Maribel Hastings
America’s Voice, Washington, DC
Enmendar o no enmendar. Esa es la pregunta
La Ley de 2008 de Protección a Víctimas de Tráfico de Personas está al centro del debate político para encarar la crisis de los niños migrantes. Dicha ley concede protecciones legales y humanitarias a menores migrantes de países que no tienen frontera con Estados Unidos.
En la caótica cobertura del flujo de menores en la frontera ya han comenzado a presentarse historias que intentan buscar las verdaderas razones del éxodo de menores, lo cual va más allá de repetir lo que ciertos sectores quieren hacer creer: que la Acción Diferida de 2012 para jóvenes indocumentados, los Soñadores, es la razón central de la crisis. La Acción Diferida para la Infancia Recién Llegada, DACA, tiene fecha límite y quienes ingresen ahora no son elegibles a este beneficio. Además, el flujo de menores comenzó a intensificarse desde 2011 cuando todavía DACA no se anunciaba. Ya hay más cuestionamientos a quienes dicen que lo ocurrido demuestra que no hay control en la frontera; una falacia, considerando que estos migrantes se están entregando voluntariamente a la Patrulla Fronteriza. Se cuestiona a quienes dicen que la administración no está aplicando las leyes y que por eso el fenómeno persiste.
Este punto es especialmente irónico porque el gobierno, al detener, albergar y procesar a estos menores centroamericanos está aplicando la ley de 2008, promulgada por el presidente republicano, George W. Bush. Los republicanos dicen que Obama no aplica las leyes, pero ahora la ley que aplica no les gusta aunque hayan votado por ella.
Los republicanos quieren enmendar o revocar la ley de 2008 buscando, como en el caso de los menores mexicanos, la deportación expedita de los menores centroamericanos. La Casa Blanca también quiere «flexibilidad» bajo la ley para agilizar la repatriación de los menores. Temen que sigan llegando con la idea de que ser detenidos supone la permanencia automática en Estados Unidos. Empero, la oposición de legisladores demócratas ha puesto un freno, por ahora, a la petición. Muchos demócratas prefieren que se atienda la petición de fondos para encarar la crisis y que los cambios de política pública se atiendan por separado.
Si la ley de 2008 no se enmienda, eso supone que estos menores, aunque no todos, serían entregados a sus guardianes en Estados Unidos en tanto se procesan sus casos; lo cual, muchas veces, puede tomar de tres a cinco años, porque ya hay un rezago en los tribunales de inmigración que están atendiendo miles de casos previos a la crisis.
Un sector argumenta que enmendar la ley para lograr la deportación expedita de los menores frenará a otros que intenten llegar para entregarse a la Patrulla Fronteriza. El senador republicano de Arizona, John McCain, autor de uno de dos proyectos del Senado que busca enmendar la ley del 2008, dijo que «lo único que detendrá a estos niños es si sus padres ven los aviones llegando llenos de ellos a sus países de origen».
Si la ley de 2008 se enmienda, muchos temen que eso suponga que los niños sean repatriados a la violencia de sus países y a una muerte segura. El gobernador de Maryland, Martin O’Malley, posible contendiente por la nominación presidencial demócrata en 2016, declaró que «va en contra de todo lo que defendemos el tratar de enviar sumariamente a niños a su muerte».
¿Qué hacer? No me cabe la menor duda de que la actual no es una crisis migratoria sino de refugiados y como tal debe ser tratada. Estos niños deben tener acceso a asistencia legal, a plantear sus casos debidamente ante jueces de inmigración y funcionarios expertos en asilo para tratar de obtener el alivio que les permita rescatar lo que puedan de sus vidas, tras sus horroríficos primeros años de formación en países violentos y después del infierno que han tenido que vivir para llegar a esta orilla.
Sus testimonios son desgarradores. Huyen de las narcopandillas que controlan vecindarios y regiones enteras, que buscan reclutarlos, que los violan y matan a mansalva. Huyen porque sus propios gobiernos no pueden o no intentan protegerlos. Un reporte de la Agencia de Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encontró que no menos de 58 por ciento de estos menores enfrentan condiciones que ameritan protección internacional. Las peticiones de asilo de nacionales de Honduras, Guatemala y El Salvador no sólo se han disparado en Estados Unidos sino en otros países centroamericanos, lo que comprueba el temor a la violencia y no la intención de venir a territorio estadunidense motivados por programas como DACA. Hay también otras opciones, como por ejemplo, otorgarles un parole (libertad condicional) por razones humanitarias.
Quienes utilizan esta crisis para acumular puntos con su base, como han hecho muchos republicanos, prefieren ignorar el fuego que hace años arde en el patio trasero de Estados Unidos. Un fuego alimentado por cuestionables políticas estadunidenses hace décadas, por la corrupción de gobiernos aliados de este país y por la narcoviolencia que alimenta el mercado de consumidores de drogas también en este país.
Hay quienes dicen que Estados Unidos no puede dejar entrar a todo mundo. Y que si los que han entrado se quedan, le seguirán otros miles en busca del mismo trato. Pero son niños y una crisis humanitaria merece una solución humanitaria. Estados Unidos espera que en otras regiones del mundo diversas naciones alberguen refugiados de países vecinos, particularmente niños que huyen de guerras.
No hacer lo propio con niños de países vecinos que vienen huyendo de guerras no convencionales sería predicar la moral en calzoncillos.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice
