Maribel Hastings
America’s Voice
Si bien es cierto que la pesquisa del fiscal especial, Robert Mueller, exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) –nombrado para investigar si la campaña de Donald Trump y Rusia confabularon durante las elecciones presidenciales de 2016–, apenas arranca y que es imposible predecir en qué resultará, al menos a nivel de percepción resulta irónico que una administración con una reputación comprometida esté encargada de señalar «bad hombres» y deportarlos, sobre todo cuando esos «bad hombres» son padres y madres de familia sin historial delictivo.
Mientras Trump y sus allegados enfrentan su Rusiagate, su administración y el Congreso de mayoría republicana, en particular la Cámara de Representantes, siguen avanzando medidas administrativas y legislativas en contra de la comunidad inmigrante.
Nunca defiendo lo indefendible y, al igual que la comunidad inmigrante, soy la primera en abogar por la remoción de los elementos criminales que suponen una amenaza para nuestras comunidades y nuestra seguridad. Pero también condeno que de un solo brochazo se pinte a todos los indocumentados como delincuentes y que a la hora de priorizar una detención y posterior deportación dé lo mismo ser un asesino o violador que conducir un vehículo con un foco fundido.
A nivel administrativo, el gobierno de Trump ha echado por la borda la priorización de deportaciones que costó sangre, sudor y lágrimas conseguir durante el gobierno de Barack Obama. Los agentes migratorios se sienten envalentonados porque para efectos prácticos les han dado carta blanca y detienen inmigrantes sin distinción de lugar o circunstancias.
Aunque en algunos puntos del país la presión comunitaria y mediática ha logrado evitar, de momento, una que otra deportación, pueden contarse con los dedos de las manos. En otros casos ni la presión mediática ni la intervención de políticos, incluso republicanos, han impedido, por ejemplo, que una madre de familia sin antecedentes penales, como fue el caso de Maribel Trujillo, fuera deportada sin contemplaciones.
Esta política de que todo indocumentado es deportable, vuelve a ubicarlos en un vacío como seres sin lazos familiares que en nada contribuyen a la economía ni al dinamismo de sus comunidades. Se pasa por alto que en su mayoría tienen vidas establecidas con más de una década en este país, que tienen hijos ciudadanos, trabajan y pagan impuestos, son mano de obra en sectores vitales de nuestra economía, a veces son dueños de negocios o auspician con su patrocinio otros negocios que mantienen la economía viva y las comunidades vibrantes.
A nivel legislativo y sobre todo en la Cámara de Representantes, los republicanos trabajan arduamente para otorgar mayores recursos y autoridad a la Fuerza de de Deportación de Trump.
A nivel de comité Judicial se debaten varias medidas, incluyendo dos de los congresistas republicanos, Bob Goodlatte, de Virginia y presidente del Comité Judicial, y Raúl Labrador, de Idaho e integrante del ultraconservador Freedom Caucus.
El proyecto de Goodlatte, entre otras cosas, no solo agrega 10 mil agentes sino que los arma con rifles de asalto como la carabina M4 utilizada militarmente, porque para estos republicanos portar un M4 es requerido para detener a padres y madres de familia sin historial delictivo.
Por su parte, el proyecto de Labrador, entre otras cosas, convierte a las policías locales y estatales en agentes de Inmigración desoyendo a las propias autoridades, que argumentan que estas medidas sólo minan la confianza de los inmigrantes en la policía, evitando que reporten delitos de los que son víctimas o testigos, comprometiendo la seguridad de todos.
Estas medidas son sólo una muestra más de que los republicanos únicamente ven a los inmigrantes como delincuentes. Lo cual me trae a la ironía de este momento que vivimos.
Es cierto que hay una pesquisa en curso, pero tal parece que figuras que pudieron haber conspirado con el gobierno ruso para influir en nuestras elecciones presidenciales, y un presidente que incluso puede potencialmente haber incurrido en obstrucción de justicia, son quienes señalan acusadoramente a los inmigrantes tildándolos a todos de criminales.
Al final, ¿quiénes serán los verdaderos «bad hombres»?
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice
Video relacionado:
