De la redacción
En nuevo revés la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos rehusó escuchar una apelación emitida por una corte inferior a nombre del Estado de Arizona, quien desafiaba su obligación de dar licencias de conducir a los titulares del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, que también les otorga un permiso de trabajo a esos jóvenes inmigrantes conocidos como Soñadores o Dreamers. Es inexplicable el intento perseguido por dos gobernadores durante años, que ahora ha fallado en todos los niveles de la judicatura federal, dijo la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos.
El caso se centró en el programa de DACA, creado en 2012 bajo el mandato de Obama, que el presidente republicano Donald Trump ha estado intentando infructuosamente rescindir. Como se recordará, dos interdictos judiciales han estado impidiendo que el gobierno niegue a los titulares de DACA sus permisos de trabajo y las licencias de conducir mientras su estatus de Dacamentados esté vigente.
Uno de estos fallos, del 26 de febrero, exigió a la administración Trump mantener DACA en su lugar al menos por el momento, o hasta que una instancia superior lo resolviera, rechazando la apelación al mandato judicial de un juez que detuvo la orden presidencial de septiembre para comenzar a cerrar el programa el 5 de marzo.
La administración Trump había instado a los jueces a no escuchar la apelación de Arizona, diciendo que “la decisión del presidente de rescindir la política significa que las preocupaciones del estado ya se han abordado”, refiere Reuters.
Un segundo juez federal emitió un mandato similar manteniendo DACA en su lugar. Pero el estado decidió no aceptar los permisos obtenidos por los destinatarios de DACA.
Hoy el Fiscal General de Arizona, el republicano Mark Brnovich expresó su frustración “porque los jueces eludieron el tema de si Obama tenía la autoridad para crear DACA”, dice la fuente.
«Nuestro caso siempre ha sido algo más que sólo licencias de conducir», dijo Brnovich en un comunicado. «Se trata de la separación de poderes y si el presidente, cualquier presidente, puede actuar unilateralmente y eludir al Congreso para crear nuevas leyes».
Por su parte, la ACLU de Arizona opina que “el estado había infringido los poderes federales para hacer política de Inmigración. Arizona fue el único estado que negó licencias de conducir a los destinatarios de DACA”, según documentos judiciales en poder de la Unión de Libertades, que representa a un grupo de dacamentados a los que se le les había negado su derecho a obtener una licencia de manejo.
«El intento inexplicable de Arizona de negar licencias de conducir a los Dreamers, perseguido por dos gobernadores durante años, ahora ha fallado en todos los niveles de la judicatura federal», dijo la abogada de la ACLU, Jennifer Chang Newell.
El falló se desprendió del noveno Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, California, quien anuló la política de Arizona dictaminando que “el estado no puede desarrollar su propia definición de inmigrantes que están autorizados a estar en los Estados Unidos” y que “sólo el gobierno federal tiene ese poder”.
Arizona había apelado a la Corte Suprema, diciendo que la decisión del 9no Circuito atropelló la soberanía de ese estado. Arizona dijo que “DACA fue promulgada a través de un memorando del Departamento de Seguridad Nacional, no de legislación en el Congreso de EE. UU. O de un proceso formal de elaboración de reglas de la agencia, y no puede reemplazar la ley estatal que regula las licencias de conducir”, pero la Corte Suprema se negó a escuchar el caso, concluye Reuters.