José López. Foto: Nilc
De la Redacción
El interdicto se basó únicamente en las reclamaciones de supuestos gastos para el gobierno de Texas. El gobierno federal afirma que dicha orden judicial revoca injustamente los permisos de trabajo de tres años que habían sido emitidos a miles de destinatarios de DACA en todo el país, o sea, fuera de Texas, incluyendo a José López y a Martín Batalla Vidal.
Mientras la Suprema Corte de Justicia rechaza por segunda ocasión escuchar el recurso interpuesto por el Departamento de Justicia en julio 18, sin que los jueces hayan comentado su fallo para revisar el caso United States v Texas, sobre los programas de la administración Obama, DACA y DAPA ampliado, que protegen de la deportación a unos cinco millones de indocumentados sin antecedentes criminales y que llevan tiempo viviendo en este país, comienzan a sucederse inéditas demandas de soñadores contra el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), en distintas partes de Estados Unidos.
Esta segunda demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois por José López, un beneficiario de DACA, “desafía el alcance de una amplia orden judicial ilegal en el caso, ‘Estados Unidos v. Texas’. La primera demanda fue presentada en agosto por Martín Batalla Vidal en el Distrito Este de Nueva York, dice un despacho del Centro Nacional de Leyes de Inmigración/ National Immigration Law Center (Nilc).
Ambas demandas buscan fijar un delito sufrido por miles de destinatarios de DACA que no son parte en el caso de Texas, y podría abrir una nueva vía para la aplicación de DACA y su ampliaron DAPA fuera de Texas, proporcionando un alivio para millones de familias.
«Solicité DACA porque sabía que me abriría mejores oportunidades, y yo había entendido que no tendría que volver a solicitar para renovar mi permiso de trabajo por tres años…, un gran alivio», dijo López. «Este alivio me fue suspendido a mí y a miles de personas a causa de un juez en Texas. No es justo. Contribuimos a nuestras comunidades, y se nos debería permitir planificar nuestra vida por más de dos años a la vez».
José López es un inmigrante de 24 años de edad que vino de México cuando niño y que reside en Chicago desde hace largo tiempo. Está representado en dicha demanda por Nilc, el Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes (Nijc), y la firma de abogados Dady & Hoffmann, de Rockford, IL.
En febrero de 2015 López recibió de USCIS un permiso de trabajo de tres años bajo las reglas de nueva emisión para los ‘Dacamentados’. Como es sabido, ese mismo mes el juez Andrew S. Hanen, de la Corte federal de Distrito en el Sur de Texas emitió una orden o interdicto judicial contra el caso ‘Estados Unidos v. Texas’, que bloqueó la segunda etapa de DAPA y su expansión, DAPA en todo el país.
El interdicto se basó únicamente en las reclamaciones de supuestos gastos para el gobierno de Texas. El gobierno federal afirma que dicha orden judicial revoca injustamente los permisos de trabajo de tres años que habían sido emitidos a miles de destinatarios de DACA en todo el país, o sea, fuera de Texas, incluyendo a José López y a Martín Batalla Vidal.
Como en el primer caso de la demanda -única en su tipo- de Batalla Vidal, López busca la reinstauración de su permiso de trabajo de tres años, porque la suspensión indefinida que introduce Texas “es una revocación que se basa en una medida cautelar ilegal excesivamente amplia”, dice el despacho de abogados que representa a López. Por otra parte, al desafiar el alcance de la medida cautelar de Texas, la demanda podría conducir al restablecimiento de DACA y DAPA para millones de familias en los estados que no son parte de la demanda de Texas.
Martín Batalla Vidal. Foto: Facebook.
Justin Cox, abogado del National Immigration Law Center dijo estar “orgullosos de José López, así como de Martín Batalla Vidal, porque Illinois no es Texas, así como tampoco lo es Nueva York. Estamos peleando contra un interdicto equivocado que ha lastimado los intereses de personas como José y Martín, así como de millones de otros inmigrantes a lo largo del país, que nos necesitan”.
Por su parte Mark Fleming, coordinador nacional de litigio en el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, declaró en el referido comunicado, que «Es muy preocupante que la decisión de un juez de distrito en Texas está llegando a causar daño a los residentes más antiguos de Illinois; cuando nuestras autoridades municipales y estatales han expresado repetidamente apoyo a la expansión de la acción diferida del presidente Obama (…) Aumentar el acceso a DACA y su aplicación, DAPA, traería enormes beneficios económicos y sociales a Illinois.».
En noviembre de 2014 el gobierno de Obama trató de aprovechar el éxito de DACA mediante la ampliación de los requisitos de elegibilidad para incluir a más jóvenes inmigrantes, y creo el programa DAPA, lo que de manera similar permite que algunos inmigrantes indocumentados, padres de ciudadanos de Estados Unidos y de residentes permanentes vivan y trabajen en Estados Unidos temporalmente.
Al mismo tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que los nuevos solicitantes de DACA, y los recipientes de este programa de alivio migratorio que buscan su renovación serían aprobados por tres años en lugar de períodos de dos años como se estableció en el programa originalmente. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía comenzó a emitir permisos de trabajo de tres años ese mismo mes de noviembre.
Y en diciembre de 2014 Texas y otros 25 estados demandaron detener la aplicación de la DACA y la expansión de DAPA. En febrero de 2015, el juez Hanen emitió una orden que bloqueó a nivel nacional ambos programas. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que este mes se negó por segunda ocasión a otorgar al Departamento de Justicia una nueva audiencia del caso, después de tampoco emitir ninguna decisión en junio pasado■
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