Campesinos indocumentados en California, en la dura labor y sin seguro de salud ni esperanza de alivio migratorio. Foto: Heidi de Marco.

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes dio el banderazo a la Ley de Seguridad y Aplicación de la Frontera de 2023, lo que causaría graves daños a las familias inmigrantes y sus hijos, y acabaría con la ley de asilo en Estados Unidos.

Entre tanto, en el lado opuesto de la moneda la senadora estatal de California, Anna Cabalero presentó el proyecto de Ley SB 831 en el Senado, o el Programa de Residencia Permanente para Trabajadores Agrícolas, que autorizaría al gobernador de California, Gavin Newsom, a trabajar con la administración federal para formar un grupo que establezca un programa piloto de legalización de los trabajadores del campo, dice Chelis López, conductora de Línea Abierta.

Yarelyn Trujillo, Asistente Legislativa de Oficina de Estado de la senadora Caballero e invitada de Línea Abierta, dijo que ya desde 2018 la senadora había presentado –sin éxito- un proyecto de ley similar al que presenta hoy.

–¿Cómo sería este programa piloto, quiénes podrían ser parte de él? –pregunta López.

“… Sería una combinación de trabajo entre el gobierno federal y el estatal para implementar leyes federales de inmigración específicas para California. Uno de los requisitos sería que los trabajadores agrícolas hayan vivido y estado trabajando en California por lo menos cinco años consecutivos en cualquier sector agrícola: en el campo, en los empaques, en áreas de comida…”.

–¿Qué pueden hacer entonces los gobiernos estatal y federal para legalizar a los trabajadores del campo?

Algo que diferencia esta ley de otras anteriores que intentaron implementarse en California, es que las legislaciones anteriores requerían de algún reporte de diferentes agencias de gobierno, sostiene Trujillo.

“Por ejemplo, del Departamento de Desempleo, que dijera en qué sectores estamos sufriendo escasez de trabajadores; o cuáles son las causas de eso, y reportes que fueran entregados a la Legislatura para ser tomados en consideración…”.

Sin embargo, agrega, “esta ley es diferente porque habla de darle ese poder al gobernador, para que negocie con el gobierno federal y empice la conversación sobre cómo ofrecer este alivio migratorio… sabemos que ahorita el Congreso –federal- es republicano, pero el Senado y el presidente son demócratas… si recordamos que durante la pandemia hubo escasez de papel higiénico, de cubre bocas y de desinfectantes, entre otras cosas… sin embargo, siempre tuvimos alimentos frescos, frutas y verduras en nuestra mesa”.

Trujillo agrega que incluso estos trabajadores fueron catalogados como trabajadores esenciales, “y sin embargo no se les dieron las ayudas que se dieron a otros grupos de trabajadores, con programas de ayuda del gobierno federal y estatal”.

Y recuerda también que los trabajadores del campo fueron los que sufrieron las mayores infecciones de covid, por lo que ahora “es tiempo de tratar de hacer algo que les debemos, que se merecen… para que puedan trabajar tranquilamente y salir de la oscuridad en que se encuentran… sin temor de ser deportados o de ir a trabajar y no regresar; o de sufrir abuso de sus empleadores, como no pagarles lo que les tienen que pagar, que los traten mal y que tengan que quedarse callados por no tener un estatus legal en el país”.

–¿Con qué apoyo cuenta la senador, a quienes ha logrado sumar a su causa?

La ley fue introducida hace aproximadamente 15 días al Comité de Recursos Humanos, por lo que los legisladores apenas la están analizado, señala Trujillo.

“Es muy probable que después de que la ley sea escuchada en el comité, algunos miembros quieran ser parte de la ley. Nosotros estamos mandando información a las diferentes oficinas del Senado y la Asamblea, para que se den cuenta de la importancia de esta ley, para que se unan a esta causa”.

También dice que la senadora Caballero ha contado “con apoyo de diferentes organizaciones que representan sectores agrícolas… y líderes campesinas, entre otros grupos”. Y sostiene que dicha ley no sólo impactaría a la comunidad indocumentada, sino en general a toda la comunidad.

“Yo estoy segura de que todas las personas tenemos al menos algún miembro en nuestras familia, algún amigo o conocido que es indocumentado… sin ningún tipo de apoyo estatal ni federal… esta ley les brindaría la oportunidad de seguir trabajando sin miedo, de vivir una vida plena, feliz, de brindarles tranquilidad no solamente a ellos sino a sus familias…».

Cabe resaltar que California es el principal productor agrícola en Estados Unidos, concluye Trujillo, «con más de 50 mil millones de dólares en ingresos anuales que no sólo benefician al estado sino también al país… en California tenemos entre 500 mil y 800 mil trabajadores agrícolas. Y aproximadamente 75 por ciento de ellos son indocumentados”■