Conferencia de prensa que impulsó la falsa narrativa de las autoridades de Uvalde, Texas, sobre la imposibilidad de impedir la masacre de 19 menores y dos maestras en la escuela primaria Robb el 24 de mayo de 2022. Pero el nuevo informe de la Cámara de Representantes de Texas reveló que la verdad se conocía desde hace semanas y se ocultó a los padres de las víctimas y a la opinión pública a pesar de que el gobernador texano, Greg Abbott decía desconocer los hechos. Foto: https://freerepublic.com.

Marco Vinicio González

Residentes y principalmente familiares de las víctimas de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, piden el despido de 5 policías, o al menos que sean puestos en licencia administrativa por sus “inacciones” el 24 de mayo, que resultaron directamente en el asesinato artero de 19 menores y dos maestras en ese plantel.

En una reunión con el Consejo Municipal de Uvalde, miembros de la comunidad confrontaron la noche del martes a los funcionarios de la Ciudad sobre la respuesta “reprobable” de la policía durante el fatídico tiroteo. Varias personas asistentes a esa “tensa” reunión firmaron una denuncia formal por escrito.

Linea Abierta entrevisto a Ángela Villesca, fundadora de Fierece Madres, de Austin, que dijo haber percibido una especie de fatiga por parte de las famillias por tanto tiempo que ha pasado y no sienten que hayan sido escuchadas sus peticiones. Además, piden la destitucion de Pete Arredondo, el jefe policial de Uvalde en ese entonces. También meniconó haber hablado por la mañana con la Sra. Angeli Rose Gómez, quien el 24 de mayo dejó la labor en el campo apenas supo lo que estaba pasando en la escuela de sus hijos en Uvalde; tomó su auto y manejó 40 millas hasta llegar al plantel.

Ahí fue rechazada y esposada durante algunos minutos por la policía que permanecía afuera de la escuela mientras se escuchaban los tiros que ultimaban a los menores y a las maestras. Pero movida por la desesperación logró burlar el cerco policial, entró a la escuela y rescató a sus dos pequeños.

Villezcas comentósibre la ayuda que estaán recibiendo, o no, las familias afectadas.  No les estáan dando esa ayuda, dijo. Hqy como cinco lugares que estaban dando dinero para las familias… 14 millones. Pero el gringo aqui, que está encargándose de todo, el comité, los doctores, os gringos… Ellos están encargados de cuándo van a dar ese dinero a las familias».

Y dijo que «aquíen Uvalde le están haciendo la vida bien pesada a Angeli Rose Gómez. Ella iba a estar en esta llamada, con usted, pero la gente local y la policía… le están poniendo peor la situación para Angeli. Ella nunca quería irse de aquí de Uvalde en los últimos meses, por sus niños. Pero hoy estaba tan triste, y me dijo: ‘No sé qué hacer, están diciendo mentiras de mi vida y yo ya no quiero estar aquí en Uvalde… pusieron en la primera plana un artículo que decía que ella estaba mintiendo, pero no es así… me mandaron un e-mail, que United Nations de Ginebra quieren conocer a ella, por zoom.. Y yo le dije, Angeli, no pongas a tención a los de Uvalde, son muy envidiosos, tú eres una héroe en todo el mundo”.

En tanto, Michele Prouty, residente y miembra de Uvalde Strong for Gun Safety entregó las quejas de la demanda por escrito, para que los concejales las firmaran y entregaran al administrador de la ciudad, Vince DiPiazza.

El documento señala a cinco policías de Uvalde: Eduardo Canales, Adrián Martínez, Paul Villa, Justin Mendoza y Mariano Pargas, que estaban en el lugar del tiroteo y no actuaron con diligencia para detenerlo. Y de acuerdo con los resultados preliminares de una investigación, recomiendan que “se tomen las medidas apropiadas”, inherentes a su empleo.

“La inacción de estos oficiales, junto con otros oficiales de departamentos de aplicación de la ley, resultó directamente en más pérdidas de vidas… Las actitudes indiferentes de estos agentes y el desperdicio de tiempo valioso durante esta crisis fueron un acto de negligencia atroz”, dice la denuncia.

El documento señala que Eduardo Canales, comandante SWAT de la Policía de Uvalde fue uno de los primeros oficiales en acercarse a la puerta del salón de clases donde el pistolero arrasó con la vida de 19 alumnos (as) y dos maestras.

El teniente Mariano Pargas, que estaba como jefe interino de la operación ese día, porque el jefe Daniel Rodríguez se hallaba fuera de la ciudad, “había sido instruido telefónicamente por su jefe para establecer un puesto de mando, pero no lo hizo”. No obstante sólo fue puesto en licencia administrativa pagada el 17 de julio.

En la reunión del martes el alcalde de Uvalde, Don McLaughlin habría anunciado que el exdetective del Departamento de Policía de Austin, Jesse Prado haría una investigación interna independiente. Por lo pronto, gran parte de las audiencias de anoche se dedicaron a la sección de comentarios públicos sobre la responsabilidad policial.

De esta suerte, varias figuras clave están bajo el escrutinio público por sus acciones o por la falta de acciones durante o después de la masacre en las dos aulas contiguas donde se consumó la masacre; y los referidos agentes del orden, funcionarios públicos y administradores escolares se hallan en el centro de la atención nacional, cambiando repetidamente sus testimonios sobre lo que sucedió esa infortunada mañana del 24 de mayo en Uvalde■