De la redacción

La situación en la frontera sur de Estados Unidos sigue generando preocupación en ambos lados del espectro político nacional, aunque por razones contrarias. Por un lado los republicanos siguen aprovechando con fines electoreros la crisis humanitaria en la frontera, que por el rezago y las aviesas políticas migratorias se ha venido acumulando a lo largo de los años. Y por el otro lado, miembros afines al gobierno de Biden reclaman que se ponga fin a la política antinmigrante conocida como el Título 42.

Este lunes trascendió a la prensa que dos médicos que trabajan como consultores del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enviaron una carta al Congreso para denunciar el «impacto perverso» que la política conocida como Título 42 ha tenido en los inmigrantes que vienen a este país en busca de asilo, un derecho contemplado en la ley estadunidense y en la internacional.

Como tal vez se sabrá, el título 42 es una medida sanitaria que en la pandemia de Covid-19 sirvió para tratar de impedir que se propague el virus en los centros de detención fronterizos. Esta medida permite a los agentes que custodian la frontera negar el debido proceso a los migrantes para revisar si sus casos de asilo tienen mérito, y también para rechazarlos; es decir, arrojarlos a México sin más ni más, incluso si la gran mayoría de ellos no son mexicanos.

De esta suerte se les niega la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos, cuando vienen huyendo de la violencia económica –miseria, desempleo, hambre-; la delincuencia de sanguinarias pandillas que convierten a la población civil en rehén; los desastres naturales –terremotos, inundaciones, incendios-; y la persecución política y religiosa. Con esto se niega una antigua tradición estadunidense.

De las intenciones de los republicanos para rechazar a los migrantes en busca de asilo eni qué hablar, pues lejos de proponer soluciones a los problemas del país se dedican a confeccionar leyes de supresión del voto; a propagar la gran mentira del fraude electoral; a bloquear la política salarial para los trabajadores; a desmantelar los derechos reproductivos de la mujer, y a mantener en las sobras y la “ilegalidad” a los inmigrantes indocumentados entre otras cosas.

Pero lo preocupante es la presión interna al presidente Biden, quien a pesar de haber elegido no rechazar inmediatamente a los menores y en cambio haber comenzado a procesarlos en Estados Unidos, no obstante la mayoría de los adultos solteros y muchos migrantes que viajan juntos en familia continúan siendo rechazados por medio del referido Título 42; esa regla hostil de la era de Trump que los mencionados médicos afirman pone en peligro a las familias vulnerables.

En tanto, el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas declaró en conferencia de prensa ayer lunes que la administración estaba revisando la referida medida de la era de Trump, aunque sin ofrecer una fecha ni siquiera aproximada para levantarla.

La administración está trabajando para «abordar las diversas misiones que tenemos de proteger al público contra una mayor contracción de Covid, asegurándose de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y aplicación de la frontera de la mejor manera posible», dijo Mayorkas.

Hasta el momento, y en medio de este acalorado debate sobre el Título 42, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades no ha encontrado la base legítima de la regla cuando se implementó en marzo de 2020. Pero lo que sí se ha sabido es que Stephen Miller, el principal asesor de Trump en inmigración había estado intentando –sin éxito- desde antes de la pandemia usar el argumento de las potenciales infecciones de los migrantes para impedirles la entrada y expulsarlos inmediatamente.

Por su parte, Prensa Asociada reprodujo las ideas de los referidos médicos en su carta a Biden: «Hay incluso menos justificación de salud pública ahora, cuando, más de un año después, los solicitantes de asilo que llegan podrían ser examinados fácilmente, y actualmente los mayores de 16 años pueden ser vacunados, de una manera que se proteja la salud pública».

Y es que Biden ha prometido que su administración dependería menos de la detención y más de los programas que liberan a los migrantes en Estados Unidos y los rastrean para asegurarse de que comparezcan en un tribunal de inmigración. Y como se ha visto, ha levantado también varias restricciones de la era Trump.

Con todo, el abogado de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU), Lee Gelernt dijo a la fuente que «nunca ha ocurrido que no pudiéramos procesar de manera segura a los solicitantes de asilo desesperados y que era necesario expulsarlos sin audiencias… No podemos entender la administración de Biden y el C.D.C. eligiendo mantener esta política inhumana».

Gelernt insistió en que la administración Biden todavía deja a miles de migrantes varados, y está presionando a su gobierno a fin de que establezca un cronograma para levantar la referida y aviesa medida: «Estamos en un punto en el que, sin un plan para terminar con el Título 42, probablemente no veamos qué queda por negociar», concluyó Gelernt■