De la redacción
La promesa de campaña del presidente Trump, de construir 450 millas de muro fronterizo para 2021 podría enfrentar barreras en el camino, porque los terratenientes fronterizos se oponen a ceder fácilmente los patrimonios que han construido a lo largo de décadas y generaciones, reclamados por los gobiernos de turno bajo la figura legal denominada “poder de dominio eminente” (eminent domain power) que permite al gobierno comprar terrenos para utilidad de la nación.
Rancheros y propietarios de vastos territorios en la frontera con México se hallan en el dilema de enfrentar al gobierno estadunidense en tribunales o ceder parte de sus propiedades para la construcción de 450 millas de muro fronterizo reemplazando cercas que desde hace décadas dividen a los dos países vecinos.
Sendas demandas legales contra el gobierno han venido ocurriendo desde que el presidente George W. Bush firmara un proyecto de ley en 2006 para comenzar a instalar dicha valla fronteriza. Desde entonces, el gobierno federal ha llegado a acuerdos legales con algunos de dichos terratenientes para adquirir sus tierras, dijo a The New York Times el Proyecto de Derechos Civiles de Texas.
Funcionarios del Departamento de Justicia afirman sin embargo que muchos de esos terratenientes ceden voluntariamente a dejar que el gobierno acceda a sus tierras. Pero otros afirman que por ejemplo los rancheros texanos que poseen esas tierras «tienen que ser forzados o coaccionados para venderla, lo quieran o no».
Lo cierto es que, de acuerdo con la fuente los terratenientes fronterizos dudan que el muro hará mucho para detener la inmigración indocumentada, y aunque apoyan al presidente que lo ordenó, “creen que la construcción ‘arruinará’ su vida’”. No obstante, “vender la tierra desde el principio parecía mejor y más barato que enfrentar al gobierno en los tribunales, sólo para que éste tomara la tierra de todos modos”.
La lista de desafíos que aún enfrenta el «grande y hermoso» muro de Trump incluye una investigación sobre «los contratos de construcción, retrasos en los fondos para los pagos a los propietarios por sus tierras, y una reciente decisión legal que bloquea el acceso de emergencia a los fondos del Departamento de Defensa para construirlo”, sostiene el Times.
“La orden judicial a nivel nacional, por ahora, ha reducido el trabajo de muro en 175 millas, en Laredo y El Paso, Texas; en Yuma, Arizona, y en El Centro, California”.
El gobierno ha construido sólo 93 millas del nuevo muro hasta el momento, casi todo en terrenos federales donde existían barreras deterioradas o barreras para vehículos, dijo a la fuente Aduana y Protección Fronteriza (CBP). De las, 162 millas atravesarán el sur de Texas «144 millas son de propiedad privada”.
En tanto, la administración Trump sólo ha adquirido tres millas desde 2017. Es por eso que el Comisionado de CBP, Mark Morgan planteó serias dudas a la fuente sobre el cumplimiento de la fecha límite en 2021.
La ley está del lado de la administración
Eminentes abogados y académicos expertos en tema del dominio público dijeron en entrevistas con el Times que los propietarios de tierras a lo largo de la frontera “tienen opciones limitadas una vez que reciben una solicitud del gobierno”. A medida que ha crecido la sensación de urgencia, Trump, que no es ajeno a los poderes de dominio eminente, ha sugerido durante diversas reuniones «tomar la tierra» de los propietarios privados.
De acuerdo con la ley en la materia, si el gobierno decide tomar un terreno bajo la figura del poder de dominio inminente y es retado en tribunales para que pague una cantidad mayor que la ofertada, aun con el juicio en curso la administración federal puede iniciar la construcción, dice el Proyecto de Derechos Civiles de Texas.
Continuando dichos litigios donde los dejó el gobierno de Bush, el gobierno de Trump ha presentando 48 demandas para encuestar y comenzar a trabajar en otras parcelas de propiedad.
Otro de los problemas que enfrentan los terratenientes en la frontera es que el muro no correrá exactamente a lo largo del Río Grande, sino que bien adentro del territorio del lado estadunidense, dificultando el fácil acceso a la tierra entre el muro y el río. Esto para algunos “socava el lenguaje en el proyecto de ley de gastos del Congreso de 2019, que decía que los terrenos dentro del Refugio de Vida Silvestre de Santa Ana, por ejemplo, estarían exentos del muro. Y ejecutar la construcción de dicho muro, afirman, dañará la vida silvestre.
Hay poca certidumbre acerca de hacia dónde va realmente el muro
En cuanto a la utilidad de éste, para detener la inmigración indocumentada, expertos afirman que es poca. Que existe la construcción túneles y escaleras para evadir el muro y posibilitar el trasiego de drogas, y que sería de mayor utilidad implementar medidas de vigilancia electrónica y otras tecnologías.
