Familia inmigrante de El Bronx, NY, temen solicitar ningún beneficio público por temor a anular su proceso de ajuste de estatus, como represalia de las autoridades de Inmigración. Foto: The Bronx Free Press.
De la redacción
Este lunes la administración Trump presentó una apelación de emergencia, solicitando permiso a la Corte Suprema para implementar reglas que le faciliten al gobierno negar la residencia o admisión a Estados Unidos de los inmigrantes que usen beneficios públicos o que son susceptibles de convertirse en una «carga pública». Y es que la semana pasada el presidente perdió una moción de suspensión de emergencia en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.
Como hemos reportado en su oportunidad, echando mano de a interpretación de una figura de la Ley de Inmigración, denominada la Carga Pública, el gobierno de Trump intentaba con esa medida que el solicitante no pudiera obtener la tarjeta de residencia o cualquier otro ajuste de estatus migratorio si usa beneficios como Medicaid, asistencia para la vivienda o cupones de alimentos, pues esto lo haría inadmisible al país.
Y es que en octubre varios jueces federales de primera instancia emitieron fallos preliminares para bloquear la entrada en vigencia de la referida regulación de la administración Trump, porque ésta, dijeron en su momento, probablemente rebasó los límites de la ley.
En un fallo judicial este lunes George Daniels, un juez federal del distrito sur de Nueva York encontró por ejemplo que en el centro de su apelación, el gobierno federal se apartó sin justificación legal de una política estadunidense de larga data, con una medida que «es repugnante al sueño americano», relativa a la oportunidad de «prosperidad y éxito a través del trabajo duro y la movilidad ascendente».
Tanto Make the Road New York, como el Comité de Servicios Africanos, la Federación Asiática Americana, los Servicios Comunitarios de Caridades Católicas y la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC), que demandan a la regla de Trump y que están representados en la corte por el equipo de litigio compuesto por el Centro de Derechos Constitucionales, la Sociedad de Asistencia Legal, y el bufete de abogados Paul y Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, declararon lo siguiente en un comunicado:
“En su desesperado intento racista de acelerar la implementación de la regla de carga pública contra los inmigrantes, la administración Trump intentó que la Corte Suprema escuchara la referida moción y la negara de inmediato. Ahora más que nunca, es fundamental que la política de carga pública continúe bloqueada”.
Entre tanto, este lunes el juez Daniels emitió una orden judicial preliminar que bloqueó la política en todo el país. Además, otros dos mandatos similares han sido suspendidos por un par de tribunales de apelaciones de Estados Unidos, dejando el fallo de Nueva York como el obstáculo restante que prohíbe a la administración Trump avanzar con su inefable intento en la mayor parte del país. Y también se mantiene un fallo por separado, que bloquea la aplicación de la carga pública de Trump en el estado de Illinois.
Vale anotar que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito estadunidense, con sede en Nueva York, emitió una orden la semana pasada que rechazó el intento de la administración de suspender el mandato nacional, lo que provocó la solicitud de Trump ayer lunes ante la Suprema Corte de Justicia, con el argumento de que “debería permitirse hacer cumplir la regulación mientras continúa el litigio”, dice hoy el rotativo neoyorquino The Wall Street Journal:
“El Representante Legal (Solicitor General) de Estados Unidos, Noel Francisco, abogado de la administración Trump en la Corte Suprema, dijo en documentos de la corte que la regulación era legal y que el bloqueo perjudicaba al gobierno al obligarlo a otorgar el estatus de inmigración a ‘aquellos que no tienen derecho legal’».
Francisco también reiteró la recurrente oposición de la administración a las órdenes judiciales en todo el país, argumentando que “un juez en un distrito no debería ser capaz de bloquear una regulación en los Estados Unidos”.
El caso proviene de las demandas de los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont, así como de la ciudad de Nueva York y de organizaciones que ayudan a los inmigrantes, como Make The Road NY, entre otras.
Es probable que la Corte Suprema solicite a los demandantes que respondan a la solicitud de la administración Trump en cuestión de días, afirma la fuente■
Lea aquí un resumen de la regulación de carga pública, provisto por el Foro Nacional de Inmigración (inglés).
Para ver esta noticia en video (inglés):
