Protestan contra los estragos de los ataques a las ‘ciudades santuario’ de parte de la administración Trump. Foto: KHN.

Marco Vinicio González

El gobierno republicano de La Florida discute un paquete de leyes en ambas cámaras de la Legislatura, que criminaliza y ataca los derechos de los inmigrantes indocumentados. Penaliza a quién transporte a una persona que esté en este país sin autorización legal, ya sea porque la lleva a un hospital en caso de emergencia o porque conduce a un o una menor a la escuela, que incluso puede ser propio su hijo.

Además, exige a los hospitales llevar un registro puntual de todas las personas indocumentadas que reciben atención en cada hospital, y calcular cuánto le cuesta al erario estatal esa atención médica. También criminaliza a las familias de estatus mixto; si tienen por ejemplo un miembro indocumentado en la familia, con DACA o algún otro estatus migratorio especial, nada más por eso incurre en un crimen de segundo grado.

O si una persona indocumentada se halla en el interior de un templo religioso en el momento de una redada de Inmigración, el pastor o la pastora por ser responsables de lo que pasa en el interior del recinto religioso está incurriendo en un delito de segundo grado. Así mismo, acusa a los indocumentados de ser una pesada carga pública para el erario, entre otras de las formas de criminalización.

Gerardo Guzmán, conductor de Línea Abierta advierte sobre los señalamientos de su invitada, quien asegura que los republicanos cuentan con mayoría en ambas cámaras de la Legislatura como para pasar el paquete de medidas y que el gobernador DeSantis lo convierta ley con su firma. Por cierto que el gobernador ha lanzado un serie de ataques a las iniciativas para conseguir licencias de conducir para los indocumentados en otros estados.

Pero se trata de una falsa narrativa, antinmigrante, dice Yarelis Méndez Zamora, líder de la campaña de la Coalición de Inmigrantes de La Florida e invitada de Línea Abierta.

«Una de cada cinco personas que viven en La Florida es inmigrante”, sostiene la experta.

“Nosotros somos cruciales para la economía de La Florida, hemos dado la vida por este estado, hemos estado pagando impuestos, comprando casas… Simplemente queremos vivir en paz. “Y desgraciadamente por su teatro político el gobernador no se está enfocando en la crisis”, y menos aún en la crisis climática, dice. “No está diciendo, ‘Voy a construir estructuras urbanas que sean resilientes a los desafíos que plantea el cambio climático”.

Los referidos proyectos de ley de inmigración del gobernador de La Florida van también a penalizar a las empresas y comercios que empleen trabajadores inmigrantes indocumentados, hasta con 10 mil dólares de multa por cada trabajador ‘sin papeles’.

Hay preocupación por el potencial impacto que puedan tener estas medidas en la comunidad inmigrante de La Florida, dice Guzmán. Qué es lo que se debe saber, cómo se deben actuar, cómo tomar decisiones y cómo prepararse ante una eventual imposición de esta ley, plantea.

“Lo primero es saber que una persona tiene derechos, no importa en qué parte esté en el país”, dice Méndez Zamora. “Uno tiene el derecho de guardar silencio, de hablar con su consulado, y también a tener asesoría legal; y el derecho de no firmar ningún documento que no entienda”, dice la invitada.

Y si aspira a un ajuste de estatus migratorio, «es importante afiliarse a alguna organización… que informe sobre los derechos civiles y laborales de todo trabajador y trabajadora en Estados Unidos».

En un ambiente político hostil, de multas y temor, DeSantis pretende omitir la presencia de una parte importante de la fuerza laboral de La Florida, «que son los inmigrantes. Porque uno de cada cinco trabajadores en el estado es inmigrante”, señala Méndez Zamora. Y habla de los distintos testimonios que recoge de la gente, en el ejercicio de su profesión.

“Escuchamos todos los días de empleadores decir a sus trabajadores: ‘No te voy a pagar… voy a llamar a la Inmigración’”.

Cada una de las 97 personas solicitantes de la demanda colectiva recibirá un total de 550 mil dólares, y al solicitar ser parte de ella podrán recibir una carta del servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, que ayudaría potencialmente al migrante a conseguir un ajuste de estatus, señala Guzmán.

A los que reciban esa carta se les sugiere que busquen asesoramiento legal, para tener preparado un diagnóstico legal de su caso, porque cada caso es diferente.

“La ley Laboral dice que cuando tú estás en un litigio legal y te arrestan los agentes de Inmigración o la policía han sido violados tus derechos; y que si lo argumentas, entonces puedes exigir un beneficio y eso es parte de la demanda colectiva. Pero más allá de conseguir cambiar el estatus legal y las reparaciones económicas, lo importante es que “estamos enviando un mensaje muy fuerte a todas las personas, para reafirmar que todos tienen derechos y pueden asesorarse todos los días”.

–¿Cómo pueden estos trabajadores hacer valer sus derechos? -pregunta Guzmán.

Tiene que notificarlo. «Pero primero tiene usted que grabado, bajo video, o en fotos; para que pueda registrarlo en video o en fotos y presentarlo al Departamento de Labor…”. Por eso es importante recibir los talleres que se imparten sobre los derechos de las personas que se hallan en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, dice la experta•