La del Sheriff del Condado de Travis, Sally Hernández, después de ser juramentado en el cargo en Austin, Texas, el 4 de enero de 2017. A la derecha, el Gobernador Greg Abbott. Foto: CBS News

De la redacción

A partir del 1 de septiembre de este año, las jurisdicciones y los funcionarios texanos que no cumplan con la nueva ley estatal podrían enfrentar multas de hasta 25 mil 500 dólares diarios  y ser cesados o  expulsados de sus propias oficinas y cargos por delitos menores. Y es que el gobernador de Texas, Greg Abbott firmó ayer domingo un proyecto de ley que prohíbe las llamadas ciudades santuario, que limitan a las autoridades policiales locales compartir con los agentes federales de Inmigración la información sobre el estatus migratorio de un individuo.

El proyecto que pasó este año la legislatura de Texas fue aprobado tras una fuerte polémica en la que se impuso el argumento del gobernador sobre “la necesidad de garantizar la seguridad de los residentes legales del estado, reporta el periódico The Dallas News.

Texas no está solo en el esfuerzo contra la política de las ciudades y estados santuarios. Y hasta últimamente universidades y colegios se han declarado santuario. Incluso las iglesias han vuelto a abrir sus puertas para brindar refugio o dar santuario a los inmigrantes indocumentados, como lo hicieron en los años 80 tras la guerra fratricida que Estados Unidos fomentó en Centroamérica.

Como es sabido, apenas días después de asumir el cargo el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que limita el financiamiento federal a las ciudades que restringen la cooperación con las autoridades de Inmigración. No obstante el mes pasado un juez federal bloqueó dicha orden ejecutiva dictaminando que sólo el Congreso puede colocar tales condiciones al gasto público.

Sólo cuando se trata de fondos federales para los departamentos de policía, pero son precisamente estas corporaciones las primeras en oponerse a tal directiva, porque ésta socava la confianza de la comunidad indocumentada con la policía, para reportar crímenes o delitos diversos, como actos de violencia doméstica y accidentes automovilísticos entre otros, por temor a ser remitidos con las autoridades de Inmigración para ser deportados.

Algunos jefes policiales de varias ciudades texanas argumentan que las políticas contenidas en las ciudades santuario les permiten en cambio construir confianza y relaciones dentro de las comunidades de inmigrantes. Al limitar la cooperación con las autoridades federales de Inmigración, dichas políticas les otorgan a los policías y agentes locales la discreción de reportar o no el estatus migratorio, alentando a los criminales de bajo perfil o que han cometido crímenes menores, y a las víctimas de crímenes diversos denunciar estos hechos incluso si viven sin documentos legales de migración en este país.

Por su parte The New York Times reporta hoy que el proyecto de ley que firmó ayer el gobernador Abbott hizo enojar  a muchos defensores de los derechos de los inmigrantes. Sostiene que compararon la flamante ley texana con la tristemente célebre ley de 2010, la SB 1070 de Arizona, que otorga “amplia autoridad a los agentes locales encargados de hacer cumplir la ley para detener a personas sospechosas de estar en el país ilegalmente”.  Es decir, que les da facultades propias de los agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y de la Patrulla Fronteriza por ejemplo.

Como es de conocimiento público dicha ley de Arizona derivó en costosos pleitos legales, boicots y la cancelación de convenciones y conciertos en Arizona, lo que se tradujo en pérdidas multimillonarias para las arcas del estado; y en el caso de los litigios esto se convirtió en una pesada carga económica para el contribuyente en gastos por concepto de juicios prolongados y altas multas.

El presidente y asesor general del Fondo México Americano para la Defensa Legal y Educativa, Thomas Saenz dijo al Times que lo mismo ocurriría con la ley de Texas. Y Terri Burke, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas, dijo en un comunicado que la organización planeaba luchar contra la ley que firmó Abbott.

Por su parte el gobernador Greg Abbott criticó en particular a dos aguaciles latinos y ya canceló una partida presupuestaria para el Condado de Travis, que adoptó recientemente la política de las ciudades santuario para ese condado■