Inmigrante apoya una legalización para vivir en el que considera su país, Estados Unidos. Foto: PBS.

De la Redacción

Ingresos fiscales en un escenario de legalización: En los primeros tres años, el «aumento del poder adquisitivo de los trabajadores recién legalizados generaría de 4 mil 500 a  5 mil 400 millones de dólares en ingresos fiscales netos adicionales, a nivel federal, según UCLA. Porque «todos los trabajadores inmigrantes en este escenario tienen derechos laborales completos, que resulta en salarios más altos -y una mayor productividad del trabajador- para todos los trabajadores en las industrias donde se emplea un gran número de inmigrantes».

En el plan para los primeros 100 días de su próxima administración el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump anunció en un video publicado hoy en The New York Times, que el eje principal de su estrategia es fortalecer la economía doméstica creando abundantes fuentes de trabajo y mejorando la salud. Apoyado en el equipo de trabajo de esta etapa de transición, Trump anunció que desde el primer día de su presidencia ordenaría acciones ejecutivas para “restaurar la ley y traer los trabajaos a casa otra vez”.

Retiraría a Estados Unidos del Tratado Transpacífico, cancelaría restricciones en la producción de energía, eliminaría dos regulaciones viejas, por cada nueva regulación, sin explicar el contenido de ninguna. Y protegería al país de los ciberataques, dijo, entre otras medidas de seguridad.

En el terreno de la migración aseguró que va a facultar al Departamento del Trabajo para “investigar los abusos en la emisión de visas, que drenan el empleo de los trabajadores estadunidenses”. Curiosamente esta vez no mencionó las deportaciones, aunque en repetidas ocasiones ya como presidente electo ha mencionado que deportaría a unos dos o tres millones de indocumentados, con record criminal.

El problema aquí es ver si un inmigrante indocumentado que cruzó la frontera sin ‘papeles’ o permaneció en este país tras vencer su visa cometió un delito considerado como crimen, porque entonces está hablando de deportar a los más de 11 millones de indocumentados que viven en este país, a quienes acusa de “socavar las fuentes de empleo para los estadunidenses”.

Numerosos estudios sin embargo han demostrado que los indocumentados no socavan las fuentes de trabajo, sino que por el contrario contribuyen enormemente a la economía de este país. Veamos algunos números del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), una organización de investigación sin fines de lucro y no partidista que trabaja en asuntos de política fiscal federal, estatal y local para brindar información veraz y oportuna a funcionarios gubernamentales, a la prensa y a la opinión pública.

La fuente estima que -sin contar los impuestos federales-, en 2013 los inmigrantes indocumentados pagaron en impuestos estatales y locales la friolera de 11 mil 600 millones de dólares, desglosados de la siguiente manera:

• 7 mil millones en impuestos de ventas
• 1 mil 100 millones en impuestos sobre el ingreso
• 3 mil 600 millones en impuestos sobre la propiedad

Estas contribuciones abarcan un rango geoeconómico que va de Montana, con sólo 4 mil indocumentados que aportaron al fisco 2 millones 100 mil dólares, hasta California, hogar de 3 millones de indocumentados que pagaron 3 mil 100 millones.

Durante ese mismo año fiscal, son seis los estados en los que los indocumentados reportaron los mayores ingresos al fisco estatal y local, afirma el ITEP: California, Texas, New York, Illinois, New Jersey y La Florida. Y su aportación promedio corresponde al 8 por ciento de los ingresos personales de dichos indocumentados, mientras que el 1% más rico de la población estadunidense pagó sólo el 5.4% de sus ingresos.

Además, hay dos escenarios que aumentarían notablemente las contribuciones fiscales de los inmigrantes indocumentados a este país: La Legalización y la Acción Ejecutiva, explica la fuente.

La concesión del estatus de residente permanente legal (LPR) a los 11 millones de inmigrantes indocumentados -la legalización-, generaría un mayor aumento en los ingresos fiscales, dice.

