Marco Vinicio González
Noticiero Latino, Nueva York
Tras ser catalogado como el menos productivo de la historia, el Congreso 113, que dio comienzo oficialmente a principios de 2013 ha pasado un total de 98 proyectos de ley, que van desde la seguridad nacional a medidas que cambian los nombres de las oficinas de correos y avenida, y cosas por el estilo. Este Congreso rompió el récord de improductividad, establecido por el último Congreso que gobernó (o al menos que lo intentó) en 2011 y 2012, desde que comenzó a llevarse esta cuenta hace casi siete décadas, dice un análisis de la cadena NBC.
No obstante, a escasos días efectivos de trabajo para concluir esta legislatura, y a pocas semanas de que los republicanos se conviertan en mayoría en ambas cámaras, los legisladores republicanos dedicaron el día de ayer a celebrar una audiencia en el Comité de Seguridad Interna de la cámara baja, para retar la legalidad o constitucionalidad de la acción ejecutiva tomada por el presidente Obama el 20 de noviembre encaminada a proteger de la deportación a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados.
Durante dicha audiencia la intensidad de la ira de los republicanos se notó en la forma con que el presidente del referido comité abrió la sesión. El representante por Texas, Michael McCaul acusó a Obama de cometer «un arrebato de poder ejecutivo sin precedentes», una acción encaminada a «socavar la Constitución y amenazar nuestra democracia»; y además advirtió que la medida provocará una nueva oleada de inmigración irregular, según reportó The New York Times en su edición de hoy. De acuerdo con reportes de la televisión en español, en algunos puntos del cruce fronterizo se ha registrado un considerable aumento de migrantes indocumentados intentando pasar a este lado, lo que da municiones a los republicanos aunque los motivos del aumento en la migración sean inciertos.
Además de presuntos expertos en jurisprudencia, citados al referido comité para explorar la constitucionalidad de la acción ejecutiva de Obama, uno de los interrogados por los legisladores republicanos fue Jeh Johnson, Secretario de Seguridad Interna y considerado como el arquitecto de la acción ejecutiva, quien defendió con intensidad dicha medida y la definió como “un acto de sentido común”, advirtiendo que otros presidentes republicanos, como Ronald Reagan y George W. H. Bush ejercieron esta discreción en el pasado.
“Estoy satisfecho como abogado que soy –y como la persona que se presenta aquí a defender sus acciones-, que lo que hemos hecho está dentro de nuestra autoridad legal”, afirmó Johnson en la audiencia.
La febril actividad desplegada ayer por los republicanos en el Congreso para derogar las leyes promulgadas por el presidente Obama, como la reforma de salud y en esta ocasión que nos ocupa la acción ejecutiva, había sido anunciada ya sobre todo a partir del nuevo mandato que les confirió el resultado de la pasada elección intermedia que les entregó la mayoría en ambas cámaras del Congreso.
Como se recordará, apenas anunciado su más reciente triunfo electoral, con el senador republicano por Kentuky, Mitch McConnel, los legisladores de este partido, exigidos por su ala más conservadora y extremista, el Tea Party, anunciaron que lucharían con todos sus recursos para derogar la acción afirmativa del presidente Obama, que tanto los irritó; aludieron razones de legalidad y desacato al Congreso. Estas acciones de los republicanos se enmarcan en la “misión” que se propusieron al inicio de esta administración, hace seis años, que fue la de hacer de Obama “un presidente de un solo término”, como lo anunciara en su oportunidad y en repetidas ocasiones principalmente McConnell.
Vale recordar que la acción ejecutiva de Obama abre otro frente al interior de la comunidad inmigrante, particularmente latina. El retraso del anuncio de la acción ejecutiva varias veces, y antes la inacción de la administración federal para sacar adelante una reforma migratoria cuando tuvo la Presidencia y el Congreso en su poder, o el incumplimiento de otras políticas anunciadas por Obama y relativas a las deportaciones que se ejercerían según se dijo sólo contra inmigrantes con antecedentes criminales, así como el número récord de deportaciones en lo que va de esta administración (más de dos millones). Todo esto desplomó la aprobación al Presidente por parte del electorado latino, por debajo del 50 por ciento según el centro de investigación Pew, quien ubicó este apoyo en 2012 en alrededor del 70%. Pero el reciente anuncio de la acción ejecutiva elevó nuevamente este índice de aceptación popular entre los latinos, y hoy Obama cuenta con el apoyo del 68% entre los miembros de esta comunidad.
Marcha al Capitolio en Washington, DC. Foto Natividad Gonzalez
De regreso a la sesión del comité de Seguridad Interna de la cámara baja, la audiencia transcurrió con algunos tropiezos, como se comentó ayer en Línea Abierta de Radio Bilingüe, donde se señaló que alrededor de una docena de manifestantes fueron expulsados del recinto donde se llevaba a cabo dicha comparecencia con expertos legales y el secretario de Seguridad Interior. Los manifestantes le pedían al Congreso acción en torno a una reforma migratoria.
Madai Maya Ledesma, invitada de Línea Abierta ayer, fue una de las expulsadas del Capitolio por estar protestando afuera de dicha audiencia congresional. Ella es una inmigrante mexicana, de 32 años de edad, con más de 10 años viviendo en el país y madre de una hija ciudadana, que lleva varios años trabajando como activista en pro de la reforma migratoria, en Casa Maryland, en esa región del noreste estadunidense.
Ledesma, quien se beneficiará de la acción afirmativa por ser madre de una hija ciudadana, Heather, de 6 años, dijo estar muy contenta de ser elegible a la acción ejecutiva, pero lamenta que la medida no ampare al universo completo de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven aproximadamente en este país. Apuntó que no cejarán en el esfuerzo de demandar al Congreso que legisle una reforma migratoria; y dijo también que la lucha no terminará, sino que apenas comienza hasta conseguir su objetivo. Y a pesar de que algunos exclaman desacuerdo con la acción afirmativa por no amparar a los 11 millones de indocumentados, Ledesma coincide con una mayoría, que ve la medida como un primer paso orientado en la dirección correcta, al que pondrá presión para que derive en una legislación que ampare a todos.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana y donde se votará esta semana una medida para rechazar la acción ejecutiva de Obama, John Boehner aceptó sin embargo que el gobierno quizás no tiene los recursos necesarios para deportar a todos, como lo dijo en tono un tanto irónico el Secretario de Seguridad Interior durante la audiieencia, ni para descarrilar la medida; pero amenazó que peleará “con uñas y dientes” para tratar de derogarla.
Según el Centro de Investigación Pew, los 5 millones 800 mil inmigrantes indocumentados que no son elegibles para beneficiarse de la acción ejecutiva de Obama serían los solteros y sin hijos nacidos en Estados Unidos. En un reporte señala que 61 por ciento de los mexicanos indocumentados en Estados Unidos podrían acogerse al beneficio migratorio temporal, mientras sólo 39 por ciento de los inmigrantes de otras nacionalidades son elegibles.
Ahora lo que se avecina es la obtención de los recursos necesarios para manejar los millones de familias que navegarán el sistema burocrático de inmigración, así como el sistema de justicia, afirma el Times. Y los republicanos ya amenazaron con que sólo autorizarán financiamiento parcial al Departamento de Seguridad Interior, y que podrían cerrar el gobierno estrangulando su presupuesto■
