Varios inmigrantes presos en un centro de detención de Arizona se declararon en huelga de hambre en protesta por la muerte de un inmigrante recluido. Los ayunantes se quejan también de uso excesivo de fuerza y negligencia en la atención médica por parte de los guardias. Varios grupos pro-inmigrantes y un congresista arizonense ahora solicitan que el Departamento de Justicia de Estados Unidos inicie una investigación independiente. Valeria Fernández tiene más detalles desde Arizona.
La autopsia oficial indica que José de Jesús Déniz-Sahagún se quitó la vida. Pero activistas pro inmigrantes demandan una investigación independiente tras haber recibido cartas y denuncias de otros inmigrantes detenidos, que narran una versión diferente.
“Dijeron que el señor gritaba por auxilio, que exigía ver a su familia», dice Francisca Porchas, directora organizativa PUENTE Arizona:
«Algunas cartas dijeron que le quitaron toda la ropa, que le echaron gas lacrimógeno…que lo echaron dentro del hoyo, o sea, al aislamiento o segregación, como le llaman. Y ellos piensan que por eso murió”
Déniz-Sahagún fue hallado sin vida en su celda en el Centro de Detenciones de Eloy el 21 de mayo. La autopsia indica que se ahogó con una media y que tenía un cepillo de dientes en su estómago. También que sufrió un golpe en su cabeza.
“Mostraba algo de trauma, golpes en la cabeza. Entonces queremos saber, por qué, qué clase de golpes, está inconcluso», dice Porchas.
La autopsia también señala que el detenido ingresó a Eloy presentando tendencias suicidas y que estaba siendo monitoreado cada 15 minutos, pero que pasó media hora desde la última vez que lo fueron a ver hasta que lo encontraron muerto.
“¿Por qué pasaron unos 35 minutos antes de que lo volvieron a ver? ¿Cómo se decidió que no iban a volver a checarlo? ¿Por qué pasó tanto tiempo?», pregunta Porchas.
El Control de Inmigración y Aduanas (ICE) hizo públicos los resultados de la autopsia y dijo en una declaración que el siguiente mes se realizará una revisión del centro de detención para evaluar si cumple con los estándares y políticas establecidas por Inmigración, incluyendo las relacionadas con la prevención de suicidios.
Un oficial de ICE que pidió no ser identificado dijo que no había un registro de uso de fuerza en el caso del fallecido.
La muerte de Déniz-Sahagún catalizó una protesta con más de 200 detenidos en el patio del centro de detención. Seidy Gardea, una joven de 21 años, dijo que su padre, quien sufre de diabetes, fue castigado por participar en la protesta y en una huelga de hambre:
“Desde temprano lo habían metido al hoyo, y luego del hoyo lo sacaron y lo echaron para afuera -dice Gardea-. En todo el día no había tomado su medicamento y se sentía muy mal”
La protesta fue visible. Pero las autoridades de ICE han negado que hubo una huelga de hambre. De acuerdo a PUENTE, no está claro en este momento si continúa la huelga.
El énfasis de la organización es conseguir una reunión con el director estatal de ICE para presentar las demandas de los prisioneros. Estos pedidos incluyen mejores condiciones de atención médica y de salud mental, que se inicie una investigación independiente sobre la muerte de Déniz-Sahagún y la supuesta desaparición de otro detenido.
“Las cartas que recibimos anónimas dicen que ellos piensan que hubo una segunda muerte, que también escuchaban a alguien gritando como por auxilio, que dicen que lo estaban golpeando y que ya no han sabido de esa persona», dice Porchas.
Sus quejas hicieron eco con el congresista arizonense Raúl Grijalva, quien envió una carta al Departamento de Justicia exigiendo que se inicie una investigación de ambos casos. Elder Gómez, un inmigrante guatemalteco que estuvo detenido en Eloy por más de 2 años y participó de una huelga de hambre por 15 días, asegura que las condiciones allí son deplorables:
“Usted tiene que estar realmente sangrando en el piso para que lo chequeen. Ellos usan mucho la fuerza, cuando entran lo chequean a uno como perro»
El Centro de Detenciones de Eloy es administrado por una corporación privada, conocida como CCA, por contrato con el gobierno federal.
Desde el 2003 hasta la fecha se ha registrado la muerte de 14 personas.
Para la Edición Semanaria de Radio Bilingüe, desde Arizona, yo soy Valeria Fernández.
Fotos: Valeria Fernández