente falta de integridad, incluso básica, ha creado una violación constitucional de un impacto potencial sin precedentes”, con serias implicaciones políticas y sociales.

MALDEF no esta solo en esto. El mismo lunes, cuando fue hecho el anuncio de la inclusión de esta controvertida pregunta en el censo, a nombre de 19 fiscales generales el procurador estatal de Nueva York declaró en un comunicado que “La casilla que pregunta sobre la ciudadanía amenazaría directamente la representación equitativa de los estados en el Congreso y el Colegio Electoral, y resta miles de millones en fondos federales que son críticos, al socavar la participación del censo entre inmigrantes, causando que muchos no se declaren como parte de la población en el estado y las ciudades con grandes comunidades inmigrantes”.

Y ayer, al menos 12 estados señalaron que presentarían una demanda para impedir que la administración Trump agregue dicha pregunta, argumentando que el cambio causaría que menos estadunidenses sean contados y se viole la Constitución, dice hoy The New York Times.

Al respecto, en la respuesta de MALDEF, Thomas A. Sáenz declaró que «Con los años, las administraciones presidenciales de ambos partidos han administrado el Censo de manera científica y moderada, negándose a politizar un mandato constitucional sagrado que se remonta al comienzo de nuestra nación”. Y añadió que dicha decisión de la administración federal es “innecesaria” y que sólo busca “reducir el número de latinos, el grupo minoritario más grande de la nación”.

Sáenz también dijo que en segundo lugar, “MALDEF insta a todos los miembros del Congreso a tomar medidas inmediatas y efectivas para evitar esta politización del Censo y mantener la obligación constitucional de realizar una enumeración real», de todas las personas que viven en Estados Unidos». Y en tercer lugar, dice el comunicado, “MALDEF tomará las medidas legales necesarias para evitar que esta decisión perniciosa surta efecto en el Censo 2020. Algunos ya han presentado demandas, y MALDEF se unirá apropiadamente para desafiar la depredación constitucional más reciente y grave de esta administración”.

Los estados que demandan judicalmente al gobierno federal son Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, New Jersey, New México, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island and Washington. California presentó también ayer su propia demanda pero por separado.

Por su parte, la administración Trump defendió la inclusión de la pregunta de la ciudadanía en censo argumentando que “era necesaria para aplicar mejor la Ley de Derechos Electorales, que se basa en estimaciones precisas de las poblaciones elegibles para votar”, señala el Times. Dicha decisión “es necesaria para que el Departamento de Justicia proteja a los votantes». Como siempre, el gobierno alude a una ‘realidad alternativa’.

Finalmente, MALDEF dijo que “sin embargo, notamos que este ataque a la comunidad latina seguramente fracasará. La comunidad latina SERÁ contada en el Censo y en las urnas. El desafío de nuestra comunidad a los constantes intentos de Trump para omitir a los latinos, será fuerte y vibrante fuera del gobierno y en el sector cívico de nuestro país».

Como es sabido, el censo decenal se usa además  para distribuir escaños en el Congreso y determinar el número total de delegados que recibe cada estado en el Colegio Electoral. De esta suerte, un conteo insuficiente de la población en los estados que albergan grandes comunidades de inmigrantes “perjudicará la representación justa, un principio fundamental para el tejido de nuestra democracia”, dice por su parte la fiscalía de Nueva York.

Cientos de miles de millones de dólares en fondos federales están directamente relacionados también con la información demográfica obtenida a través del censo, “destinados al Medicaid, al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, y al financiamiento del Título I para las agencias educativas locales que protegen a las comunidades vulnerables y de bajos ingresos”.

El corto período de tiempo que medía entre ahora y las elecciones de noviembre no es suficiente para evaluar adecuadamente el impacto total que tendría incluir la pregunta de ciudadanía, tal como lo requieren las normas de la Oficina del Censo para una recopilación veraz y científica de los datos.

“Estas preocupaciones se ven acentuadas por la posición fiscal ya de por sí precaria de esa Oficina… y la cuestión adicional de la ciudadanía aumentaría significativamente el costo total para implementar los cambios al Censo, dice el comunicado de la fiscalía■