Víctor Fonseca, venezolano que lleva más de dos meses en huelga de hambre en la cárcel privada de Inmigración, en Tacoma, Washington. Foto: La Resistencia
El presidente Joe Biden ordenó esta semana poner fin a los contratos con empresas de prisiones privadas que recluyen a presos federales. Sin embargo, organizaciones civiles critican que la orden no se haya extendido a los reclusorios que lucran con la detención de inmigrantes en proceso de deportación, que hoy corren peligro de contagio del mortífero coronavirus. Desde Seattle, en el estado de Washington, José Luis Buen Abad reporta sobre iniciativas en la legislatura estatal que se centran en estos reclusorios.
Maru Mora Villalpando, al frente del grupo de defensa de los inmigrantes detenidos por ICE en el Centro de Detención del Noroeste (NWDC), en Tacoma, Washington. Foto: Cortesía del grupo La Resistencia, al NWDC / Facebook.
Víctor Fonseca es un venezolano que lleva más de dos meses en huelga de hambre en la cárcel privada de inmigración, en Tacoma, estado de Washington. Esto declaró en una conferencia zoom desde su cautiverio.
“A veces no me acuerdo ni donde estoy. Se me olvidan las cosas”
Fonseca lleva detenido un año y medio. No ha sido deportado porque no hay relación diplomática entre ambos países. Su detención es injusta dice Maru Mora Villapando, de La Resistencia, organización que lleva muchos años demandando que cierren esos centros privados de encarcelamiento en todo el país.
“Víctor suena en los mensajes y la última visita que le hicimos se veía muy débil, sin embargo su entereza es mayor que nunca”
Con la salud afectada, Fonseca corre mayor riesgo de contraer el coronavirus ya que los dueños de esta prisión no han sido capaces de reducir los contagios. Mora Villalpando dice que son los empleados quienes contagian a los detenidos. Esta semana 3 empleados resultaron contagiados y ya van 17 en total.
“Si acá afuera, los expertos en salud pública no han podido encontrar una manera de controlar el virus, cómo cree ICE que van a controlar el virus en un lugar confinado”
Afuera del Centro de Detención del Noroeste, activistas protestan con letreros y mensajes que critican la encarcelación de los inmigrantes, sobre todo ahora en tiempos de covid.
La orden ejecutiva que firmó el Presidente Joe Biden para dejar de depender de las prisiones privadas, fue recibida con optimismo moderado por la Unión Americana de Libertades Civiles. Mediante un comunicado destacaron que la acción ejecutiva de Biden es un primer paso, pero necesita extenderse a las cárceles privadas de Inmigración. La activista Mora Villalpando recuerda que fue una promesa de campaña de Biden.
“Aunque él durante su campaña sí mencionó que iba a prohibir las prisiones privadas no sólo federales sino también de inmigración”
Villalpando, como otros defensores de los inmigrantes piensa que las acciones locales pueden ser más efectivas que las federales, y por eso apoya una propuesta de ley recién presentada en el Congreso estatal por un grupo de legisladores demócratas.
Foto: La Recistencia.
“No podemos quitar el dedo del renglón. Acá en el Estado de Washington seguimos con la propuesta de ley HB1090”
La pionera legislación fue propuesta por el representante demócrata Bill Ramos. Si se convierte en ley, prohibiría los centros de detención privados en el estado de Washington.
Estos centros representan una jugosa tajada económica para los empresarios carcelarios. El año pasado más del 80 por ciento de los inmigrantes en centros de detención de ICE estaban detenidos en instalaciones de compañías privadas. La cuarta parte de sus ingresos viene de contratos con la Agencia de Inmigración y Seguridad Fronteriza (ICE).
La compañía GEO Group, dueña del NWDC, donde languidece Víctor Fonseca en su prolongada huelga de hambre, en 2015 firmó un contrato por nueve años donde estiman que el centro de detención de Tacoma tendría ingresos de 57 millones de dólares anuales.
Sin embargo, el proceso de discusión de la legislación apenas empieza y falta un largo camino por recorrer para ser aprobada y ratificada por el gobernador Jay Inslee.
Mientras tanto, los 14 mil migrantes detenidos por el solo delito de no tener documentos migratorios enfrentan la separación y el posible contagio de Covid 19.
Para que los escuchen tienen que arriesgar su salud, como Victor Fonseca. A la huelga de hambre se han sumado dos mujeres detenidas.
Para la Edición Semanaria de Noticiero Latino, desde Seattle, en el estado de Washington, Foto y Guion de José Luis Buen Abad.
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