Maribel Hastings
America’s Voice, Washington, DC
El circo es un ejercicio inútil de ese sector más extremista al que no le importan las soluciones sino seguir explotando el problema. Señores, si el asunto de las acciones ejecutivas se está dilucidando en tribunales, ¿por qué insistir en tomar como rehén el presupuesto del DHS?
El más reciente espectáculo de la mayoría republicana en el Congreso, especialmente en la cámara baja, en torno al presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), vuelve a resaltar cómo la minoría más extremista de ese partido, la que actúa irracionalmente a la sola mención de la palabra ‘inmigración’, lleva la voz cantante en el Partido Republicano.
El papelón que hicieron, primero el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y luego el presidente de la Cámara Baja, John Boehner, en el manejo de la votación del presupuesto del DHS, evidencia un liderazgo débil al que un grupito de extremistas maneja como un títere empeñado en bloquear las acciones ejecutivas migratorias anunciadas por el presidente Barack Obama en noviembre de 2014 y que protegerían temporalmente de la deportación a jóvenes y padres indocumentados con lazos en este país, sin historial delictivo y que no representan una amenaza a la seguridad nacional.
A este sector extremista ni siquiera lo calma el hecho de que un juez federal bloqueó esas acciones ejecutivas y que el caso está en apelaciones en los tribunales. Peor aún, si no hubiera resolución en los próximos siete días y el DHS cerrara, las acciones ejecutivas no se verían afectadas, porque al presente están bloqueadas, y aunque no lo estuvieran y pudieran implementarse, se financian con las cuotas de inscripción que pagarían los inmigrantes y no con fondos asignados por el Congreso.
Irónicamente, entre los sectores afectados estaría la Patrulla Fronteriza. Aunque un 90 por ciento de esos empleados tendrían que seguir trabajando durante un cierre de la agencia, sin recibir pago. Brandon Judd, presidente del National Border Patrol Council, el sindicato que representa a los patrulleros fronterizos declaró que «demandamos que el Congreso financie a la Patrulla Fronteriza independientemente de sus desacuerdos con la Casa Blanca en torno a la política migratoria… La última vez que el Congreso retuvo fondos para el DHS, algunos agentes no pudieron pagar sus hipotecas y batallaron para sufragar sus gastos….Si los funcionarios electos le piden a nuestros agentes que no reciban su pago, entonces que ellos y su personal hagan lo mismo», agregó Judd.
Y otra ironía: el cierre del DHS afectaría el programa E-Verify, favorecido por los republicanos, que verifica electrónicamente si alguien está autorizado o no para trabajar en este país.
Es decir, el circo es un ejercicio inútil de ese sector más extremista al que no le importan las soluciones sino seguir explotando el problema. Señores, si el asunto de las acciones ejecutivas se está dilucidando en tribunales, ¿por qué insistir en tomar como rehén el presupuesto del DHS?
El Senado aprobó un plan de gastos del DHS libre del lenguaje contra las acciones ejecutivas tras un acuerdo republicano para impulsar un proyecto de ley de la senadora republicana de Maine, Susan Collins, en contra de las acciones ejecutivas migratorias giradas en 2014. El primer intento para debatir esa medida no logró los 60 votos requeridos.
La cámara baja, por su parte, aprobó una extensión de siete días al presupuesto del DHS tras una tumultuosa sesión, pero el tema central sigue sin resolverse: el lenguaje sobre las acciones ejecutivas migratorias. Boehner enfrenta al llamado Caucus de la Libertad (Freedom Caucus), integrado por una treintena de ultraconservadores, que junto a otros, han jurado dirigir al caucus republicano a la derecha de la derecha. Incluso hay rumores de que fraguan un ‘golpe de estado’ contra Boehner.
A esto se suma el espectáculo de figuras republicanas fuera del Congreso que atacan cualquier vestigio de razón en el tema migratorio y su objetivo favorito es el ex gobernador de Florida, Jeb Bush, quien, de momento, sostiene que la única forma de abordar el tema de 11 millones de indocumentados en nuestro entorno no serán deport”andolos, sino a través de una vía hacia la legalización.
Y esa ha sido, es y seguirá siendo la pregunta de los 64 mil para los republicanos en el Congreso, fuera del Congreso y los que aspirarán a la nominación presidencial en 2016: si se oponen a la reforma migratoria, ¿qué proponen hacer con los 11 millones de indocumentados con lazos en este país, con hijos ciudadanos y residentes permanentes, con vidas establecidas y que al momento son mano de obra necesaria en diversas industrias? ¿Los van a deportar en masa? Si las acciones ejecutivas proceden y en 2016 es electo un republicano, ¿las revocará?
El Partido Republicano ha apaciguado a su sector intolerante permitiendo que maneje su discurso y sus acciones en materia migratoria, lo que está salpicando otras áreas, y tras sus triunfos electorales de 2014 ha sido incapaz de mostrar su capacidad de gobernar efectivamente. El monstruo de su propia creación se sale de control■
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice