Despedida del GIEI. Foto tomada de Facebook.
De La Redacción
El escándalo de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, México, se reafirma como ícono internacional de la lucha contra la impunidad y por el esclarecimiento de los desaparecidos.
Hoy el periódico The New York Times se incorpora nuevamente al clamor internacional de la denuncia. Esta vez en el titular de su portada, parte de un hecho: “Con un oficial de inteligencia militar observando, y con policías estatales y federales en las inmediaciones, dijeron testigos, los estudiantes fueron puestos en vehículos de la policía, y se los llevaron. No se les ha vuelto a ver”, desde el 26 de septiembre de 2014.
La asunción del Times es particularmente importante porque la presencia de elementos del Ejército y la policía federal en la escena del crimen, o sea la presencia del Estado mexicano, sigue siendo negada por las autoridades mexicanas, quienes quieren dar «carpetazo» a la investigación.
Y este momento de la declaración del influyente rotativo neoyorquino, que da por hecho lo que sin embargo había sido un secreto a voces en México, parte de una nueva meta en la investigación. El hecho fue sustentado en el último informe dado a conocer ayer por del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI): en el secuestro y asesinato de los estudiantes hubo presencia del ejército y la policía federal. Y demuestra las “evidencias manipuladas, omisiones y torturas en el caso Ayotzinapa”, dice el prestigiado semanario mexicano, Proceso.
Esta lucha, encabezada por los padres y defensores de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (y de los que faltan), y con el GIEI al frente de la investigación científica sobre los hechos, que es -o debiera ser- de todo México, pasa sin embargo por un momento delicado.
Y es que haciendo uso de sus facultades el gobierno de México ha dado por concluida unilateralmente la investigación del GIEI, grupo nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID) para coadyuvar con la investigación sobre el paradero de los normalistas, justamente cuando los expertos en su último informe desmantelan la versión del gobierno que se empecina en su “verdad histórica”; o sea, que sin la presencia del ejército ni de la policía federal y estatal los 43 estudiantes fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes presuntamente los ejecutaron y luego cremaron en el basurero de Cocula, en las cercanías de Iguala, Guerrero.
Hoy el clamor internacional es también una exigencia porque regrese el GIEI y retome las riendas de la investigación inconclusa, tras una más bien triste despedida en la que entre aplausos y lágrimas y abrazos de los padres de los estudiantes, los integrantes del GIEI hicieron entrega del informe y las nuevas conclusiones de su investigación sobre el caso Ayotzinapa. Con esto, da por concluida su presencia en México, cuyo contrato expira el 30 de abril, pero de acuerdo con la CIDH no hay condiciones de seguridad para su permanencia en el país siniestrado por la delincuencia y la connivencia, o por lo menos la ineficiencia del Estado mexicano para brindar seguridad a sus habitantes.
En su último informe rendido ayer en el Claustro de Sor Juana en la capital de México, el GIEI sostiene que la investigación debe continuar, y que hay todavía líneas investigativas que no han sido desarrolladas, que pudieran contener elementos que conduzcan al conocimiento de la verdad sobre los sucesos de esa fatídica noche del 26 de septiembre de 2014. Como la existencia de un quinto autobús, que las autoridades mexicanas se han encargado celosamente de omitir en sus informes, y que pudiera estar relacionado con un circuito de tráfico de heroína entre Guerrero y Chicago, que era necesariamente del conocimiento de las autoridades mexicanas.
“La autoridad manipuló evidencias, obstruyó y rechazó diligencias y protegió a oficiales, indica el documento del GIEI. En el ataque a normalistas hubo perfecta coordinación entre policías y criminales: Ángela Buitrago”, dice La Jornada.
Según esta fuente, en videos presentados por el GIEI, “la Procuraduría General de Justicia “habría sembrado pruebas y restos óseos. En las imágenes se ve a peritos oficiales cerca del Río San Juan recogiendo huesos”.
Y mientras esta despedida se desarrollaba, en Washington DC, diversos grupos de activistas que viajaron desde Nueva York realizaban el reclamo por la permanencia del GIEI en México. Frente a las instalaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA ), Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa Leguideño, uno de los normalistas desaparecido el 26 de Septiembre del 2014, en total apoyo al grupo del GIEI exigía su permanencia en México, junto con miembros de los colectivos, #Ayotzinapa, #Normalistas, #TodosSomosAyotzinapa y #SomosLos Otros NY.
Hasta la precandidata por la nominación del Partido Demócrata, Hillary Clinton declaró la semana pasada que “de llegar a la Presidencia, no descansaría hasta conocer la verdad y el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”.
Entre tanto, el presidente de México agradeció en su cuenta de tuit el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y afirmó que la investigación continuará. Sin embargo, defensores y padres de los normalistas desaparecidos a la fuerza reclaman la continuación de las tareas del GIEI, porque desconfían de la honestidad de las autoridades mexicanas, que han sumido a México en un mar de violencia e impunidad que lo asemeja a un Narco-Estado■
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