En promedio cada estudiante deudor debe al gobierno 39 mil dólares. Foto: José López Zamorano.

Marco Vinicio González

Congruente con una política cada vez más restrictiva contra los inmigrantes por parte del estado de Texas, para retar judicialmente las propuestas de la administración Biden, Mark Pittman, juez federal asignado por Trump en Fort Worth, Texas, dictaminó recientemente que es ilegal el plan del presidente Joe Biden para cancelar unos 430 mil millones de dólares de la deuda estudiantil, de 1.6 millones de millones de dólares.

Hasta el momento unos 26 millones de estudiantes endeudados han solicitado la condonación de sus préstamos estudiantiles, bajo el programa que ahora se encuentra en un limbo legal porque el juez de marras permitió incorrectamente que siguiera adelante una demanda de dos prestatarios respaldados por un grupo de defensa conservador, bajo el argumento de que el programa de Biden fue «un ejercicio inconstitucional del poder legislativo del Congreso».

Esto da una victoria temporal a los opositores conservadores del programa de alivio estudiantil, pues la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito en St. Louis, Misuri, falló con la intensión de extender el alcance del interdicto a nivel nacional, para prohibir temporalmente el programa de alivio de la deuda estudiantil.

El fallo se produjo luego de que seis estados argumentaron en una demanda, que “el programa amenaza sus futuros ingresos fiscales y elude la autoridad del Congreso”, mientras que la medida cautelar permanecerá vigente “hasta una nueva orden de dicho tribunal o de la Corte Suprema de Estados Unidos”, dijo en su fallo un panel de tres jueces de la referida corte de apelaciones.

Esta decisión de la corte de apelaciones se produjo después de que seis estados liderados por el Partido Republicano argumentaron en una demanda que el programa de alivio de préstamos amenaza sus futuros ingresos fiscales y que el plan elude la autoridad del Congreso.

“La medida cautelar permanecerá vigente hasta nueva orden de este tribunal o de la Corte Suprema de los Estados Unidos”, dijo en su fallo un panel de tres jueces de la corte de apelaciones, dejando en suspenso la apelación de un fallo de un tribunal inferior que permitió que el programa de alivio siguiera adelante.

Por su parte, la administración Biden podría pedirle a la Corte Suprema que levante la orden judicial. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre declaró en su oportunidad que el gobierno confiaba en la autoridad legal que le confiere la ley para sacar adelante el programa de alivio de la deuda estudiantil.

“Creemos que es necesario ayudar a los prestatarios más necesitados mientras se recuperan de la pandemia… La Administración continuará luchando contra estas demandas infundadas de funcionarios republicanos e intereses especiales, y nunca dejará de luchar para apoyar a los estadunidenses de clase media y trabajadora”.

Por el momento, la administración de Biden ha dejado de aceptar solicitudes para su alivio el viernes después de que un juez de distrito federal en Texas anuló su plan el jueves por la noche, calificándolo de “inconstitucional”•