De la redacción
A pesar de la fuerte preocupación de diversos grupos civiles el gobierno de Trump vuelve a consumar un nuevo ataque contra las comunidades pobres de color, con serias implicaciones políticas y sociales, al salirse con la suya e incluir una pregunta -ampliamente rechazada- sobre la ciudadanía, en el Censo de Estados Unidos de 2020.
Este lunes Wilbur Ross, Secretario del Departamento de Comercio, que supervisa la Oficina del Censo, determinó que “la reincorporación de la pregunta sobre ciudadanía en el censo 2020 es necesaria para proporcionar datos completos y precisos del censo», que permitan medir el tamaño de la porción elegible para votar.
Ante esto, una colación de 29 organizaciones comunitarias, laborales y de abogacía legal de Nueva York denunció ampliamente la decisión del Secretario Ross, tras haber enviado una carta el mes pasado al Departamento de Justicia advirtiendo que la decisión afectará el financiamiento de las escuelas, la atención médica y los servicios vitales, así como la representación política de las diversas comunidades del país. Pero el Departamento de Justicia apoyó la medida, dice un comunicado de Se Hace Camino, Nueva York.
Como se podrá imaginar, muchos inmigrantes no contestarán el censo por obvias razones, pues ya se sienten suficientemente atacados por todos los flancos, dada la persecución diaria y deportaciones masivas de inmigrantes que han hecho una vida en este país, con buen carácter moral y conyugues e hijos estadunidenses, que contribuyen todos a la grandeza de este país.
Al conocer la intención del gobierno, a través de un vocero de su oficina el fiscal general de California, Xavier Becerra dijo por su parte que planea demandar a la administración Trump por tomar dicha decisión, reporta hoy The New York Times.
Y además de este desafío legal a la administración Trump, críticos de la medida y expertos en la propia Oficina del Censo han dicho que, “en medio de un ardiente debate sobre inmigración, la inclusión de una cuestión de ciudadanía podría provocar que los inmigrantes que están en el país ilegalmente no respondan” a las preguntas del Censo, dice la fuente.
De ser así, esto daría como resultado “un subregistro severo de la población y, a su vez, datos erróneos para las agencias gubernamentales y los grupos externos que dependen del censo. Los efectos también se reflejarían en la redistribución de distritos de la Cámara de Representantes y las legislaturas estatales en la próxima década”.
El Secretario Ross «ha demostrado su voluntad de permitir que los ataques de Trump en nuestras comunidades infecten el sagrado proceso del censo”, afirma el comunicado de Se Hace Camino.
Agrega: “Nuestras comunidades dependen de datos precisos del Censo para garantizar que obtengan los recursos que se merecen”. Además, el conteo del Censo se usa para determinar la representación del Congreso y el financiamiento justo para las comunidades en esos distritos”.
Lejos de amilanarse la lucha contra esta arbitraria decisión, por parte de las comunidades afectadas apenas ha comenzado, dice el comunicado. “Pedimos al Congreso que proteja la imparcialidad y la integridad del censo constitucional obligatorio. Esta pregunta peligrosa no debe permitirse en el proceso del Censo 2020″, dijeron en su carta de febrero las referidas organizaciones comunitarias.
El Departamento de Justicia había solicitado el cambio en diciembre, argumentando que preguntar en el censo sobre la ciudadanía “ayudaría a hacer cumplir la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales, que tiene como objetivo prevenir las violaciones de los derechos del votante”, dice el Times.
Pero como hemos publicado aquí, este no es más que un pretexto de los grupos xenófobos y del presidente Trump, que han manipulado líneas de distrito para favorecer a los republicanos en el Congreso; además, han reducido los días para la votación por anticipado, exigido identificación oficial con fotografía para sufragar, e impuesto la presencia de personal armado en las urnas para intimidar al votante de las minorías. También han reducido el número de casillas electorales para dificultar el acceso a la votación.
«Lo que la administración Trump está solicitando no es sólo alarmante, sino un intento inconstitucional de desalentar un conteo censal preciso», dijo a la fuente el vocero de Xavier Becerra. Porque las cifras del censo “proporcionan la columna vertebral para planificar cómo nuestras comunidades pueden crecer y prosperar en la próxima década».
¿Qué ciudades y pueblos tienen más que perder?
Si se considera que la fisonomía del país está cambiando rápidamente, y que si sus residentes inmigrantes no son contados esas comunidades perderán fondos federales significativos, entonces, «al final la administración podría estar dañando a su propia base. Pues el hecho de que no se cuente a una familia de inmigrantes no significa que esas familias no esté allí», señala por su parte el Foro Nacional de Inmigración.
De esta suerte, el anuncio sobre la inclusión de la ciudadanía en las preguntas del censo se produce en un momento problemático para la propia Oficina del Censo. “Sus dos principales puestos tienen ocupantes interinos, y se ha visto obligada a omitir dos de sus tres pruebas para el censo de 2020 debido a la falta de fondos. Si las tasas de respuesta para el censo son bajas, los críticos temen que la oficina no pueda ajustar los datos o desplegar suficientes censistas en las comunidades de baja respuesta”.
Se requiere que la oficina presente una lista final de las preguntas del censo 2020 al Congreso a fines de marzo, sostiene el Times■
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Conozca un interesante análisis sobre la importancia de tener un censo preciso (inglés):
Counting for Dollars: The Role of the Decennial Census in the Distribution of Federal Funds