Maribel Hastings

America’s Voice

El debate por la reforma migratoria permanece estancando en el lodazal de mutuas recriminaciones entre la Casa Blanca y la Cámara baja, de mayoría republicana. Ambas entidades se responsabilizan por la inacción que las partes explotan políticamente, sin que se vislumbre una salida legislativa que beneficie a millones de indocumentados y sus familiares ciudadanos y residentes que aguardan en un limbo.

La sucesión de eventos y declaraciones públicas de días pasados apunta a que la administración de Barack Obama estaría próxima a anunciar algunos ajustes administrativos a la política pública sobre detenciones y deportaciones.

El alcance de los cambios está por verse y, más aún, si la teoría sobrevive en la práctica. Recordemos que ha sido la pésima aplicación de la discreción procesal, del llamado Memorando de Morton, de presuntamente centrarse en deportar delincuentes, uno de los motores de la maquinaria de deportación.

Se habla por ejemplo de un nuevo memorando que, entre otras cosas, limitaría las prioridades de deportación tomando en cuenta los lazos familiares de un detenido o su tiempo de residir en Estados Unidos, así como permitir audiencias de fianza para esos detenidos. Al presente, 70 por ciento de los deportados no ha tenido una audiencia ante un juez. No se habla de amparos a grupos de indocumentados.

El presidente Obama se está encargando de minimizar lo que puede hacer a nivel ejecutivo, insistiendo en que le corresponde al Congreso avanzar una solución legislativa permanente.

La administración enfatiza esto como si el movimiento pro reforma no supiera que lo requerido es una ley que componga el sistema migratorio, cuyo componente central sea legalizar a millones sin historial delictivo y con lazos familiares.

Eso lo sabemos, como también sabemos que son los republicanos de la Cámara baja quienes han bloqueado esa reforma por su guerra interna en la que, hasta ahora, parecen ir ganando los antinmigrantes, con el aval de un liderazgo empeñado en no colaborar para que Obama no tenga victoria legislativa alguna que demostrar. Y encima lo hacen con unas excusas tan ridículas que darían risa si las consecuencias no fueran tan trágicas para millones de inmigrantes, residentes permanentes y ciudadanos.

Ya establecido que sabemos lo requerido y quiénes están obstruyendo la reforma a nivel legislativo, no se puede pasar por alto el espectáculo que durante los pasados días ha dominado el mensaje de la administración, y de quienes lo promueven.

El tira y afloja sobre las cifras de deportados y los tecnicismos empleados para arribar a las mismas ha plasmado el intento de disfrazar lo que la teoría mal aplicada ha provocado sobre el terreno. Si han sido dos o más millones de deportaciones, lo han sido independientemente de cómo se tabulen.

Y si apenas 20% de los deportados tiene historial delictivo grave, eso supone que el restante 80% de los removidos no tiene historial delictivo que suponga una amenaza para la seguridad del país.

La realidad no miente. Vaya a cualquier ciudad en cualquier punto del país y trate de explicarle a una familia desintegrada por una deportación que la remoción de su familiar no cae dentro de determinada categoría porque fue en la frontera, al interior del país o por reingreso.

Si luce como un pato, grazna como un pato y camina como un pato, es un pato. Una deportación de una persona sin historial delictivo es una deportación, es una deportación, es una deportación. Dos millones son dos millones, son dos millones.

El jueves, el portavoz presidencial, Jay Carney dijo lo siguiente sobre la inacción legislativa: “Hay una isla de oposición entre la bancada republicana de la Cámara baja… y eso es desafortunado, dado el tipo de coalición que se ha integrado en favor de la reforma… Pero el Presidente cree que todavía existe la posibilidad de que la Cámara baja actúe, y espera que lo haga”.

Ciertamente hay una coalición en favor de la reforma migratoria que, al igual que la Casa Blanca, espera que la Cámara Baja actúe; pero si no lo hiciera, también espera que el Presidente actúe para minimizar el dolor de las familias. La mano de hierro en las deportaciones no ha significado ningún apoyo republicano a la reforma en el Congreso.

Y si supuestamente existe una isla de oposición entre la bancada republicana, parece más bien haber un mar de diferencia entre lo que la administración quiere proyectar, y la realidad que viven las familias separadas por una deportación; una realidad que ni el mayor de los spins (giros) políticos puede cambiar.

Si se anuncian cambios administrativos positivos, ojalá que finalmente la teoría y la práctica vayan de la mano.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice