Dos distritos de irrigación podrían obtener luz verde pronto para construir un nuevo proyecto de banco de agua en el sur del Valle de San Joaquín. El agua se canalizaría desde el canal de Friant-Kern y abarcaría también partes de Fresno, CA. Foto: www.newsdeeply.com.

De la redacción

Aproximadamente un millón de californianos están expuestos a arsénico, nitrato u otros productos químicos en el agua que beben y usan para las necesidades de la vida diaria, debido a un problema de contaminación en los sistemas de agua potable de California. Se trata de un asunto de larga data, más antiguo de lo que la gente se imagina.

Como tal vez se sabrá, desde la costa hasta el Valle Central, o del sur al norte de California cientos de sistemas públicos del agua potable regulados por el estado “no cumplen con los estándares de seguridad para el agua que se bebe”, dice un reporte de The New York Times.

Para salirle al paso al potencial problema de salud pública el gobernador Gavin Newsom ha convertido este tema de la reparación de la red de sistemas de agua potable en un asunto prioritario de su joven administración, que “refresca el momentun de un arraigado problema por el que los líderes políticos del estado han luchado durante mucho tiempo para resolverlo”.

Activistas en favor del agua limpia vieron con buenos ojos la propuesta de Newsom porque ésta establece una fuente de financiamiento sostenido para mejorar la infraestructura del agua y mantener niveles saludables a lo largo del tiempo. “Ellos, y la gente del gobernador, dicen que el monto del impuesto asciende a sólo 1 dólar en la factura mensual” del servicio del agua que todos pagan en el estado, dice la fuente. Pero la cadena CNBC afirma por su parte que el aumento en la tarifa mensual seria de 10 dólares, “aunque se exentaría de este pago a las familias de bajos ingresos”.

La solución propuesta por el gobernador, con un impuesto anual de 140 millones de dólares recaudados en parte a través de las tarifas en los distritos de agua urbanos, ha inquietado sin embargo a muchos, “en un estado donde los residentes ya se sienten sobrecargados de impuestos”. Y dicen que dicha tasa impositiva “podría ser contraproducente”.

Los funcionarios del gobierno estatal llaman a dicho impuesto una «tarifa», que generaría 110 millones de dólares de las empresas de agua, y unos 30 millones de la industria agrícola. El gobernador también tiene la intención de destinar 68 millones para mejorar la infraestructura del agua, dinero que ya se ha pagado con una propuesta de bonos aprobada el año pasado, dice el Times.

Peter Gleick, presidente emérito del Pacific Institute, un grupo de expertos con sede en Oakland, declaró a la televisora que «Somos una economía enorme, y es un poco escandaloso que todos aquí no tengan acceso a agua segura, asequible y limpia”.

Una de las regiones con un historial de agua contaminada es el Valle de San Joaquín, el corazón de la industria agrícola de California, donde se produce casi la mitad de los alimentos frescos que se sirven a la mesa de los estadunidenses. Expertos en la materia han dicho por algún tiempo ya, que “parte de la contaminación en el Valle Central tiene que ver con los nitratos y se debe a los fertilizantes aplicados por los agricultores, las operaciones ganaderas y los sistemas sépticos defectuosos”, señala la fuente.

Gleick insiste en que «El problema en el Valle Central es que hay muchas comunidades que dependen del agua subterránea… Y no están vinculados a un gran sistema municipal que tenga plantas de tratamiento de agua».

Trascendió que en una audiencia la semana pasada el grupo de cabildeo conocido como Asociación de Agencias de Agua de California (ACWA), se pronunció en contra de los impuestos de Newsom diciendo que “algunas agencias necesitarían contratar personal adicional y podrían incurrir en otros gastos para implementar el impuesto”.

ACWA apoya un plan alternativo propuesto por la senadora estatal demócrata, Anna Caballero, que “crea un fideicomiso de agua potable segura respaldado por fondos generales, no por nuevos impuestos sobre el agua potable”, afirma CNBC. El Proyecto de Ley Senatorial de Caballero, SB 669, está encontrando un apoyo bipartidista, pero el plan de Newsom ha ganado el respaldo de algunos grupos agrícolas en el estado.

La investigación de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) apoya la gestión de los recursos hídricos donde la infraestructura del agua natural y construida proporciona agua potable segura y proporciona transporte y tratamiento específico para el uso de aguas residuales. Foto: epa.gov.

El gobernador sostiene que se trata de un problema crítico de salud pública que el estado debe abordar ¡de inmediato! Por su parte, la subdirectora ejecutiva de gobierno, Cindy Tuck declaró a la fuente que «Si bien la mayoría de los californianos tienen acceso a agua potable, ciertas comunidades desfavorecidas no lo tienen, y estamos totalmente de acuerdo con el gobernador”.

El momento de superávit por el que atraviesa el estado “es perfecto para crear y financiar un fideicomiso de agua potable segura y garantizar su acceso a los residentes de estas comunidades desfavorecidas», reiteró Tuck.

De esta suerte la senadora Hurtado, que representa a docenas de comunidades afectadas por la falta de acceso al agua potable, declaró al Times que estaba agradecida por el compromiso de Newsom con el tema. Sin embargo expresó no estar segura de que un impuesto sea viable políticamente.

Aun así, Hurtado es muy escéptica con respecto al lenguaje del presupuesto propuesto, que “potencialmente eximiría a la industria agrícola de la responsabilidad por la contaminación a largo plazo”. Los productos químicos de los fertilizantes y el bombeo de agua subterránea en las granjas industriales son en parte responsables del agua contaminada.

«Eso levanta una gran bandera roja para mí», dijo sin embargo la senadora estatal. «Simplemente no creo que esta propuesta ayude a mi zona. Y creo que podría terminar dañando mi área un poco más», del beneficio que supuestamente traería■