De La Redacción

Tribunal Federal de Apelaciones rechaza la solicitud de Arizona para una nueva audiencia del caso de licencia de conducir. La decisión allana el camino para los jóvenes inmigrantes que soliciten licencias de conducir.

Mientras continúa la disputa política de los republicanos que claman derogar o frenar al menos la medida tomada recientemente por el presidente Obama para aliviar temporalmente de la deportación a unos 5 millones de indocumentados, y los detalles de la acción ejecutiva poco a poco se van esclareciendo, ayer hubo también una buena noticia para estos inmigrantes, que pasó desapercibida quizás, sepultada por otras noticias de mayor peso mediático como Ferguson y Ayotziinapa, principalmente.

Y es que la Corte de Apelaciones para el Noveno Distrito, en San Francisco, California, rechazó un pedido para reconsiderar un dictamen previo en el que señala que al negar licencias de conducir a inmigrantes anteriormente indocumentados pero beneficiados con la Acción Diferida para los llegados en la niñez (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), el estado de Arizona incurre en un acto inconstitucional. Esto dice un comunicado de la Unión Estadunidense de Derechos Civiles (Aclu).

El referido dictamen judicial valida una decisión emitida en julio pasado en la que ordena al Estado de Arizona dejar de privar a esos jóvenes inmigrantes -que llegaron a este país cuando niños- de la obtención de una licencia de conducir. Debido a DACA, el grupo de estos jóvenes (Soñadores/Dreamers), tiene permiso del gobierno federal para vivir y trabajar legalmente por dos años, renovables, en Estados Unido; pero se ven seriamente afectados por la imposibilidad de obtener licencias de conducir, dijo el referido tribunal a principios de este año.

La decisión de ayer se convierte así en la más reciente victoria legal de una amplia coalición de grupos defensores de los inmigrantes, contra la política discriminatoria que permite a Arizona negar las licencias de conducir a personas con autorización legal para residir en el país, por estar adscritos a DACA, y que los faculta para solicitar y obtener una identificación oficial emitida por el estado de Arizona.

La noticia fue bien recibida por los demandantes en el juicio, entre quienes se hallan el presidente de la Coalición para la Ley del Sueño/Dream Act de Arizona, Dulce Matuz: «La gobernadora Brewer ha desperdiciado incontables dólares de los contribuyentes en la defensa de una política equivocada y perjudicial, que ha sido rechazada una y otra vez por los tribunales. Esperamos que el anuncio de hoy nos permita aplicar finalmente para el documento de identificación que con razón nos identifica como ciudadanos de Arizona».

Jennifer Chang Newell, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Aclu, declaró por su parte: «La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito y el gobierno federal están de acuerdo: la negación de licencias de conducir de Arizona a los jóvenes inmigrantes (Dacamentados) viola nuestra Constitución… Ya es tiempo de que la gobernadora Brewer lea la ley en la pared, ¡y deje que los ‘soñadores’ anden en coche!».

Un poco de historia
Durante más de dos años, los demandantes en este caso han luchado por el derecho a ganar la licencia de conducir para los Dacamentados. En agosto de 2012 la gobernadora Brewer emitió una orden que negaba licencias específicamente a los jóvenes inmigrantes, a quienes se concede permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos, bajo el programa DACA.

El Centro Nacional de Leyes de Inmigración (Nilc), la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (Aclu), el Fondo de Defensa Legal y Educación Mexicano Americano (Maldef), y la Aclu de Arizona impugnaron la orden ejecutiva de Brewer y las políticas relacionadas en los tribunales, alegando que la prohibición de las licencias viola el derecho constitucional a los destinatarios de DACA, a contar con igual protección ante la ley, así como los principios de supremacía federal en el ámbito de la política de inmigración y el derecho.

En el comunicado, Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center (Nilc) expresa: «Con la decisión de hoy, el tribunal ha hecho claro que la quijotesca cruzada de Arizona para convertir a los inmigrantes en villanos es constitucionalmente poco sólida, y reivindica a nuestros demandantes valientes”. Y añade: «Esto debe servir como una llamada de atención para el nuevo gobernador: hacer lo que es mejor para su estado, permitiendo obtener una licencia a todos los que deberían estar facultados para que puedan conducir a la escuela y el trabajo y puedan participar plenamente en sus comunidades».

El Concejero Nacional de Maldef, Víctor Viramontes dijo: «La campaña antinmigrante de Arizona es una política destructiva que ha demostrado ser muy costosa para los contribuyentes. Ahora, Arizona ha perdido una vez  más en un tribunal federal, y los receptores de DACA finalmente recibirán las licencias de conducir que Arizona no debería haberles negado».

Después de que un tribunal federal de distrito declarara en mayo de 2013 que la política de Arizona probablemente constituía una discriminación inconstitucional, el Estado de Arizona trató sin éxito de ampliar su negación de licencias a otras categorías de inmigrantes para evitar aparecer como discriminatorio, afirma el comunicado.

En julio de 2014, el Noveno Circuito determinó que la política de Brewer era probablemente inconstitucional, y aprobó una medida cautelar para que los jóvenes inmigrantes sometieran sus solicitudes de licencias. Esta medida cautelar fue congelada después de que Arizona solicitó audiencia en el plenario, lo que habría proporcionado al estado la oportunidad de hacer sus argumentos frente a un panel de 11 jueces.

Antes de denegar la solicitud de una nueva audiencia a Arizona, el tribunal había invitado al gobierno de los Estados Unidos para que compartiera sus puntos de vista sobre si el caso debe ser reescuchado. En septiembre, el gobierno federal de Estados Unidos presentó un escrito ante el tribunal, en el que dice estar de acuerdo en que la política de Arizona es inconstitucional y se opuso a su solicitud de audiencia.

Copia de la orden del tribunal
Contactos:
Isabel Alegria, American Civil Liberties Union 415-343-0785, 646-438-4146, ialegria@aclu.org
Adela de la Torre, National Immigration Law Center, 213-400-7822, delatorre@nilc.org
Larry Gonzalez, MALDEF, 202 466-0879, lgonzalez@rabengroup.com
Steve Kilar, ACLU of Arizona, 602-492-8540, skilar@acluaz.org