Una de las partes más nocivas quizás de la nueva ley antiaborto de Texas, la SB8, es la de crear un clima de ‘vigilantismo’ entre los ciudadanos y parece ser que este pernicioso apartado de la ley entró en escena cuando dos hombres, uno de Illinois y otro de Arkansas presentaron por separado este lunes la primera demanda contra un médico de Texas que desafió la SB8.
El médico texano, Alan Braid admitió haber practicado un aborto violando la prohibición casi total de la SB8, por lo que inmediatamente se presentaron al menos dos demandas después de aceptar haber practicado el procedimiento, reporta The Texas Tribune.
Uno de los dos demandantes, Oscar Stilley fue descrito en la demanda como un abogado «inhabilitado y deshonrado». En una entrevista declaró a la fuente haber presentado la demanda contra el referido médico texano, “para probar las disposiciones de la ley, que como se recordará la propia Corte Suprema se negó detener”; y que efectivamente puso fin a la mayoría de los abortos en el estado desde que entró en vigencia a principios de septiembre.
Y es que la SB8 es “una nueva maniobra destinada a eludir la revisión judicial, y en su lugar se basa en que los ciudadanos presenten demandas legales contra los proveedores de servicios de aborto o cualquier persona sospechosa de «ayudar o incitar» a un aborto. Se trata de un apetitoso señuelo para gente sin escrúpulos, dice la fuente, a quienes la ley de marras premia con al menos 10 mil dólares por denunciar a una persona que se practica dicho procedimiento.
Pero como dijimos oportunamente el lunes en Línea Abierta, en un análisis de Alejandra Soto, Directora de Medios Latinos y Comunicaciones de la federación estadunidense Planned Parenthood, el Departamento de Justicia (DOJ) de la nación sometió una restricción judicial temporal para frenar los ataques de la referida ley contra las mujeres de Texas. Además, señaló que la Corte Suprema escuchará los argumentos el 1 de diciembre sobre una decisión judicial acerca de un caso de Mississippi que desafía la ley federal vigente, Roe v Wade.
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Por su parte, Oscar Stilley declaró a The New York Times «no estar tratando de detener los abortos por parte del Dr. Alan Braid”, un médico de San Antonio que el sábado escribió en The Washington Post haber violado la SB8, que prohíbe los abortos después de que se detecta un latido del corazón del feto, o aproximadamente a las seis semanas de embarazo. «No soy pro-vida», dijo Stilley a la fuente. “Lo que estoy tratando de reivindicar aquí es la ley. Estamos orgullosos de ser una nación de leyes”.
Entre tanto, el DOJ ha demandado a Texas por dicha ley del Senado estatal texano, SB8, y en una moción de emergencia la semana pasada argumentó que “el estado adoptó la medida para evitar que las mujeres ejerzan sus derechos constitucionales”. Y señaló que la ley establecida o vigente, es constitucional; “dice que ‘un estado no puede prohibir a ninguna mujer tomar la decisión final de interrumpir su embarazo antes de la viabilidad’”, afirmó el DOJ en la demanda, refiriéndose al estándar establecido en el caso histórico de 1973, Roe v. Wade. «Y Texas ha hecho precisamente eso», violar una ley constitucional.
El Dr. Braid también fue demandado el lunes por otro hombre de Illinois, no relacionado con Stilley, de nombre Felipe N. Gómez, quien se describió a sí mismo en su denuncia como «un demandante pro-elección», según declaró Gómez anteriormente en KSAT News, de San Antonio. Ambas demandas se presentaron en un tribunal estatal de esa ciudad, y ambos hombres se representan a sí mismos.
Expertos legales han dicho al Texas Tribune estar esperando ver cómo una demanda podría poner a prueba la ley federal en los tribunales. Porque “La prohibición casi total del aborto en Texas depende de ciudadanos privados, no de funcionarios estatales ni de las fuerzas del orden público para hacerla cumplir”. Y esto hace más difícil desafiarla en tribunales.
Hasta hora, como dijo Alejandra Soto en Línea Abierta, esto ha permitido que la ley eluda los precedentes establecidos por Roe v. Wade y las sentencias judiciales posteriores porque no hay un acusado claro para nombrar en las demandas.
En tanto, “La Corte Suprema no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la ley, pero permitió que la prohibición permaneciera en vigor, citando dificultades de procedimiento”, denuncia el Texas Tribune.
Una demanda federal, agrega, «con el objetivo de bloquear la aplicación de la prohibición», de la SB8, «está programada para una audiencia el 1 de octubre». Mientras tanto, “el estatuto ha detenido la mayoría de los abortos en el estado, y las principales clínicas cancelan citas o incluso cesan todos los procedimientos de abortos, incluso los permitidos por la ley, por temor a demandas”, concluye la fuente■
