En Centro de detención del Noroeste NWDC Demandan cese al encarcelamiento de inmigrantes.
Cuando Joe Biden asumió la presidencia firmó una orden ejecutiva a fin de terminar los contratos con prisiones privadas, pero no incluyó a los centros de detención de inmigrantes. Dichas prisiones, donde miles esperan sus juicios de deportación son administradas por empresas que reciben millonarias ganancias, que han sido acusadas de abusos y negligencia por detenidos y activistas, especialmente durante la pandemia. En respuesta, el estado de Washington acaba de firmar una ley que las prohíbe y niega la renovación del contrato con el único centro de detención de inmigrantes que existe en el estado. Sobre eso nos reporta José Luis Buen Abad, desde Seattle, Washington.
Protesta frente al centro de detencion, NWDC: Las familias deben ser reunidas, dicen los defensores de los inmigrantes.
Manuel Abrego es de El Salvador, tiene 36 años, es casado y padre de dos niñas. Estuvo detenido y separado de su familia en una cárcel migratoria.
“Yo estuve en el centro de detención casi un año y medio”, dijo.
El Centro de Procesamiento de Inmigración del Noroeste (NWDC), en la ciudad de Tacoma, es una cárcel privada donde estuvo detenido Abrego; tiene capacidad para mil 575 camas, aunque actualmente alberga a 200 internos en parte por la crisis sanitaria del Covid-19 . Allí los detenidos padecen todo tipo de abusos mientras esperan la deportación, dice Abrego:
“Te despiertan a las cinco de la mañana para darte tu desayuno y la comida viene congelada. Para usar el baño no hay privacidad para nada, te mira toda la gente, también el oficial”
Pero además, dice que los tratan como si fueran los peores criminales.
Activistas se solidarizan con con los detenidos, y demandan su liberación.
“Cuando vas a visitas, a tu familia la miras detrás de una ventana de vidrio donde no puedes tocarles, no puedes siquiera darles un abrazo. Es una tortura”
Abrego describe que en una celda de 9 por 12 pies a veces hay hasta cuatro personas. Con el apoyo de su familia y sus abogados Abrego salió libre, pero miles siguen detenidos dejando jugosas ganancias. GEO Group, la empresa que regentea el único reclusorio migratorio en el estado, reporta ganancias anuales de 57 millones de dólares.
Para poner fin a este drenaje recursos públicos y de abusos los demócratas propusieron la ley HB 1090. La senadora Rebecca Saldaña abogó por la iniciativa:
“Imploro a mis colegas a considerar apoyarla… hemos visto una expansión de lo que debería ser una responsabilidad pública”
Durante la audiencia en el Senado, Alexandra Wilkes, vocera de la compañía GEO calificó la iniciativa de ‘teatro político’.
El gobernador demócrata, Jay Inslee firma la propuesta legislativa que se convirtió en la Ley HB 1090.
“El Centro de Procesamiento en Tacoma de ICE ha operado por más de 20 años bajo administraciones demócratas y republicanas ofreciendo los mismos servicios de alta calidad al gobierno federal”, señaló.
Wilkes dice que esta ley podría forzar la transferencia de los detenidos fuera del estado, separándolos de sus familias, amigos y servicios legales.
La propuesta fue aprobada en el Senado por la mayoría demócrata con 28 votos a favor y 21 en contra. Maru Mora Villalpando, directora de la Resistencia, organización que lleva más de 10 años luchando para que cierren esta cárcel privada, celebró la victoria y explica el contenido de la ley:
“Prohíbe que individuos, agencias del gobierno o corporaciones privadas puedan manejar, operar o crear nuevas prisiones o centros de detención para adultos con fines de lucro”
Maru Mora Villalpando en Tacoma, Washington.
El gobernador demócrata, Jay Inslee firmó esta semana la iniciativa HB 1090 y se convirtió en ley. Por eso el estado ya no renovará el contrato con la compañía GEO, acuerdo que se vence en 2026.
La pregunta que las familias de los detenidos se hacen ahora es, ¿qué va a pasar en cuatro años a los migrantes que aún estén detenidos?
La activista Maru Mora dice que el gobierno federal tiene 4 años para liberar a las personas que quedan en el reclusorio y evitar más detenciones.
Para la Edición Semanaria de Noticiero Latino, desde Seattle, en el estado de Washington, José Luis Buen Abad.
Foto: La Resistencia
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