Manifestantes protestan por el asesinato de George Floyd y piden que se arreste a los 4 policías implicados. Foto: https://www.mprnews.org/.
De la redacción
Los asesinatos de la policía contra George Floyd en Minneapolis y más recientemente de Rayshard Brooks en Atlanta, no sólo se han traducido en reprimendas y renuncias de algunos agentes y jefes de la policía, sino que entre otras cosas ha desenterrado cientos de años de racismo sistémico en Estados Unidos, y echado a andar algunas reformas al sistema policíaco.
Según un análisis de ABC News, incluso si los encuentros de la policía con la gente no terminan en muerte, en 800 jurisdicciones las personas negras fueron arrestadas a una tasa cinco veces mayor que las de sus homólogos blancos en 2018. Desde entonces los roces de la policía con la población civil han ido al aza.
Con todo, funcionarios de gobiernos estatales y locales han echado a andar una serie de reformas al sistema policíaco sin precedente, tras el asesinato de George Floyd; como invertir en entrenamiento para los agentes en el trato con las personas, particularmente aquellas con problemas de salud mental y adicción, o que viven en la calle; para fomentar el desarrollo de una sensibilidad racial y un mayor escrutinio a la hora de la contratación de los uniformados.
A falta de un estándar federal o de normas universales que regulen la violencia, la mala conducta y el abuso excesivo y el racismo de la policía, quizás lleguen a buen puerto dichas reformas recién iniciadas en al menos 20 ciudades y municipios. Están incluidos Chicago, Denver, Filadelfia, Houston, Miami, Minneapolis, Phoenix, Los Ángeles, Sacramento, San Francisco, San Diego, Washington, D.C., y Nueva York, entre otras.
De California a La Florida y de ahí a Nueva Jersey y Nueva York se ha prohibido por ejemplo el uso de la llave de estrangulamiento y las restricciones al cuello de las personas bajo custodia policial. Como las utilizadas por la policía con Eric Garner en la ciudad de Nueva York (7/17/2014) y con George Floyd en Minneapolis (5/25/2020), por citar sólo dos que detonaron grandes movilizaciones. Y se ha introducido o aprobado reformas en todo el país, contra el doble flagelo de la violencia policial y la injusticia racial.
Entre los diversos proyectos de reforma a la policía está la recientemente Ley de Confianza e Integridad en la Aplicación de la Ley de George Floyd, un proyecto legislativo contra la brutalidad policial y la injusticia racial impulsado por los demócratas, que incluye la prohibición del estrangulamientos y la creación de un Registro Nacional de Mala Conducta de la Policía para evitar que los oficiales despedidos por uso excesivo de fuerza u otra forma de abuso simplemente se cambien a otra jurisdicción distinta, consigan un nuevo trabajo y eludan su responsabilidad ante la ley.
Esta ley también contempla restricciones a la transferencia de equipo militar de alto poder a policías estatales y locales. Y es que según un grupo de expertos del Urban Institute, el gasto en la policía aumentó de 42 mil millones de dólares en 1977, a 115 mil millones en 2017. Esto, a pesar de que el crimen a nivel nacional disminuyó desde la década de 1990.
Además, la propuesta de ley obliga a los policías a usar cámaras corporales y a recibir entrenamiento para evitar el racismo y para que los agentes aprendan sobre la noción de la intervención policial en una disputa o problema con la gente.
Hoy sin embargo puede percibirse un incipiente cambio en el panorama nacional, expresado en dichas reformas al sistema policial. La legislación es ciertamente un esfuerzo para abordar las prácticas policiales a nivel nacional. Pero enfrenta a la resistencia de los republicanos, los sindicatos policiales y algunos funcionarios locales.
Por otro lado, la legislación propuesta apunta el dedo contra la doctrina legal conocida como «inmunidad calificada», que se exime a los policías abusivos cuando violan los derechos constitucionales de las personas, bajo el argumento de que tal estatuto protege la capacidad de un oficial para tomar una decisión rápida durante situaciones potencialmente peligrosas.
En todo caso, las reformas buscan abrirse camino paralelamente a las manifestaciones callejeras, ganando poco a poco terreno y desafiando a la nación sobre qué tipo de país quiere ser. Veamos qué tan pertinentes y cuál es el alcance de ambos tipos de manifestación■
