De la Redacción

Niños en un centro de detención de ICE, arrestados en la frontera con Texas. Foto: www.phoenixnewtimes.com

Los jueces de inmigración pues, “tienen tasas de agotamiento más altas que los trabajadores de hospital y los funcionarios de prisiones”, de acuerdo con el estudio Burnout and Stress Among United States Immigration Judges realizado en 2008. Y puesto que el estudio fue publicado, “muchas de las mismas presiones judiciales se han sostenido fuertes”.

En medio de un creciente malestar social que denuncia frecuentes prácticas discriminatorias en el ejercicio del trabajo cotidiano de funcionarios públicos, en la educación, los asuntos laborales o con la policía y el ejército, en contra de las comunidades de color y la gente pobre en este país, asoma el fantasma de la discriminación también pero entre los jueces de inmigración, que a menudo tienen que tomar rápidas decisiones y tratar de evitar la discriminación.

Un primer desafío que enfrentan los jueces ante una disyuntiva es si se debe deportar inmediatamente a algunos de los acusados después de que han testificado; y otro reto son sus propios prejuicios hacia los inmigrantes y en general hacia la gente de color.

Vale señalar que a menudo las contradicciones de un implicado vienen y van en un mismo testimonio, y además están los malentendidos culturales y lingüísticos, que son muy comunes en estos casos y contribuyen algunas veces a inducir a los jueces a tomar decisiones equivocadas que tienden a discriminar, reportó en días recientes The New York Times.

Entre tanto, abogados de una firma legal de Nueva York pidieron esta semana al Departamento de Justicia que investigue y suspenda a cuatro jueces de Inmigración en Georgia y Carolina del Norte –por citar un ejemplo-, que a su juicio ‘sistemáticamente’ privan a inmigrantes sin representación legal de su derecho al asilo en Estados Unidos, dice el diario losangelino, La Opinión.

El reclamo de dicha firma legal se basa en el estudio del Concejo Estadunidense de Inmigración, ‘Access to Counsel in Immigration Court’, que afirma que durante mucho tiempo este ha sido el caso de inmigrantes que tienen derecho a un abogado en la corte de inmigración, pero cuyo gasto en general ha corrido por cuenta propia, o sea, por cuenta del inmigrante no ciudadano. Y que debido a que la expulsión se clasifica como un caso civil, y no como una sanción penal, a los inmigrantes que enfrentan la expulsión o deportación no se les ofrecen todas las garantías constitucionales que contempla la Sexta Enmienda para los acusados ante una sanción penal.

“Mientras que en el sistema de justicia criminal a todos los acusados que enfrentan aunque sea un solo día de prisión se les proporciona un abogado si no pueden pagarlo –dice el estudio-, los inmigrantes que enfrentan la deportación en general no tienen esa oportunidad”.

Los inmigrantes detenidos, especialmente los que son arrestados en lugares remotos, “enfrentan el obstáculo adicional de tener que acceder a un abogado desde detrás de las rejas”. Sin embargo, en todos los casos de inmigración, “el gobierno está representado por un abogado capacitado que puede argumentar a favor de la expulsión, independientemente de si el inmigrante está representado o no”.

Como parte de un intento del Departamento de Justicia por atacar la discriminación en la práctica de juzgar, en agosto pasado “más de 250 jueces federales de inmigración participaron en una sesión obligatoria de formación contra el sesgo, y este verano el Departamento de Justicia anunció que más 28 mil de sus empleados pasarían también a través de un ejercicio similar”.

El Times añade que un juez de inmigración atiende más de 700 casos al año, o sea, dos veces más que un juez de una corte federal de distrito. De los 277 jueces de inmigración que operan hoy en día, dice, esta cartera atendió más de medio millón de casos este año, la mayor cantidad en la historia.

“Durante años, la unión de jueces ha presionado al Congreso -con éxito limitado-, por más empleados de la ley y otro personal de apoyo para compensar su carga… Los expertos dicen que las condiciones bajo las cuales los jueces de inmigración trabajan, a ritmo rápido, con alta presión y culturalmente sobrecargados, los induce a hacer algunos errores de juicio que son casi inevitables”.

Los jueces de inmigración pues, “tienen tasas de agotamiento más altas que los trabajadores de hospital y los funcionarios de prisiones”, de acuerdo con el estudio Burnout and Stress Among United States Immigration Judges realizado en 2008. Y puesto que el estudio fue publicado, “muchas de las mismas presiones judiciales se han sostenido fuertes”.

De acuerdo con los abogados demandantes dichos jueces han demostrado un preocupante patrón de conducta en sus funciones, por lo que el Departamento de Justicia debe investigar en particular los casos que afectan a adultos con niños y a niños no acompañados que desde 2014 recibieron órdenes de deportación o aceptaron su “salida voluntaria” de este país. Piden que los jueces “sean sometidos a un enjuiciamiento criminal, en el supuesto de que se confirme que actuaron indebida y sistemáticamente contra los inmigrantes llevados ante sus tribunales”, señala La Opinión.

La firma legal asegura tener en su poder “pruebas sustanciales” contra algunos jueces, incluso pruebas de otros abogados que no pertenecen a esta firma y que han defendido casos ante tribunales regidos por los referidos jueces de inmigración. Y resaltan como lo más preocupante, “la privación de derechos de los más vulnerables que comparecen ante estos jueces: los niños”.

Por ejemplo, citan al juez Stuart Couch, quien “negó una solicitud de asilo a una inmigrante salvadoreña, a quien dijo que su miedo a las pandillas –que le exigían dinero a su esposo- ‘No es una base sobre la que yo pueda conceder el asilo’”.

Esta queja coincide con el estudio nacional, Access to Counsel in Immigration Court, que “analizó más de mil 200 casos de deportación entre 2007 y 2012 y determinó que el acceso a abogados para los inmigrantes indocumentados es ‘escaso y desigual’. Solo el 14 por ciento de los indocumentados en centros de detención tuvieron acceso a un abogado, y no es secreto que éstos tienen menos probabilidades de ganar su caso”.

Es tal el retraso de estos casos de inmigración en los escritorios de dichos jueces, continúa el Times, que a menudo tienen que decidir el destino de las familias extranjeras o inmigrantes “en el mismo tiempo que se necesita para consumir un almuerzo de comida rápida”. Los expertos consultados por la fuente se preguntan “si están tomando las decisiones correctas sobre quién merece quedarse y quién debe irse”.

Por otro lado está la habilidad del solicitante o acusado para persuadir al juez de que su testimonio es verdadero. Y además de todos los problemas mencionados y de la confusión, lo más problemático para el inmigrante en un caso de deportación es que casi siempre es la primera vez en su vida que se enfrenta a un procedimiento formal de esta naturaleza, en una corte y en un país extranjero que habla otro idioma.

Hay otros factores más pero forman parte de la subjetividad, como la simpatía o la antipatía de un juez hacia el inmigrante. Pero la manera más fácil de evitar incurrir en la discriminación, concluye la fuente, es evitar las prisas para dictar una decisión judicial, y detenerse un momento en medio del proceso cuando algo se vuelve confuso. Existen más de medio millón de casos de inmigración pendientes, pero los jueces de inmigración sostienen que “la desaceleración no es una opción”.

En su lugar, afirman, tendrán que resignarse a tomar atajos para llegar a buen puerto a través de su trabajo, según la juez Eliza Klein, consultada por la fuente. Ella se retiró como juez federal de inmigración en 2015, después de más de 20 años de trabajo.

«Con el tiempo, creo que acaba de acostumbrarse una a esas presiones», dijo. «De manera que la calidad de la justicia se erosiona con el tiempo también.»■