En el primer día del receso de verano y tras pasar la legislación bipartidista para la infraestructura física en el Senado, un malestar se revuelve al interior de las huestes demócratas del Congreso. Porque un grupo de moderados no quiere respaldar la votación del presupuesto hasta ver convertido dicho proyecto de infraestructura en ley. Esto podría bloquear el plan de dos etapas de su partido, de aprobar un proyecto de presupuesto de política social, de 3.5 billones de dólares que incluya una reforma migratoria a través de la reconciliación presupuestaria.

De la redacción

Como reportamos oportunamente en este mismo espacio, el Senado aprobó el martes el proyecto bipartidista de ley de infraestructura con 69 votos, incluidos 19 republicanos. Luego, el miércoles temprano aprobó con votos sólo demócratas una resolución presupuestaria de 3.5 billones (millones de millones) de dólares. De ser aprobado el primer proyecto de ley por la cámara baja, permitiría a los demócratas de ambas cámaras elaborar el proyecto final de ley de política social en el otoño, a traves del mecanismo de resolución presupuestaria.

Esto le aseguraría a los demócratas no volver a caer en la clásica maniobra obstruccionistas de los republicanos en el Senado, expertos en dilatar la votación argumentando interés y proponiendo enmiendas para agotar los tiempos legislativos y después votar en contra de sus propias promesas y evitar un triunfo de la agenda demócrata.

Sin embargo, hay algo más preocupante aún, más allá del obstruccionismo de los republicanos. Y es que en una carta revelada esta mañana de hoy viernes un grupo de nueve congresistas demócratas moderados advirtieron a la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata de California Nancy Pelosi, que no votarán a favor de una resolución presupuestaria destinada a allanar el camino para la aprobación de un paquete de política social, de 3.5 billones de dólares tentativamente pensado para pasar a finales de este año, hasta que el proyecto bipartidista de ley de infraestructura sea aprobado por ambas cámaras y promulgado ley.

Se trata de una amenaza importante que fractura el esfuerzo de los demócratas del Congreso y la administración Biden para promulgar los acuerdos de infraestructura, el bipartidista de un billón de dólares y el de la ‘infraestructura humana’ o de expansión de las políticas sociales, de 3.5 billones.

Trascendió que el 23 de agosto la líder Pelosi llamó a sus huestes a la cámara baja para considerar el camino de la resolución presupuestaria. Y para apaciguar las aguas que amenazaban turbulencia, llamó también a los demócratas progresistas que están más interesados en el proyecto de ley de política social, para prometerles que no convocará a votación el proyecto de ley bipartidista hasta que el Senado apruebe el proyecto de ley de política social, que está pendiente tras haberse aprbado sólo una resolución.

Y es que, conociendo la historia de los desenlaces de estos procesos legislativos de gran calado, el ala progresista demócrata desconfía de que se firme el proyecto de ley de un billón, ante la amenaza de sus colegas moderados en ambas cámara, que han advertido retirarán su apoyo a la medida de política social de gran alcance hasta ver culminado el prurito bipartidista.

Eso podría ocurrir, si acaso, hasta a bien entrado el otoño, según analistas, dada la división partidista en el Senado. Porque incluso estos moderados sostienen que retrasar la votación sobre el primer proyecto de infraestructura corre el riesgo de que eventos imprevistos la descarrilen.

Y está también la opinión del grupo de legisladores latino, que ha tomado su propia posición y también advierte a los líderes demócratas del Congreso que que no votarán por el proyecto de ley bipartidista hasta que pase también el proyecto de política social que financie sus prioridades; que además de cambio climático, educación, atención médica, licencia familiar, cuidado de los niños y los ancianos, etcétera, deberá incluir y pasar la reforma migratoria echando mano del recurso parlamentario de la reconciliación presupuestaria.

Esa situación se pronuncia como la primera y verdadera prueba de fuego para el liderazgo demócrata del Congreso y la administración Biden■