Niños hijos de inmigrantes indocumentados en el blanco del gobernador republicano de Texas,
Greg Abbott para dejarlos sin escuela. Foto: dreamstime.com.

Marco Vinicio González

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbottto ha puesto en el centro de su campaña política por un tercer mandato la idea de derogar una decisión judicial de 1982, derivada del caso Plyler v. Doe, que surgió de una ley de 1975 aprobada por la Legislatura de Texas. Ésta prohibía la asignación de fondos para la educación de no ciudadanos, y permitía que los distritos escolares negaran la inscripción a niños inmigrantes no autorizados.

Pero dicho veredicto estableció que los hijos de inmigrantes indocumentados que no son ciudadanos (niños nacidos en otro país y traídos a por sus padres) deben recibir educación pública gratuita del K-12. Sin embargo, la intentona racista fracasó en la ocasión, como ocurrió también en Alabama, y en California durante la década de 1990.

Según la ley, un distrito escolar en la ciudad de Tyler, en el este de Texas, comenzó a cobrar mil dólares en matrícula anual para los niños inmigrantes no autorizados. La medida fue impugnada hasta el Tribunal Supremo, bajo el argumento de que violó la Cláusula de Igualdad de Protección de la Constitución de Estados Unidos.

The New York Times publicó el miércoles que «números récord de niños migrantes, muchos de los cuales llegan con poca educación, han creado desafíos para las escuelas de todo el país, pues los distritos tienen que expandir los servicios bilingües, transferir maestros y prepararse para ayudar a los estudiantes que pueden haber sido traumatizados en sus países de origen, una cantaleta que ha subido de tono ante el inminente fin del llamado Título 42, pautado para dentro de menos de una semana.

Sin embargo, el argumento de Abbott omite las aportaciones al fisco estadunidense de la comunidad inmigrante latina, de más de 11 mil millones de dólares anuales nada más en impuestos federales, de acuerdo con el Instituto de Política Económica. Y los estados reciben una aportación proporcional.

Además, los hijos de los inmigrantes indocumentados han sido cruciales para mantener inscripciones escolares saludables en estados con poblaciones cada vez más reducidas de jóvenes nativos, dado el envejecimiento de la poblacion blanca.

Por otro lado, una abrumadora mayoría de los hijos de inmigrantes indocumentados ha nacido en Estados Unidos y son ciudadanos, por lo que debieran ser elegibles para muchos beneficios públicos. No obstante, Texas les ofrece menos beneficios que la mayoría de los estados, dice la fuente.

Zeph Capo, presidente del sindicato de maestros de Texas (AFT), dijo a la fuente que las escuelas podrían perder los fondos estatales por alumno, que acompañan a esos estudiantes, así como el dinero adicional enviado por el gobierno federal si el estado prohíbe la educación pública gratuita a dichos niños inmigrantes.

Por eso, hay quienes piensan que hoy más que nunca es necesaria una reforma migratoria, y que mientras ésta llega el presidente Biden podría apelar a las facultades que otorga la ley a su investidura, de la misma manera como lo hizo diligentemente con los ucranianos■