Granaderos que participaron en la represión social del 20 de noviembre en las inmediaciones del Zócalo capitalino (DF)
De La Redacción
En la vorágine de acontecimientos violentos que sacuden a México, graves todos ellos, el Estado mexicano responde con medidas coercitivas a la protesta social. Utiliza viejas tácticas de provocación, infiltrando movilizaciones pacíficas con grupos pandilleriles encapuchados que evocan de alguna manera a los Halcones del 68, y arrestando a manifestantes ajenos a los disturbios provocados. Estos acontecimientos acusan la respuesta del Estado al descontento social, como una conducta oficial que rebasa sin embargo las fronteras mexicanas, pues sucede de manera similar en Europa, Asia, América Latina y Estados Unidos también.
En la más reciente respuesta consumada por el Estado mexicano al descontento social se halla el ataque a la manifestación pacífica en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado 20 de noviembre, donde una sociedad civil hastiada por la violencia del narcotráfico y del Estado, inundó pacíficamente como pocas veces lo ha hecho en su historia las céntricas calles de la Ciudad de México, para conmemorar un aniversario más de la Revolución Mexicana.
La crónica de los acontecimientos recientes ha sido profusamente documentada por medios de comunicación veraces y responsables –pocos, por cierto-, pero sobre todo en las redes sociales. La sociedad civil ha podido documentar los sucesos desde el lugar y el momento de los hechos, con una tecnología que se encuentra al alcance de la mano.
Como resultado de las detenciones de la policía federal y de la Ciudad de México el pasado 20 de noviembre, 11 personas fueron sujetas a acción penal y enviadas a cárceles de la provincia mexicana, lejos de familiares y amigos, de cobertura legal.
Hoy, todos los inculpados rechazaron las imputaciones, luego de que algunos presuntamente aceptaran dichas acusaciones, que más tarde desmintieron porque dicen que fueron obtenidas bajo coerción –muy probablemente bajo tortura-, y hasta el momento no han declarado nada más.
Las 11 personas sujetas a acción penal interpuesta por el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, fueron consignadas por el juzgado 17 de distrito con sede en Xalapa, Veracruz. Ellos son Roberto César Jasso del Ángel, Ramón Domínguez Patlán, Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Lawrence Maxwell Ilabaca, Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García Martínez, Hillary Analí González Olguín, Lilian Garduño Ortega o Liliana Garduño Ortega y Tania Damián Rojas o Tania Ivonne Damián Rojas.
De estos detenidos, las mujeres fueron trasladadas y consignadas al Centro Federal Femenil Noroeste (Cerezo), ubicado en Tepic, Nayarit, que últimamente recibe prisioneros políticos incómodos para el Estado mexicano, como Nestora Salgado y El Dr. José Mireles, quien por cierto capituló recientemente ante el Estado, según dio a conocer la revista Proceso. Los hombres detenidos en los disturbios del Zócalo fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social 5 Oriente, ubicado en Villa Aldama, Veracruz.
El único extranjero entre los detenidos del 20 de noviembre es el escritor Lawrence Maxwell Ilabaca, de nacionalidad chilena y candidato a doctor en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por la gravedad de las imputaciones que le hace el gobierno (motín, tentativa de homicidio y asociación delictiva), no tiene derecho a fianza. Fue detenido presuntamente bajo falsas y muy graves acusaciones, que entre otras cosas podrían derivar en su deportación. Él había asistido a la manifestación del 20 de noviembre, que conmemoró el aniversario del Centenario de la Revolución Mexicana, convocado por el clamor social del pueblo de México que exige la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa secuestrados la madrugada del 26-27 de septiembre por la policía municipal y federal en Iguala y que aun permanecen desaparecidos.
La familia de Maxwell denunció irregularidades en el arresto y proceso de su caso. En medio de una creciente preocupación política tanto en su país como en el extranjero, dice Dpa, el padre de Lawrence, Alberto Maxwell denunció que a su hijo le asignaron un abogado de oficio, “un señor que se llama Rafael Omalaya, que más bien ha interferido cualquier comunicación con él”.
El gobierno de Chile asignó asistencia legal y apoyo diplomático desde el primero momento, tan pronto fue advertido por el propio Laurence Maxwell, en el ejercicio de su derecho a comunicarse con su sede consular a la hora de ser detenido. La asistencia de su cancillería está siendo factor en las gestiones de su liberación, dice la prensa, y el gobierno chileno intensifica su labor diplomática para garantizar la seguridad y excarcelación del detenido.
Los defensores de los 11 arrestados pidieron que se duplicara el plazo constitucional de las 144 horas que contempla la ley para que al detenido se le declare su libertad o un auto de formal prisión, dice el periódico La Jornada. Este plazo vence el viernes.
En tanto, la opinión pública nacional e internacional observa con lupa el desenvolvimiento de este suceso, la detención de los manifestantes del 20 de noviembre, mientras se intensifican las acciones globales por el exclarecimiento y la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El tema se mueve vertiginosamente, milímetro a milímetro, segundo a segundo, en las redes sociales.
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Comunicados:
Así transcurrió la jornada del 20 de noviembre