Así como también la suspensión temporal de la deportación y autorización de trabajo renovable por tres años, que el gobierno de Obama concedería a cinco millones de inmigrantes indocumentados a través de la acción ejecutiva.

Esto incluye la expansión del programa de DACA y DAPA, aunque los beneficios fiscales derivados de estas medidas no serían tan altos como en el marco de un amplio programa de legalización, asegura la fuente.

Según un estudio de 2010, de investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), que ha producido estimaciones comparables de aumentos en los ingresos fiscales, en un escenario de legalización, sostiene que en los primeros tres años el «aumento del poder adquisitivo de los trabajadores recién legalizados generaría de 4 mil 500 a  5 mil 400 millones de dólares en ingresos fiscales netos adicionales, en el nivel nivel federal. Porque «todos los trabajadores inmigrantes en este escenario tienen derechos laborales completos, lo que resulta en salarios más altos -y una mayor productividad del trabajador- para todos los trabajadores en las industrias donde se emplea un gran número de inmigrantes».

Ahora, en un escenario de Acción Ejecutiva, los ingresos y las contribuciones tributarias de los inmigrantes indocumentados elegibles son muy similares a las de los de la legalización. Sin embargo, dado que la acción ejecutiva beneficiaría sólo a cinco de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país, el efecto general sobre los ingresos fiscales estatales y locales sería menor que en el caso de los de la legalización.

De acuerdo con el ITEP, las contribuciones de impuestos estatales y locales de los cinco millones de inmigrantes indocumentados elegibles para DACA aumentarían de su nivel actual de 5 mil 300 millones de dólares a 6 mil 100 millones, o un aumento de 805 millones de dólares que incluye lo siguiente:

• Un aumento de los actuales 3 mil 200 millones, a 3 mil 400 millones en impuestos sobre las ventas
• Un aumento de los actuales 470 millones, a 912 millones en impuestos sobre la renta
• Y un aumento de los actuales mil 600 millones, a mil 800 millones en impuestos a la propiedad.

Las mayores contribuciones en los ingresos tributarios como resultado de dichas acciones ejecutivas serían de los indocumentados en California, Texas, Nueva York e Illinois. Además, la tasa media efectiva de impuestos estatales y locales de inmigrantes indocumentados que se benefician de las acciones ejecutivas aumentaría de 8.1 a 8.6 por ciento.

Este aumento se debe a dos factores, dicen:

• Si los inmigrantes indocumentados pueden trabajar legalmente, muchos trabajadores y empleadores saldrán de la economía subterránea y pagarán impuestos por nómina por primera vez
• Permitir que los inmigrantes indocumentados trabajen legalmente conducirá a mayores salarios, porque la autorización de trabajo «los equiparía con un escudo contra la explotación en el lugar de trabajo y les permite moverse libremente por el mercado de trabajo para encontrar empleos más acordes con sus habilidades
• Lo indocumentados son capaces de maximizar su productividad e ingresos, lo que aumenta el valor que aportan a la economía (PIB) ya los impuestos que pagan

La ITEP y otros investigadores estiman que los legisladores que discuten la mejor manera de tratar con los millones de inmigrantes indocumentados que ahora viven en Estados Unidos, “deben tener en cuenta estas cifras (anteriores)”. Que a pesar de su condición de indocumentados, están agregando valor a la economía de Estados Unidos, “no sólo como contribuyentes, sino también como trabajadores, consumidores y empresarios”. Que si tuvieran un estatus legal, contribuirían aún más. Y que por otra parte, “una de las alternativas que se discuten en algunos círculos -la deportación en masa-, sería un error muy costoso y económicamente autodestructivo, sin mencionar una catástrofe humanitaria”.

En la segunda entrega de este reporte, abordaremos los costos económicos y las dificultades logísticas y operativas de una deportación masiva, con cifras verdaderamente alarmantes para el contribuyente estadunidense y para el producto interno bruto del país; por el enorme vacío que generaría una expulsión masiva en la planta productiva de Estados Unidos■