Paul Manafort saliendo de una comparecencia judicial antes de ser recluido. Foto: www. http://topactu.net.
De la redacción
Crece cada día más en la percepción popular la existencia de dos sistemas de justicia penal en Estados Unidos: uno para criminales de ‘cuello blanco’, y otro para delincuentes pobres y de las minorías. El caso más reciente que ilustra esta idea es la sentencia dictada por un juez de distrito en Alexandria, Virginia, T. S. Ellis III, contra el exdirector de campaña de la campaña de Trump en 2016, y cabildero republicano de larga data, Paul Manafort, “como un recordatorio de las flagrantes desigualdades en nuestro sistema de justicia que todos conocemos, pues se repiten cada semana en los tribunales de Estados Unidos”, dice el tuit del abogado Ari Melber.
Manafort fue condenado el jueves a 47 meses de prisión, de los cuales ya lleva 9 meses preso esperando condena. Y aunque esta es la mayor condena a un excolega de Trump, acusado originalmente con 18 delitos, de fraude financiero principalmente, su sentencia ha sido “”exageradamente” más leve de lo que muchos esperaban, al apartarse de los manuales que sancionan estos delitos con condenas que van de los 19 a los 24 años de cárcel. Manafort, quien entre otras delitos es acusado de traficar con datos de campaña de las elecciones de 2016 para entregárselos a los rusos, además mintió al Fiscal Especial, Robert Mueller, y a otras dos fiscalías.
Las disparidades socioeconómicas y raciales detrás de las sentencias para los 2.2 millones de personas se hallan presos actualmente en cárceles federales, estatales y locales de Estados Unidos, marcan un contraste dramático. Por citar sólo dos tipos de ejemplo, uno de cada 10 hombres en sus treintas, que se hallan presos o que están a punto de caer en prisión en cualquier momento de su vida es un hombre afroestadunidense. O las mujeres indígenoestadunidenses tiene tres veces más probabilidades de caer en un cárcel que una mujer blanca.
“The Shadow Report”, un reporte que The Sentencing Project sometió recientemente al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las disparidades raciales y étnicas en la población carcelaria de Estados Unidos, afirma que aunque aproximadamente el 12 por ciento de la población estadunidense es negra, en 2011 los presos de esta raza constituían ya el 30% de las personas encarceladas por atentar contra la propiedad; y el 38% por un delito violento. Añade que aunque los jóvenes negros representan el 16% de todos los jóvenes en este país, sin embargo alcanzan el 28% de los arrestos juveniles.
El reporte afirma que “un factor que contribuye a la disparidad en las tasas de arresto obedece a que “los estadunidenses negros, y especialmente los hombres, tienden a cometer delitos violentos y contra la propiedad a tasas más altas que otros grupos raciales”. Y no obstante, otros estudios demuestran que las tasas de criminalidad más altas entre las distintas poblaciones, “se explican mejor por factores socioeconómicos que por raza. Vecindarios extremadamente desfavorecidos experimentan tasas más altas de delitos, sin importar la composición racial”.
Aunque claro, los negros y los latinos se hallan presos de manera desproporcionada, sostienen los investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, Lauren Krivo y Ruth Peterson, autores del referido reporte: «Son estas diferencias en desventaja las que explican la parte abrumadora de la diferencia en el crimen, especialmente el crimen violento entre las comunidades blancas y afroamericanas».
Otros sostienen que el perfil social del juez T. S. Ellis III ha sido factor en la sentencia, pues pudo haber encontrado en el acusado a una persona de la misma clase social, que visitaba tal vez los mismo clubes privados y restaurantes, que había cursado una carrera de leyes y que era un buen padre y un buen esposo, y en fin, que es “un hombre de bien”. Y sin embargo, estos críticos sostienen que al juez Ellis III se le escaparon, por tanto, las consideraciones o acusaciones criminales que pesan sobre Manafort.
Scott Hechinger, defensor público y Director de Política en el Servicio de Defensores Públicos de Brooklyn, Nueva York, compara las sentencias que le toca atestiguar cotidianamente en el ejercicio de su profesión en las cortes de Estados Unidos: “Una mujer que votó mientras estaba en libertad condicional, sin saber que no se le permitía hacerlo, por sus antecedentes penales, fue sentenciada a 5 años de prisión. Cita también el caso de Kalief Browder, de 16 años de edad y preso en la cárcel de Rikers Island en Nueva York durante 3 años y medio, por robar supuestamente una mochila. Tras ser liberado, se suicidó, dice la fuente.
Hechinger añade que el 89% de los presos en Rikers son negros o latinos. Y están también casos como el de Rubén López, quien pasó 20 años en prisión por ser hallado con 1.8 gramos de metanfetamina en su poder, debido a las estrictas reglas de sentencia. Y no olvidar a Edward Snowden, un excontratista de la CIA que en 2013 filtró a la prensa información clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos. Él tiene vive como fugitivo desde 2013 y por tiempo indefinido.
Es por tantos casos como estos, complejos sin duda, que para muchos estudiosos del tema, defensores y comunicadores aunque la sentencia de Ellis III a Manafort no les sorprende, si les indigna. Y señalan que precisamente por la existencia de tantos jueces como Ellis en el sistema de justicia penal es que se crearon las referidas guías para sentencias que sancionen casos como el de Manafort, cuyos crímenes debieran ser castigados con una sentencia de entre 19 y 24 años.
No obstante, Paul Manafort enfrenta otro juicio el próximo miércoles en una corte de distrito en Washington, DC, con la jueza Amy Berman Jackson. Un juicio relacionado más con delitos de obstrucción y colusión con los rusos, para manipular el sistema electoral de Estados Unidos, que terminó favoreciendo a Trump en 2016, según el consenso alcanzado por los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Trump por supuesto lo niega.
Con todo, expertos afirman que la sentencia de Manafort podría verse aumentada porque será en otra corte donde la jueza Amy Berman Jackson es distinta a Ellis III, y el juicio es por dos delitos diferentes que contemplan una pena máxima de 10. Además, señalan, la jueza puede dictar dos tipos de sentencias: Una, llamada “concurrente”, para ser purgada de forma paralela o simultánea a la otras sentencia dictada por Ellis III, u otra, “consecutiva”, que puede comenzar a partir de que termina la primera y con esto balancear la pena recibida por el juez de virginia.
En meses recientes Trump firmó la Ley del Primer Paso, calificada en efecto como un primer paso, en la reforma al sistema de justicia criminal. Un paso de bebé dicen algunos. Pero queda un largo camino por recorrer para subsanar la inequidad planteada arriba en la impartición de la justicia en Estados Unidos. Y más rezagada aún está la situación de las decenas de miles de inmigrantes indocumentados que se hallan presos, a la espera de juicio para ser deportados, a los que ni siquiera ampara la Ley del Primer Paso.
No obstante, Paul Manafort enfrenta otro juicio el jueves, este sí relacionado más con delitos de obstrucción de justicia y colusión con los rusos para manipular el sistema electoral que terminó favoreciendo a Trump en las elecciones presidenciales de 2016, dicen por consenso los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Trump por supuesto lo niega.
Pase lo que pase con la siguiente sentencia, el caso Manafort ha venido a destaparle una vez más los pies al muerto■
