Activistas de la Union de Vecinos critican fallas burocráticas del programa, Housing Is Key. Foto: Berny Ornates.
En California, esta semana finalizó un generoso programa para ayudar con pagos de renta y deudas en los servicios de luz, agua y otros servicios a todas las familias impactadas por la pandemia, sin importar su situación migratoria. Sin embargo, activistas critican que administraron el programa con tanto burocratismo que menos de la mitad de las solicitudes han sido procesadas y muchas familias se quedaron fuera. Por esa razón están demandando al gobernador y a los legisladores que extiendan dicho programa y lo hagan más eficiente. Con el reporte. desde Los Ángeles, Rubén Tapia.
Martha Aguilar, vendedora ambulante, trata de ver su solicitud con su teléfono celular. Foto: Cortesía.
“Vendo elotes, champurrado y tees y todo eso…”
La vendedora ambulante Martha Aguilar, de 63 años, dice que casi no se enferma pero no se salvó del covid 19.
“La pandemia me trató un poquito mal, porque me enfermé; dolor de huesos, no podía pasar nada porque me dolía la garganta, no tenía voz, como escalofríos”
Debe casi 10 mil dólares de renta atrasada y más de 3 mil en servicios. Emocionalmente se sentía devastada ya que siempre se había podido sostener económicamente.
“Caí como en depresión, muy preocupada”
Nunca había perdido ayuda del gobierno, pero esta vez se animó a solicitar recursos de un millonario programa estatal que cubre las deudas de renta y servicios de personas de bajos recursos impactadas por la pandemia, sin importar la situación migratoria. Las solicitudes se hacen por Internet y también ayudan organizaciones comunitarias. A Martha ya le pagaron mil de los 3 mil dólares que debe de luz y agua. Pero falta la deuda mayor.
“La lucha del Pueblo me ayudó en hacer todo el papeleo”
Dicho programa, administrado por Houseing Is Key es financiado con 5 mil 600 millones de dólares de fondos federales, y sin embargo, según datos de la organización National Equity Atlas en los últimos 6 meses más de medio millón de solicitantes o sólo el 16 por ciento por fueron procesados.
Leonardo Vilchis Zarate, joven líder de la Unión de Vecinos demanda extensión del programa de ayuda social. Foto: Berny Orantes.
En Los Ángeles, la Unión de Vecinos tiene cuentas parecidas, de 500 solicitudes que ayudaron a procesar, sólo como a 60 les han respondido. El programa tiene muchas fallas burocráticas, dice el joven organizador Leonardo Vilchis Zárate.
“Cierran las aplicaciones porque dicen que tratan de contactar a la persona por correo electrónico y los emails están en inglés. Cuando la gente pide que los contacten en español, o también piden que los contacten por teléfono”
Por esa razón, Vecinos Unidos y otras organizaciones del estado están demandando al gobernador Gavin Newsom y a los líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso a que extiendan el programa; pero eso lo ve muy difícil, dice la senadora demócrata, María Elena Durazo, una de las promotoras de la ayuda.
“Yo no veo que se va a extender la asistencia monetaria con protección de inquilinos, pero seguimos buscando”
Senadora estatal de California, María Elena Durazo, introduce en el parlamento estatal la propuesta de ley SB 321 por segunda ocasión.
La senadora Durazo dice que hasta la fecha así ha funcionado la ayuda.
“El estado ya procesó aproximadamente un poco menos de 200 mil aplicaciones, y esas aplicaciones más o menos en promedio lo que recibieron fue de 9 a 10 mil dólares por inquilino. El estado entonces ha distribuido un poco menos de 3 mil millones de dólares. Pero 200 mil aplicaciones en comparación con lo que, yo creo es la necesidad, es bajo”
El jueves 31 de marzo finalizó el programa de ayuda con la renta y los servicios domésticos a las familias impactadas por covid 19. Los que solicitaron mediante este programa están protegidos contra un desalojo y el estado tiene tres meses para procesar todas las solicitudes para pagar las deudas, concluye la senadora Durazo.
“En el gobierno tenemos hasta junio”
Vecinos acuden a evento de East Side Leads a informarse y llenar solicitudes. Foto: Kimberly Alvarado de ESL.
Sin embargo, analistas y activistas ya tienen tiempo alertando de un posible tsunami de desalojos. Tan sólo en febrero, más de 700 mil inquilinos se atrasaron con la renta. La señora Martha no espera estar en la lista. Dicen que ya no sale a vender elotes porque es más peligroso y se puede sostener desde su casa con trabajos de costura y otras ventas.
“Todavía no me han resuelto…, pues me siento así como triste y yo misma me doy ánimo de que la fe que tengo en Dios sé que me van a ayudar”
Para La Edición Semanaria de Noticiero Latino, desde Los Ángeles, California, Rubén Tapia.
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