De la redacción

Manifestantes en el Capitolio demandando una Dream Act limpia. Foto: ACLU.

“El Congreso debe adjuntar estas protecciones a la legislación obligatoria antes de las vacaciones, como lo han pedido la Senadora Kamala Harris (D-Calif.)”, y otras personalidades. Y cualquier esfuerzo por aprobar una solución para los Dreamers, sostiene Praeli, “no debería combinarse con disposiciones de inmigración de línea dura, como mayores esfuerzos de detención y deportación, más agentes de CBP y de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y una mayor militarización de las comunidades fronterizas”

Todos recordarán el triste caso de la niña mexicana de 10 años, Rosa María Hernández, quien ha vivido en Texas desde los tres meses de edad con parálisis cerebral, y que fue detenida en un punto de revisión en la carretera por un grupo agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB) el mes pasado, cuando su familia la llevaba desde la frontera donde viven a un hospital en Corpus Christi para someterla a una cirugía de vesícula biliar. Y cómo fue separada de su familia tras ser intervenida por los cirujanos, con los agentes de Inmigración apostados en la puerta de la habitación donde se recuperaba de la cirugía como si se tratara de uno de los peores criminales.

“Una falange de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza acompañó a la ambulancia de Rosa María desde un puesto de control del CBP al hospital, esperó afuera de su habitación mientras se recuperaba de la cirugía y luego se la llevó y la metió en un centro de detención en San Antonio”, dice un comunicado de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU.

La cruel e impactante noticia, “incluso para una administración de Trump que ha convertido la detención indiscriminada de inmigrantes en una prioridad”, ha motivado que la ACLU retome este caso como ejemplo de la crueldad de esta administración –las autoridades de Inmigración sin embargo nunca han sido muy amables que digamos-, y lo relacione con otra de las crueles políticas de Trump y sus funcionarios, contra los ‘Soñadores’ o Dreamers, por ejemplo.

Lorella Praeli, directora de políticas y campañas de inmigración de ACLU, sostiene en el comunicado que “el escandaloso maltrato de Rosa María Hernández, y los casos actuales de Jessica Colotl y Jesús Arreola, subrayan la urgencia de que el Congreso apruebe el Dream Act este año”.

Praeli dice que “Mientras que Rosa María finalmente se ha reunido con su familia, el gobierno ahora debe asegurarse de no iniciar ningún proceso de deportación contra Rosa María u otros jóvenes inmigrantes como ella”. Y todos los estadunidenses y miembros del Congreso, señala, preocupados por la injusticia que se exhibe en el caso de Rosa María, “deberían intensificar los esfuerzos para aprobar la Dream Act”.

La Dream Act o el Acta de Sueño, un proyecto de ley bipartidista protegería como es sabido no sólo a los 800 mil beneficiarios del programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), sino a toda una generación de jóvenes inmigrantes que crecieron en Estados Unidos como Rosa María. “Los beneficiarios de DACA y los potenciales beneficiarios del Dream Act no están seguros, a menos que el Congreso intensifique y actúe ahora”, dice la ACLU.

La urgencia de resolver el estatus de los inmigrantes jóvenes se vuelve más clara y más apremiante todos los días, sostiene Praeli. “A pesar de las falsas afirmaciones del presidente Trump de que Dreamers no tendría ‘nada de qué preocuparse’, ya estamos viendo a los destinatarios de DACA y otros inmigrantes jóvenes enfrentar nuevos ataques”.

Pero la administración de Trump ya estaba negando las solicitudes de renovación de DACA incluso antes de que anunciara el final del programa. “Tomemos el caso de Jessica Colotl”, una joven de 28 años de Atlanta que ha vivido en Estados Unidos desde los 11 años de edad, dice Preli.

“Se graduó con distinción académica de la escuela secundaria y de la universidad en Georgia. Dos veces este año, un juez federal intervino para restaurar el estado de DACA injustamente rechazado para Jessica, que la Administración Trump se llevó arbitrariamente aunque el Departamento de Seguridad Nacional le había otorgado su DACA dos veces anteriormente y sus circunstancias se mantuvieron sin cambios”.

Praeli propone también analizar el caso de Jesús Arreola, un residente de 23 años del área de Los Ángeles, que ha vivido en Estados Unidos desde que tenía un año de edad. Jesús trabajó en el Chateau Marmont en Hollywood, fue conductor de Uber y Lyft, y es el principal sostén de sus padres y hermanos.

El Departamento de Seguridad Nacional DHS le otorgó a Arreola el estatus de DACA en 2012, 2014 y nuevamente en 2016. Pero “a pesar de su estado válido de DACA, las autoridades federales de inmigración lo arrestaron en febrero mientras conducía un cliente y lo acusaron falsamente de contrabando de personas. Y no obstante de que un juez de Inmigración rechazó de inmediato las afirmaciones falsas del gobierno, y Jesús nunca fue acusado de ningún delito, “el DHS revocó su DACA”.

Arreola está lejos de ser el único caso de una revocación injusta de DACA, una práctica que la ACLU está desafiando en una demanda colectiva, “porque Trump también está usando medidas administrativas para perjudicar a miles de jóvenes”, dice esta unión de derechos civiles.

Como se sabrá, debido a la nueva fecha límite de re-aplicación de DACA creada por la administración, “22 mil beneficiarios de DACA estarán en riesgo de ser deportados. El gobierno no les proporcionó a estos Dreamers un aviso oficial de la fecha límite nueva y arbitraria del 5 de octubre de 2017, y miles de personas lo perdieron como resultado”, afirma la ACLU. “A menos que el Congreso haga su trabajo y apruebe la legislación, mil 400 soñadores por día laboral comenzarán a perder sus permisos para vivir y trabajar legalmente en sus hogares, y corren el riesgo también de ser deportados”.
El Congreso no debería ceder a la agenda antiestadunidense, de deportar a los Dreamers; más bien debería tomar medidas inmediatas para protegerlos, junto con sus amigos y familiares, dice la ACLU.

“El Congreso debe adjuntar estas protecciones a la legislación obligatoria antes de las vacaciones, como lo han pedido la Senadora Kamala Harris (D-Calif.)”, y otras personalidades. Y cualquier esfuerzo por aprobar una solución para los Dreamers, sostiene Praeli, “no debería combinarse con disposiciones de inmigración de línea dura, como mayores esfuerzos de detención y deportación, más agentes de CBP y de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y una mayor militarización de las comunidades fronterizas”■