De la redacción
Nuevamente las cortes detienen una orden del presidente Trump y su administración, que ha provocado un fuerte rechazo pues permitiría a los funcionarios de Inmigración considerar si una persona que está utilizando programas de ayuda federal, como Medicaid y subsidios de vivienda, decidir sobre su elegibilidad para conseguir una residencia permanente (green card) o un ajuste de estatus migratorio.
Varios jueces por separado dictaminaron este viernes 13 de octubre en contra de una demanda presentada por 21 estados y el Distrito de Columbia, y se espera que finalmente ésta llegue a la Corte Suprema.
Se trata de un pleito de las cortes federales contra la administración Trump, que hemos reportado amplia y oportunamente en este espacio informativo, la Regla de la Carga Pública emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que debía entrar en vigencia hoy martes 15 de octubre. Porque “discriminan a las personas de bajos ingresos de los países en desarrollo y socavan el bienestar de los niños cuyas familias podrían evitar el uso de programas nutricionales y de salud”, dice un despacho de Kaiser Health News.
Como se sabe, las descabelladas y antinmigrantes políticas de Trump se han venido topando con el criterio de los jueces de varios estados que han tenido que “golpear” repetidamente a esta administración federal, con bloqueos legales en los tribunales de todo el país desde el comienzo de este gobierno.
Y el viernes, faltando 4 días para la entrada en vigor de la Regla de Carga Pública un tribunal federal de Nueva York falló para impedir a la administracion Trump que invalide las tarjetas verdes (green card) a los inmigrantes legales que usen beneficios públicos, y rechazó el plan del mandatario de desviar fondos para la construcción de un muro fronterizo.
Línea Abierta de Radio Bilingüe abordó el tema de la decisión de 4 jueces federales, de Nueva York, California y el estado de Washington que emitieron medias cautelares para bloquear temporalmente dicha Regla de Carga Pública, que castiga incluso a aquellos inmigrantes legales que dan la impresión de que van a usar los beneficios públicos en el futuro. Para tal efecto, la abogada Alma Rosa Nieto, del bufete jurídico en Los Ángeles y también Vicepresidenta de AIDA, la Asociación de Abogados de Inmigración, platicó con las audiencias de Línea Abierta.
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También el viernes el gobierno de California, a través de su Fiscal General, Xavier Becerra, durante una conferencia de prensa en Sacramento se sumó a dicho bloqueo de las ‘tarjetas verdes’. Tanto Becerra como el gobernador Gavin Newsom anunciaron que California se unió a otros tres estados y al Distrito de Columbia en una demanda presentada ese día contra algunas de las medidas más agresivas de la administración para restringir la inmigración legal; es decir, contra muchos de los que reciben asistencia del gobierno, aunque trabajan duro y pagan impuestos además de votar.
En tanto, los tres fallos de los jueces federales en Nueva York, California y el estado de Washington emitieron medidas cautelares que bloquean temporalmente la regla de «carga pública», por tratarse de un impedimento no sólo para aquellos que usan los referidos beneficios públicos, como Medicaid y subsidios de vivienda, entre otros, sino que la administración Trump se atreve a condenar de antemano a aquellos ¡que probablemente los usen en el futuro!
Por su parte George Daniels, el juez federal de distrito en Nueva York dijo a Reuters que la política de Trump redefinió las leyes de Inmigración, de larga data, con un nuevo marco que «no tenía lógica». Y agregó que “permitir que la política entre en vigencia ahora tendría un impacto significativo en los residentes respetuosos de la ley que han venido a este país a buscar una vida mejor».
De esta suerte, la Fiscal General de Nueva York, Lettitia James actuó en respuesta a la decisión del juez federal de otorgar una orden judicial preliminar a nivel nacional para detener la entrada en vigor de la regla de Carga Pública propuesta por la administración Trump y pautada implementarse hoy, «pues hubiera tenido un impacto devastador en Nueva York, tanto en ciudadanos como en no ciudadanos, así como en otros Estados de esta nación», dijo.
“La historia de nuestra nación está inextricablemente ligada a nuestras comunidades de inmigrantes, y debido a la decisión de hoy, también lo estará nuestro futuro. Una vez más, los tribunales han frustrado los intentos de la Administración Trump de promulgar normas que violan nuestras leyes y nuestros valores, enviando un mensaje alto y claro de que no pueden reescribir nuestra historia para cumplir con su agenda discriminatoria”.
La decisión del viernes es pues «un paso crítico en nuestros esfuerzos por defender el estado de derecho”, dice la fiscal James: “Mientras nuestras comunidades estén siendo atacadas por este gobierno federal, nosotros nunca dejaremos de contraatacar y de defenderlas”, advirtió.
Ya en agosto de 2019 la Fiscallía estatal de Nueva York había presentado una demanda contra la regla de Carga Pública de la administración Trump, en conexión con los estados de Connecticut y Vermont y la Ciudad de Nueva York, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Y en septiembre de 2019, ante la posible entrada en vigencia de dicha regla, una coalición de Fiscales Generales presentó una moción solicitando una orden judicial preliminar para impedir que la norma de Trump, entrara en efecto.
Y de acuerdo con Reuters, en California el juez estadunidense, Phyllis Hamilton encontró que «los demandantes probablemente prevalecerán sobre los méritos, por razones razonables». Y el viernes el juez Daniels calificó en Nueva York la regla como una «política de exclusión en busca de una justificación”. La regla de Carga Pública, dijo, «Es repugnante para el sueño americano, para la oportunidad de prosperidad y de tener éxito a través del trabajo duro y la movilidad social ascendente”■
