De la Redacción
“Nuestro actual sistema de inmigración y trabajo provee perversos incentivos para explotar a los trabajadores inmigrantes, socavando a los empresarios honestos que están tratando de actuar con las reglas y condiciones de trabajo deprimente para todos los trabajadores. Esto es malo para nuestras comunidades, nuestras familias y nuestra economía”.
Esta declaración inicial emitida desde Washington, DC por María Elena Hincapié, directora de The National Immigration Law Center (NILC), o Centro Legal de Inmigración, se halla en concordancia con esfuerzos que aplaude la también abogada, como el que recientemente propone la representante demócrata por California, Judy Chu, y los copatrocinadores de este proyecto legislativo reintroducido en el nivel federal bajo el nombre de POWER Act (Proteger a Nuestros Trabajadores de la Represión y Represalias). De convertirse en ley, la pieza legislativa brindaría precisamente protección a los derechos civiles y laborales de los trabajadores inmigrantes.
Y es que por ejemplo, se trata de una conducta reprobable y recurrente en el ámbito del trabajo, dice Hincapié: «Estos empleadores explotadores tienen una historia de llamar a los agentes de inmigración cuando los trabajadores comienzan a hacer valer sus derechos laborales”.
La también abogada del National Immigration Law Center sostiene que “La connivencia entre los malos jefes y agentes de Inmigración interfiere con los derechos laborales y los derechos civiles, y las quejas sobre los salarios pendientes de pago, el acoso sexual, o las condiciones de trabajo peligrosas están convenientemente olvidados”.
Por eso es tan importante la Ley PODER, afirma en un comunicado de su oficina Hincapié, porque “eliminaría la amenaza de deportación como una forma de represalia contra los trabajadores que se organizan para establecer condiciones de trabajo seguras y salarios justos”. Además, prosigue el texto, “Cuenta con el apoyo de una amplia e interdisciplinaria sección del trabajo, de derechos civiles y organizaciones de inmigrantes de los derechos que, en conjunto, representan a millones de trabajadores en todo Estados Unidos”.
Aspectos clave de este proyecto de legislación incluyen la expansión de los criterios de elegibilidad para conseguir la visa U, para trabajadores involucrados en reclamo en el sitio de trabajo y que sienten temor o han sido amenazados con la fuerza, la restricción física, el daño grave u otros abusos.
Dicha Ley PODER también “permitiría estancias de remoción y autorización de empleo para los trabajadores que han presentado o son testigos materiales en una demanda laboral”.
«En ausencia de una reforma migratoria común, el Congreso debe considerar seriamente la Ley POWER. Esta legislación sensata protegerá nuestra economía, crea un nivel de igualdad de condiciones para los empleadores, y promueve salarios justos y condiciones de trabajo para todos los trabajadores”, dice Hincapié.
La mejor manera de evitar empleadores abusivos e irresponsables, es “fortalecer las protecciones laborales para los trabajadores inmigrantes que valientemente toman una posición contra las violaciones a la mano de obra», o fuerza laboral, concluye María Elena Hincapié■
