Marco Vinicio González
En Estados Unidos la segregación racial es una vieja práctica manifiesta entre otras cosas en la ubicación de física de los vecindarios en las ciudades, donde habita por ejemplo la llamada gente de color: negros, algunos asiáticos, y latinos principalmente o inmigrantes y algunos blancos de bajos ingresos, por lo general.
“Durante décadas era común ver en las escrituras de casas una cláusula que leía: ‘Esta propiedad se vende con la condición de que no sea revendida ni ocupada por las siguientes razas: armenios, mexicanos, japoneses, coreanos, sirios, negros, filipinos o chinos’. Esta regla de la industria inmobiliaria se llama Redlining.
Dicha cláusula de ‘sólo para blancos’, estuvo vigente hasta 1948 y luego en la década de 1960 fue proscrita. Pero también se impuso a los préstamos hipotecarios, que se le negaron históricamente a negros y mexicanos, y en general a la gente de color”, afirma Samuel Orozco, conductor titular de Línea Abierta.
Como parte de la serie especial, “Alto al Odio” y en colaboración con Latino Media Colaborative, Línea Abierta abordó este tema que parecería una reliquia del pasado y que sin embargo sigue vigente en las escrituras de la propiedad.
-¿Qué se hace para borrar estos vestigios de una cultura oficializada del mercado de bienes raíz, que mantiene vivo un lenguaje racista? – sepregunta Orozco.
En años recientes, señala, más o menos como una docena de estados han aprobado leyes que permiten a los propietarios tachar las cláusulas racistas de sus títulos de propiedad.
“California tiene una ley que obliga a los gobiernos de los condados a tachar esos renglones que prohíben la venta de casas a quienes no sean blancos. Y a hacerse cargo de corregirlos”.
Como son millones de escrituras las que hay que modificar en California y cuesta unos 2 dólares hacerlo por cada documento, todavía se halla lejos una solución en los condados.
¿Cómo este debate ayuda a corregir las injusticias del pasado?
Víctor Palomino, del Departamento de Noticias de Radio Bilingüe para el Valle Central de California, entrevistó para Línea Abierta a la politóloga de la Universidad estatal de Fresno, Ana Bella España Nájera, quien explica el origen de dicha cláusula racista en los títulos de propiedad.
El Redlining es una política pública federal que surge en 1933, para impulsar a más gente a adquirir vivienda mientras el país va saliendo de la crisis de la Gran Depresión, dice la Ana Bella.
“Se crean mapas donde se hacen divisiones en tres categorías: rojas, que dan el nombre al redlining, y que son las áreas menos deseadas o donde generalmente vive gente negra o gente de color; del sur, del oeste de Estados Unidos…”.
Las zonas se marcan en el mapa, dice la experta, donde “es muy difícil, si no imposible, financiar viviendas ahí… se concentra gente que por lo general no va a poder comprar casa fuera de esas áreas”.
No obstante, el gobierno está subsidiando con préstamos e hipotecas, en áreas más deseables, pero con la cláusula de que no se puede revender a gente de color. “Entonces las consecuencias de eso se mantienen hasta hoy”.
– Poseer o tener acceso a una vivienda es una de las maneras con que históricamente las comunidades han avanzado, económicamente y también en el tema de la inmigración, ¿verdad? -pregunta Palomino.
“Si tú ya no pudiste comprar en esas áreas, porque eres una persona de color, no deseable, algo que tú y tu familia podrían haber pagado, en 30 o 40 años, cuando quiten esas reglas de que ya no pueden discriminar contra ti por tu color, ya no vas a poder financiar esa casa… ahora cuesta el doble o más de lo que costaba hacer 30 o 40 años… esa oportunidad ni tú ni tu familia la van a volver a tener”.
–¿Qué nos puedes decir del problema para esta parte del oeste, de California?
“Esto se vuelve la política pública no solamente del gobierno federal sino también del estatal y del de los gobiernos locales…. No sólo en áreas urbanas sino también rurales… a donde no llega el financiamiento para esas zonas marcadas en rojo”.
En 1968 se aprueba la Ley de Vivienda Justa, que afirma que no puede haber discriminación en base a raza o etnicidad, sostiene Ana Bella. Lo que no quiere decir, señala, que ya en esa fecha cese dichas políticas. “Hoy, estamos tratando de deshacer lo que se hizo en ciertos vecindarios, que históricamente recibieron menos inversión y por eso están donde están… en las décadas de los 30 a los 70, pero no hay una sobre inversión para hacerlo”.
Cuando pasó hace 2 años en California la Ley 1466, dijo a los registradores de la propiedad que tienen que modificar ese lenguaje cuando lo encuentren, señala Palomino.
–¿Qué significa eso, qué le va a traer a las comunidades directamente afectadas por este lenguaje?
“Si no hay una inversión de recursos, que trate de veras de invertir en esas comunidades, no se ve el beneficio, aunque sea simbólico… Tenemos el riesgo de que al quitar el lenguaje, sin una inversión, entonces se podría decir que estamos tratando de borrar un poco la historia, pero sin una inversión para esas comunidades que fueron históricamente afectadas por esas políticas del gobierno estatal”.
Y concluye preguntando si el simbolismo, que es importante, “¿ayuda realmente a las comunidades, o sólo se está tratando de barrer el problema y pretender que no existe”•
